La semana que concluye -con la jornada de ayer como epítome- fue pródiga en decepciones para la gestión de Jorge Obeid, consagró marcados retrocesos en el desarrollo de la vida institucional santafesina y dejó sembradas acuciantes dudas sobre el estado actual de la gobernabilidad de la provincia.

Más allá de improntas territoriales y de forzadas ecuaciones orientadas a preservar la unidad -al menos formal- del bloque, los senadores del justicialismo dejaron en claro ayer que, al menos en lo que atañe a su desempeño parlamentario, no los ata ninguna filiación con el actual gobierno. Y si bien siempre resultaron cuestionables las distintas versiones del verticalismo acrítico, el hecho de que ningún senador haya salido a defender el proyecto del Poder Ejecutivo abre un gigantesco signo de interrogación en el plano de la gobernabilidad. Y si esto, por un lado, supone una afrenta a la opinión mayoritaria de la ciudadanía y al contrato electoral perfeccionado al momento del sufragio, por el otro desautoriza a la principal autoridad política de la provincia y asesta un duro -y acaso inmerecido- golpe a su credibilidad ante la población.

Institucionalmente hablando, más grave aún resulta la aprobación ficta de los miembros del Tribunal de Cuentas. Los candidatos fueron cuestionados por diversos actores y razones: filiación partidaria, representatividad regional, historias personales, carácter inconsulto de la selección. Tanto es así que ni siquiera el oficialismo, normalmente proclive a dejar diferencias internas de lado cuando se trata de cubrir cargos con postulantes del mismo palo, logró suficiente número de voluntades.

La falta de reflejos -o, también habrá que decirlo, de interés- del gobernador para captar el mensaje y revisar su postura retirando los pliegos, se conjugó con la escasa vocación de debate de los legisladores, que recurrieron a un mecanismo tan vergonzoso como remanido, pero incongruente con la orientación que la actual gestión había imprimido a sus actos hasta el momento: acudir a un subterfugio reglamentario para que los pliegos queden aprobados automáticamente, sin que los candidatos cuestionados (y haciendo a un lado cualquier consideración en particular sobre cualquiera de ellos) obtengan el imprescindible respaldo político para dotar de alguna credibilidad a la tarea de control que les tocará ejercer. Falencia que salpica la foja de servicios del propio Obeid y desluce sus demás esfuerzos por mantenerla prolija.

Pero la semana, ya se dijo, fue aciaga para el gobierno -y aun en términos del manejo de la cosa pública- también por otras razones. Como provisorio corolario de un enrevesado conflicto con los trabajadores del Estado, en el marco del cual el Ejecutivo accedió a revisar su política salarial y avenirse a los planteos gremiales, la atención administrativa y la prestación de los servicios esenciales permanecieron afectadas o -según los casos- lisa y llanamente suspendidas, en un marco de incertidumbre y creciente confusión.

La escasa difusión de la información central vinculada con los términos de la negociación y el paulatino desgajamiento de sectores descontentos, llevaron a un estado de cosas que, en buena medida, tiene raíz en desavenencias vinculadas con la organización gremial, pero redunda en una situación donde no parece haber interlocutores válidos con suficiente predicamento para reencauzar la situación.

Lo ocurrido debe habilitar, ineludiblemente, una instancia de reflexión. Afectado políticamente, dando pasos en falso en lo institucional e impotente ante el descalabro de las actividades que le competen, el gobierno se enfrenta a una encrucijada que no todos sus integrantes revelan estar en condiciones de afrontar. Y que deberá encontrar con rapidez y seguridad la forma de hacerlo, por el futuro de toda la comunidad santafesina.

El diputado provincial Marcelo Brignoni (Encuentro Popular) anticipó que "la semana próxima ingresaremos un pedido de Juicio Político para destituir a estos tres señores que ingresan al Tribunal de Cuentas de nuestra provincia. Aspiramos a que todos los bloques políticos, a excepción del justicialismo, cómplice de esto y minoritario en diputados, podamos acordar ese pedido y avanzar en cubrir esos cargos con gente proba y por concurso".

"Este nuevo escándalo institucional habla a las claras de un gobierno sin rumbo ni consensos, que va a contramano del esfuerzo de los santafesinos para luchar por un futuro mejor", agregó.

Por su parte, Santiago Mascheroni (UCR) consideró que "a través de un pacto de silencio, cuando menos sospechoso, se quiere garantizar la inmunidad del gobierno en el manejo irregular de los fondos públicos.

"Entendemos que éste es un tema central, en el que está en juego el verdadero sentido y fortaleza de las instituciones para provocar los cambios que la sociedad reclama y que la Argentina necesita en estos momentos. Y en tal sentido el gobierno provincial y sus bloques legislativos no sólo han retrocedido ostensiblemente en ese camino, sino que han puesto en serio riesgo la convivencia democrática provincial, ya que en su objetivo de impedir el control de las cuentas públicas, no han vacilado en quebrantar el libre juego de los mecanismos republicanos y la vida institucional y política", sostuvo.

Daniela Questa y Mónica Peralta (Encuentro Radical) hicieron notar que "luego de semanas de debate público, impugnaciones de diferentes sectores de la sociedad y una sensación de desconfianza generalizada, pasó lo que tanto temíamos: el partido de gobierno, utilizando un tecnicismo y maniobras políticas desde todo punto de vista reprochables, con su ausencia deliberada hizo que a partir del sábado tres personas fuertemente cuestionadas sean por seis años quienes deban controlar las cuentas provinciales.

"Una vez más, como con la ley de Lemas, pero aquí de una forma más patente, el justicialismo trasladó su fuerte interna a un ámbito institucional, desprestigiándolo y dándole un poco más la espalda a la ciudadanía", completaron.