Miembros de la española Fundación Triángulo por la Igualdad de Gays y Lesbianas estuvieron en Santa Fe, para coordinar políticas de apoyo a las organizaciones locales e impulsar la sanción legislativa del proyecto de uniones estables de parejas.
Miguel Angel Sánchez Rodríguez y Pedro Antonio Pérez Fernández, acompañados por Carolina Marotto (Asociación Somos Ésas) y Juan Carlos Bettanín (Asociación Puentes), plantearon que los objetivos de la Fundación Triángulo pasan por lograr la igualdad legislativa en el tratamiento de las parejas homosexuales, particularmente en cuanto a que se les reconozca la posibilidad del matrimonio y -junto con parejas heterosexuales no regularizadas-, la protección social que rige para los grupos familiares.
Tal objetivo, entienden, está cerca de ser conseguido en España, ante el compromiso del Partido Socialista de sancionar el régimen -que ya existe en varias "comunidades autónomas", o provincias- antes de fin de año.
Además, la organización despliega actividad en lo cultural, educativo, prevención y tratamiento del sida, y llevan a cabo tareas de cooperación internacional, financiando proyectos en otros países, sobre todo de Latinoamérica. Precisamente, en Santa Fe su vínculo es con la Asociación Vox, de Rosario, con un aporte que permite sostener una publicación y una emisión radial.
En Santa Fe, Bettanín recordó que el proyecto presentado cuenta con dictamen favorable de la comisión de Derechos y Garantías y la de Salud de la Cámara de Diputados y espera tratamiento en Trabajo.
"Pensamos que los legisladores tienen que advertir la realidad social y no paralizar el tratamiento, llevarla al recinto y que cada uno vote según su conciencia", expuso Sánchez Rodríguez, enfatizando la importancia de que la iniciativa no pierda estado parlamentario y reclamando la atención de los diputados sobre la trascendencia de la misma, "porque afecta la vida de las personas".
Normas de este tipo -que, en el caso santafesino, abarca también a parejas heterosexuales no constituidas regularmente- fue sancionada en la Ciudad de Buenos Aires y en Neuquén y aguardan tratamiento en Córdoba, Mendoza y el Congreso de la Nación.