Buenos Aires (C).- Pampa Mansa es una vaca transgénica desarrollada en el país por un laboratorio privado argentino -Biosidus-, que incluso contó con aportes estatales. énica en el mundo, produce leche con hormonas de crecimiento humano, suficiente para sintetizar el medicamento que cubra la demanda de toda América latina.

La pasada semana, el director ejecutivo del laboratorio, Marcelo Criscuolo, llevó el caso a la Academia Nacional de Ciencias, donde planteó que el crecimiento de la población en el mundo sobrepasará a la industria farmacéutica, y que la vaca transgénica ofrece una gran alternativa ante la escasa capacidad y costo de los biorreactores, o incluso que las ovejas transgénicas que desarrollan laboratorios del hemisferio norte, donde los inviernos más crudos también plantean limitaciones que no existen en la "pampa" argentina.

Clonación mediante, Pampa Mansa ya tiene dos versiones más de sí misma. Un "tambo farmacéutico" de 20 ejemplares podría cubrir la demanda mundial de hormona de crecimiento, sintetizada a partir de la leche. "Tarde o temprano las autoridades lo van a tener que aceptar", explica Criscuolo, quien recuerda los agravios que el inglés Edward Jenner (1749-1823) recibió de la comunidad científica de su época, cuando desarrolló la vacuna contra la viruela en 1796, precisamente experimentando también a partir del noble mamífero.

Con similares procesos de clonación, Biosidus le apunta ahora a la insulina. Mientras tanto, la doctora Cristina Devoto planteó ante la misma Academia de Ciencias la pretensión del laboratorio (que ya registró los derechos sobre el proceso de clonación) de poder patentar a Pampa Mansa en la Argentina, tal como lo hizo en EE.UU., ya que reúne los "requisitos de novedad, no obviedad y aplicación industrial" exigibles por la ley nacional y por la normativa internacional.

Según la doctora Devoto, la ley N° 24.481 prohíbe en la Argentina patentar materia viva y sustancias "preexistentes" en la naturaleza. Pero a su criterio, el decreto reglamentario 260/96 de esa ley extendió indebidamente los alcances de esa norma a todos los animales y las plantas.

El caso del "onco ratón" (se utiliza para estudios sobre cáncer) desarrollado por Dupont y Harvard abrió el camino en la Corte de Estados Unidos y en la Unión Europea, que sí aceptan patentar animales transgénicos, por los que sus creadores cobran regalías.

Según el Acuerdo Trips sobre Aspectos Relacionados con el Comercio de los Derechos de Propiedad Intelectual (incluyen patentes, marcas, diseño industrial o derechos de autor, secretos comerciales) firmado en la ronda Uruguay del Gatt y modificado en la ronda Doha de la Organización Mundial de Comercio, cada Estado se reserva el derecho de patentar o no animales y plantas.

Hasta aquí, la Argentina ha sido restrictiva en una materia en la que los derechos emergentes de desarrollos tecnológicos son siempre ajenos. Pero el caso de Biosidus plantea la disyuntiva de abrir el juego para un desarrollo nacional, aun cuando el caso de Pampa Mansa no constituya una magnitud suficiente para subir el rango de patentamiento y exponer al país a que se le cobren derechos por cualquier especie animal o vegetal que mejore su productividad.

Más allá del camino judicial que tiene un laboratorio en particular para hacer valer sus derechos, el caso plantea la necesidad de abrir un debate todavía pendiente incluso en el Congreso Nacional, pero decisivo para el futuro de las ciencias y de la economía del país.

En el Senado hay tres proyectos: uno de Mabel Muller sobre Organismos Genéticamente Modificados (OGM) que incluye la preservación de la diversidad biológica pero excluye el tema de medicamentos para humanos; otro de Pedro Salvatori sobre seguridad en biotecnología moderna y un tercero del ex senador Gioja (firmado también por Roxana Latorre) sobre organismos genéticamente modificados pero restringido sólo a vegetales cultivables, que tiene el apoyo inicial de la Secretaría de Agricultura de la Nación.

Por ahora el tema de la soja es casi excluyente. El país está regido por la adhesión al denominado Upov 78, un convenio internacional para la protección de obtenciones vegetales firmado en Ginebra y ratificado en 1994 por la ley N° 24.376 en nuestro país, concebido como sistema "sui generis" de protección de derechos sobre materia viva, complementario de los derechos de propiedad intelectual.

Sin embargo, la Argentina no adhirió al Upov 91, que restringiría la posibilidad de los productores argentinos de resembrar los granos cosechados en sus tierras a partir de semillas compradas a empresas propietarias de una variedad transgénica.

Hace un par de años el gobierno intentó frenar la venta de semillas no fiscalizadas, una actividad que es efectivamente ilegal, mediante una ley que incluía la adhesión a Upov 91 y que fue fuertemente resistida por los productores. El proyecto de "regalías globales", sin embargo, no abordaba reformas a la ley de patentes, sino que restringía el caso con modificaciones a la ley de semillas.

Por otra parte, el Congreso tampoco ha tratado la ratificación del Protocolo de Cartagena, un acuerdo en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica firmado en el seno del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que intenta conciliar el comercio internacional con la biodiversidad, pero que podría tener serias consecuencias económicas en el plano del reconocimiento de patentes de OGM.

Sin embargo, el país avanza en la participación para crear un banco de germoplasma a nivel internacional en el ámbito de la FAO, para preservar variedades fitogenéticas y salvar de la amenaza de los monocultivos.

En cuanto a los transgénicos desarrollados en el país, por ahora la secretaría de Agricultura y Ganadería ha optado por aportes financieros para solventar patentamientos en el exterior.