El fallo de la Corte Suprema de Justicia, al haber reconocido derechos indemnizatorios a la familia del ex dirigente montonero, Fernando Vaca Narvaja, abre un debate acerca del derecho de los exiliados durante la última dictadura militar a reclamar indemnizaciones parecidas. Al respecto, ya se han presentado ante la Justicia reclamos de esta naturaleza, tomando como base este precedente jurídico afirmado por la máxima instancia de Justicia de la Nación.

La cuestión se viene discutiendo desde hace muchos años, pero nunca hasta la fecha se había sentado un fallo judicial de estas características. El argumento tenido en cuenta por los jueces es que el Estado no fue capaz de garantizar la seguridad de los familiares de Vaca Narvaja, los cuales no tuvieron otra alternativa que irse del país para proteger sus vidas. Se recordó que los grupos parapoliciales habían ejecutado a algunos de ellos, por lo que la aprensión era por demás justificada.

Sin embargo, la decisión de indemnizar ha levantado serias críticas por parte de juristas y dirigentes políticos. En principio, el Estado ha hecho algunas reparaciones a quienes estuvieron detenidos sin causa ni proceso y a quienes fueron cesanteados de la administración pública sin justificación alguna o con excusas amañadas y autoritarias.

Indemnizar significa disponer de recursos económicos que aportan los contribuyentes en una causa que sigue generando serias controversias en la Argentina. Antes que pacificar, esta iniciativa reaviva una polémica cada vez más inconducente y contribuye a incrementar diferencias. Por otra parte, habilita a que lluevan sobre los juzgados demandas con reclamos parecidos. Por último, salda históricamente a favor de un sector que se levantó en armas un conflicto caracterizado por el terrorismo de Estado, pero también por el terrorismo practicado por grupos alzados en armas, a los cuales el actual gobierno no parece estar muy dispuesto a condenar.

En términos prácticos, no queda claro a través de qué exigencias se verificará la condición de exiliado. Durante los años de dictadura militar muchos argentinos abandonaron el país por razones políticas, pero muchos otros lo hicieron por razones particulares. Discriminar un caso del otro es prácticamente imposible.

En su momento, cuando se indemnizó a quienes habían estado detenidos a disposición del Poder Ejecutivo en esos años, existían pruebas concretas de ingreso y salida de la prisión con sus correspondientes expedientes o legajos. Con los exiliados no sucede lo mismo, por lo que, seguramente, si se persiste en avanzar en esa dirección pueden llegar a cometerse toda clases de abusos e injusticias.

Por otra parte, muchos de los que por un motivo u otro se quedaron en la Argentina pueden sentirse con derecho a reclamar indemnización en nombre del llamado exilio interno. A personas que no pudieron abandonar el país por distintas razones perdieron sus trabajos o debieron trasladarse a otra ciudad o a otra provincia les asistiría el derecho a exigir un resarcimiento por las injusticias cometidas contra ellos.

Ubicados en este contexto ya estaríamos más cerca del delirio que de la sensatez. Si se hace muy difícil discriminar entre exiliados políticos y personas que dejaron el país por razones privadas, mucho más arduo se hace determinar quiénes sufrieron el exilio interno y quiénes sólo tuvieron inconvenientes o problemas muy parecidos a los que tienen todas las personas en su vida cotidiana, con independencia del régimen de gobierno.

Cualquiera que manifieste que durante la dictadura militar se sintió aislada -o simplemente triste- estaría en condiciones de iniciar su expediente, sin que existan modos de determinar la justicia de la demanda. Conviene recordar que un cálculo estimativo del gasto para indemnizar a un número reducido de exiliados superaría los 2.000 millones de pesos, cifra que muy bien podría duplicarse o algo más, en tanto el alcance de la ley sería tan indefinido que cualquier ciudadano podría sentirse comprendido por ella.

Para evitar estos disparates tan caros, la Corte Suprema de Justicia debería meditar un tanto más sus fallos y evaluar las consecuencias. La Argentina tiene muchos problemas a resolver como para darse el lujo de reactivar conflictos sin solución visible y cuyos costos materiales son en principio demasiado altos para un país empobrecido.