Aunque no es el único punto, será el más polémico. El pedido de delegación de facultades del Legislativo al Ejecutivo para la ejecución del Presupuesto 2005 se perfila como el asunto que concitará las discusiones en los próximos días.
Contra esta cesión de poderes, que por segundo año consecutivo solicita el presidente Néstor Kirchner, se han pronunciado no sólo legisladores y dirigentes de la oposición, sino también voces de peso dentro de la bancada justicialista de la Cámara de Diputados.
Los cuestionamientos surgirán cuando el jueves próximo la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados abrirá la discusión del proyecto con la presencia de funcionarios de Economía, encabezados por el secretario de Hacienda, Carlos Mosse. La intención de la Casa Rosada es que a fines de octubre la Cámara apruebe el Presupuesto, y a mediados de noviembre el Senado le dé sanción definitiva.
La cesión de facultades propias del Legislativo está contenida en cuatro artículos que si son aprobados le permitirían al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, un manejo casi discrecional de los recursos públicos. Además de las implicancias para el deterioro institucional que observan muchos legisladores, está el hecho de que un poder semejante despierta suspicacias políticas, porque en 2005 habrá elecciones para renovar la mitad de la Cámara y un tercio del Senado.
Las críticas a ese pedido del Ejecutivo se hicieron escuchar en los últimos días. El cuestionamiento provino de todo el arco político, desde la influyente diputada justicialista Graciela Camaño hasta el dirigente de Recrear, Ricardo López Murphy, pasando por el diputado opositor Claudio Lozano, dirigente además de la CTA.
La potestad de alterar la composición de las partidas presupuestarias que pide el Ejecutivo hace que el proyecto de Presupuesto devenga en "una formalidad que transforma al debate parlamentario en una mera ficción democrática", evaluó Lozano ante este diario.
Opositor al gobierno de Carlos Menem ya desde la primera presidencia del riojano, Lozano consideró que la delegación de facultades que demanda la Rosada "carece de precedentes siquiera en la etapa menemista" porque el jefe de Gabinete quedaría facultado para alterar el resultado financiero del Presupuesto y exceptuado de las obligaciones de las leyes de Administración Financiera y de Responsabilidad Fiscal.
Además, argumenta, debilitaría la propia capacidad de negociación interna y externa del gobierno, por ejercer un poder que es propio del Legislativo. (CMI).