Aumento de precios significa ausencia de políticas de consumo

El aumento de precios es uno de los tantos flagelos que los consumidores debemos soportar todos los días y que va lenta pero sostenidamente pulverizando el poder de compra de los salarios.

Ante esto los distintos poderes del Estado parecen no encontrar ninguna alternativa que ponga coto a esta situación y -de esta manera- sacar de la pobreza y la indigencia a millones de compatriotas.

En este contexto, la reciente publicación de los índices oficiales de variaciones de precios al consumidor entre los meses de julio y agosto, que muestra una importante diferencia entre los aumentos de precios en esta ciudad en comparación con Capital Federal y Gran Buenos Aires, es un elemento que nos agrega una mayor preocupación.

Según el Indec, desde diciembre de 2001 hasta julio de 2004, el aumento de precios al consumidor acumulado fue del 51,64%, y el de los productos alimentarios tomados para dicho índice del 71%.

En esta ciudad, según el Instituto Provincial de Estadística y Censos, el aumento de precios al consumidor acumulados para igual período fue del 78,73% y el de los productos alimentarios del 98,79%

Estos valores son alarmantes y a los que vivimos en la provincia nos debe llamar la atención cómo los precios se incrementaron desde la salida de la convertibilidad en más de un 40%, en relación a lo sucedido en Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Ante esto, es necesario reflexionar sobre las políticas de libertinaje de mercado, que dieron como consecuencia esta triste realidad. Decimos libertinaje porque el correcto funcionamiento de la economía de una nación, sobre la base de mercados libres, competitivos y abiertos, exige como condición indispensable, de regulaciones específicas y de un gobierno activo para acompañar las constantes transformaciones que se producen en las formas y sistemas de producción y comercialización, y además la vigencia de un eficiente sistema jurídico político de protección a los consumidores que pueda garantizar un adecuado equilibrio en las relaciones de consumo.

Es por eso que se necesita de una administración que resguarde a los consumidores con leyes específicas como la de Defensa del Consumidor, y con una actitud activa en cuanto a políticas de defensa de la competencia, transparencia de mercados y a la lucha contra la formación de monopolios, oligopolios, las prácticas abusivas y la cartelización de precios.

Lamentablemente debemos contemplar un Estado impotente para intervenir, morigerando los aumentos de precios, dejándonos a todos los consumidores librados a nuestra propia suerte, negándonos sistemáticamente la participación y el papel que en las principales economías capitalista del mundo tenemos como necesario contrapoder de las grandes corporaciones y grupos económicos.

Cumplir con la Constitución

Por lo tanto, y si no se quiere seguir en este proceso de profunda inequidad, con casi la mitad de la población debajo de la línea de la pobreza, los distintos poderes del Estado y de acuerdo con las distintas competencias deben comenzar a cumplir con los preceptos constitucionales del artículo 42 de la Constitución Nacional:

  • Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a la información adecuada y veraz; a la libertad de elección y condiciones de trato equitativo y digno.
  • Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de usuarios y consumidores.
  • La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.
  • Defensa del consumidor

    También debemos demandar que se cumpla con el capítulo 15 de la Ley de Defensa del Consumidor, donde se plasma el precepto fundamental de educación al consumidor y de sostenimiento y promoción de las asociaciones de consumidores, porque los consumidores unidos, formados e informados, tienen la fuerza necesaria para torcerle el brazo a los abusadores y aprovechadores, que medran con la miseria ajena.

  • Artículo 60: Planes educativos: incumbe al Estado nacional, las provincias y municipalidades, la formulación de planes generales de educación para el consumo y su difusión pública, fomentando la creación y el funcionamiento de las asociaciones de consumidores y la participación de la comunidad en ellas, debiendo propender a que dentro de los planes oficiales de educación primaria y media se enseñen los preceptos y alcances de esta ley.
  • Artículo 61: formación del consumidor: la formación del consumidor debe tender a hacerle conocer, comprender y adquirir habilidades para ayudarlo a evaluar las alternativas y emplear sus recursos en forma eficiente; facilitar la comprensión y utilización de información sobre temas inherentes al consumidor; orientarlo a prevenir los riesgos que puedan derivarse del consumo de productos o de la utilización de servicios; impulsarlo para que desempeñe un papel activo que regule, oriente y transforme el mercado a través de sus decisiones.
  • Artículo 62: contribuciones estatales: el Estado nacional podrá disponer el otorgamiento de contribuciones financieras con cargo al presupuesto nacional a las asociaciones de consumidores para cumplimentar con los objetivos mencionados en los artículos anteriores. En todos los casos, estas asociaciones deberán acreditar el reconocimiento conforme a los artículos 56 y 57 de la presente ley. La autoridad de aplicación seleccionará a las asociaciones en función de criterios de representatividad, autofinanciamiento, actividad y planes futuros de acción a cumplimentar por éstas.
  • Ing. Luis Lombó y Dra. Graciela TorresDirector general y presidentaAdelco Santa Fe