Buenos Aires (C).- Una decena de senadores nacionales de provincias del litoral fluvial -entre ellos los tres santafesinos- comparten la firma del proyecto de ley del correntino Roberto Ríos (PJ), que devolvería a la Nación la responsabilidad de pagar los costos de dragado y balizamiento en el acceso a los puertos que no hayan sido transferidos a operadores privados.

La iniciativa ya contaba con la aprobación de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Alta. Y esta semana ocurrió lo propio en la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte que preside Carlos Reutemann, y a pesar de un informe jurídico de una funcionaria de la Dirección Nacional de Puertos que planteó algunos reparos.

Oscar Oseira, director nacional de Puertos, faltó a la cita de los senadores y en su lugar remitió una nota que fue leída a los legisladores por la doctora María Teresa Dillón, en la que la autoridad nacional señala incompatibilidades entre el proyecto y la vigente ley 24.093.

Precisamente esa norma, la Ley Nacional de Puertos, dispuso en 1992 la plataforma para privatizar algunas estaciones fluviales, e incluso habilitó el marco legal para que el puerto de Santa Fe -entre otros- quede en manos de un ente de derecho privado o de un ente público no estatal (opción finalmente adoptada) tras ser transferido a jurisdicción provincial o municipal.

En su artículo 20, la norma añadió que la responsabilidad del dragado y balizamiento de los accesos a las estaciones fluviales también pasaba a manos de los operadores municipales o provinciales, o en su caso de los entes privados que se hicieran cargo. Ahora el proyecto de Ríos propone que el Estado nacional vuelva a pagar esos costos en los puertos que no están en manos privadas.

Además de los mencionados Ríos y Reutemann, el proyecto lleva las firmas de los senadores Roxana Latorre (PJ - Santa Fe), Rubén Giustiniani (PS - Santa Fe), Alicia E. Mastandrea (UCR - Chaco), Jorge Capitanich (PJ - Chaco), Mirian Curletti (UCR - Chaco), Mercedes Oviedo (PJ - Misiones), Graciela Bar (PJ - Entre Ríos) y Elba Paz (PJ - Formosa).

Si bien en el Senado aún no cuentan con un análisis de costos de todos los puertos que quedarían involucrados en la ley (sólo los 3 kilómetros de acceso al de Villa Constitución demandarían unos 600 mil dólares), los senadores avanzaron en el proyecto -que ya está listo para ir en un par de semanas al recinto- porque entienden que en 12 años el modelo y la realidad han cambiado mucho.

"La Nación privatizó los puertos rentables y se desentendió del resto", coincidieron en la comisión que ahora busca que el Estado nacional vuelva a pagar costos que reactivarían puntos neurálgicos de las economías regionales, en especial en estaciones fluviales de Corrientes hacia el norte, que no requieren gran calado.

"Esta es la situación en la que se hallan prácticamente todos los puertos situados a la vera de los ríos Uruguay y Paraguay, así como también del Paraná aguas arriba del puerto de Santa Fe hasta su confluencia con el río Iguazú", dice en los fundamentos el senador Ríos.

Señala al respecto el "círculo vicioso, ya que los puertos no son rentables por el escaso volumen de carga que embarcan, debido esto a la falta de mantenimiento de las vías navegables, y éstas no son mantenidas en condiciones de operatividad por el hecho de que no son rentables esos mismos puertos, donde es costoso acceder justamente por el mantenimiento nulo que de las mismas hacen las autoridades responsables de ello. Y así se suceden las razones hasta el infinito".

Por último, el autor del proyecto apunta a los sobrecostos que supone cargar en camiones la producción que no puede salir de la región de influencia de cada puerto, en busca de una estación fluvial con calado suficiente y con el perjuicio para el desarrollo de cada región comprometida en el problema.