La Municipalidad de Santa Fe continúa demorando la respuesta a un informe requerido por el juez de Instrucción José Manuel García Porta, quien desde el año pasado investiga presuntas irregularidades cometidas por las anteriores autoridades de la ciudad en la contratación de un estudio que debía definir el perfil del nuevo servicio de transporte de colectivos urbanos.

La causa se inició a medidados de 2003, cuando los concejales radicales Leonardo Simoniello y Jorge Henn denunciaron ante la Justicia la posible contratación irregular, por parte del municipio, de asesoramiento técnico para elaborar los pliegos de llamado a licitación de un nuevo sistema.

Según la denuncia de Simoniello y Henn, el 13 de febrero del año pasado la Municipalidad, representada por el ex intendente Marcelo Alvarez y el ex secretario de Hacienda, Walter Agosto (hoy ministro de Jorge Obeid), rubricó un contrato con Jorge Cortés y otro con José María Chemes, por los cuales se brindó asesoramiento y se elaboraron los pliegos del nuevo sistema de transporte.

Los contratos presentaron una erogación aproximada a los 70 mil pesos para el municipio. Pero según los concejales, la ordenanza vigente autorizaba al municipio a contratar sólo a organismos especializados de la órbita oficial, y no estipulaba la posibilidad de hacerlo con asesorías privadas. Además, la contratación se realizó sin llamado a licitación y el proyecto de pliego de llamado a licitación elaborado por las consultoras fue considerado "una mala copia" del de otra ciudad.

Incluso, en su denuncia los concejales pusieron en dudas la conducta de miembros del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Santa Fe, ya que planteó un posible "estado de connivencia con el actuar irregular y/o ilícito del Ejecutivo Municipal" al no haber realizado objeción alguna a este tipo de contrataciones.

Esto motivó al juez García Porta a realizar un allanamiento en la Fiscalía Municipal y a solicitar que el Ceride y la Comisión Nacional del Transporte (CENT) auditen los estudios elaborados por Chemes y Cortés.

Estas auditorías no arrojaron resultados relevantes, ya que las conclusiones expresan algunas posturas ambiguas que no permitirían al magistrado tomar una decisión firme acerca del trabajo contratado el año pasado por la Municipalidad.

Así las cosas, en abril de este año la administración de Martín Balbarrey firmó un convenio para realizar un nuevo estudio que, esta vez, recayó en las universidades Tecnológica y del Litoral. Este trabajo se inició con una encuesta entre los usuarios del sistema de transporte y se espera conocer sus conclusiones a fines de este mes. El objetivo inicial planteaba un nuevo llamado a licitación antes de fin de año.

A diferencia de los estudios anteriores, en este caso también se incluyen los subsistemas de taxis y remises en el análisis.

El 16 de setiembre de este año, y frente al convenio firmado por la Municipalidad para realizar este nuevo estudio, García Porta le solicitó por nota al intendente Martín Balbarrey una serie de datos que aún no fueron respondidos.

Aquel escrito decía textualmente: "Se solicita que informe si durante su gestión se han realizado estudios del sistema de transporte urbano de pasajeros de la ciudad y el área metropolitana. De ser así, si se han utilizado los estudios de la gestión anterior por el mismo tema, como así también las razones que se han tenido en cuenta para incorporarlos o para descartarlos".

Básicamente, el juez quiere saber si aquellos trabajos contratados y pagados por las anteriores autoridades sirvieron para algo o si, por el contrario, quedaron almacenados en algún rincón olvidado del municipio. La respuesta a este interrogante sería un dato de relevancia para evaluar la decisión de quienes, durante la gestión Alvarez, firmaron aquel contrato en forma directa y con entidades privadas.