El desempeño de los medios periodísticos ha sido desde siempre una preocupación para el poder político, que en algunos casos se convierte en una obsesión y que, sistemáticamente, intenta ser condicionado a través de acciones de diverso cuño y alcance. A la vez, la invocación del elemental precepto de la libertad de prensa encubre, a veces, ciertos excesos corporativos y la carencia de suficiente actitud autocrítica como para ponerse por encima de ellos o de los intereses que involucran.

Al respecto, debe apuntarse que en nuestro país, donde el ejercicio de la libertad de prensa recibe un respaldo constitucional prácticamente irrestricto y la transparencia de los actos de gobierno es un principio rector del ordenamiento jurídico, no existe un mecanismo debidamente dispuesto para garantizar el libre acceso a la información pública, también reconocido.

Ambas caras de esta problemática están siempre presentes en el análisis y la brega de los medios y fueron formal y puntillosamente planteadas por la Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa) en su recientemente realizada 42 Asamblea Ordinaria Anual, donde se presentó el acostumbrado informe de la Comisión de Libertad de Prensa.

La aprobación definitiva de la ley de acceso a la información, que cuenta con media sanción de Diputados desde mayo de 2003 y se encuentra demorada en el Senado, fue solicitada personalmente hace algunas semanas a la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Cristina Fernández de Kirchner, quien se comprometió a darle impulso decisivo antes de que pierda estado parlamentario. De hecho, el presidente Néstor Kirchner produjo una regulación, pero obviamente por decreto (el 1172/03) y limitada al Poder Ejecutivo.

Mientras tanto, los intentos por incidir sobre los contenidos de los medios periodísticos, aún sin la virulencia o el desembozo de otras épocas, subsisten y preocupan.

La pretensión de fijar de manera excluyente la agenda pública, de orientar los desarrollos informativos en un sentido favorable al gobierno, de sofocar las voces disidentes o la difusión de datos que no se ajusten a su conveniencia, son señalados repetidamente en el ámbito de la prensa argentina.

Más allá de algunos casos puntuales -denunciados por Adepa-, una de las prácticas más cuestionadas de la actual gestión es el manejo de un sistema de "premios y castigos", que abarca sugestivos llamados telefónicos, reuniones con interlocutores privilegiados, provisión de primicias, acceso a las fuentes oficiales, viajes en la comitiva presidencial, admoniciones o proclamas de viva voz contra el enfoque de publicaciones puntuales, que en algunos casos rozan el agravio. Y, sobre todo, el manejo de la publicidad oficial, que no se ajusta a a la lógica y proporcional distribución de los recursos destinados a ella, ni a su propósito de cumplir con el mandato de la difusión pública de los actos de gobierno.

En correspondencia con estos reclamos que, legítimamente, se formulan al gobierno, el periodismo nacional aún adeuda -y se adeuda- el ejercicio sistemático de una autocrítica concienzuda, capaz de advertir y corregir los niveles de apresuramiento y autocomplacencia que rigen en muchos casos y conspiran contra el rigor y la honestidad intelectual que deben ser los irreductibles cimientos de toda actividad informativa.

Al tiempo que las empresas periodísticas no pueden sustraerse a su condición de tales -ni tienen por qué hacerlo-, deben estar en condiciones de ponerse por encima de intereses particulares o sectoriales y saber asumir y reparar los errores que muchas veces comete, afectando el delicado papel institucional que le cabe en la formación de la opinión pública y la concientización ciudadana.

Se trata, en suma, de un delicado equilibrio, al que sólo puede arribarse con el indeclinable compromiso de ambas partes con los preceptos democráticos y el interés común, y la suficiente buena fe y predisposición como para que el diálogo sea posible.