El bloque de diputados justicialistas de la Cámara de Diputados de la provincia puso de relieve una serie de aspectos del presupuesto general 2005 en un documento donde sale al cruce de "ciertas críticas inexactas vertidas por legisladores de la oposición". En tanto, un documento del comité provincial del radicalismo respaldó la necesidad de tener una provincia integrada, diferenciándose de legisladores de la oposición que cuestionaron la distribución geográfica del gasto.

El documento justicialista deja en claro algunos aspectos para respaldar el proyecto votado. A modo de resumen afirman:

Crece fuertemente la asignación de recursos para estimular el nivel de actividad económica. Los recursos destinados al área de la producción se incrementarán el 131,3%

El plan de obras públicas asciende a 460 millones, con un aumento del 63% respecto de 2004 y del 270% con respecto a 2003.

El Ministerio de Gobierno tendrá 71 millones de pesos más, principalmente orientados a equipamiento de seguridad y nuevos agentes de policía.

Destinan 220 millones de pesos más para Educación a los efectos de cubrir la nueva política salarial en una cartera en la que el gasto de personal insume el 88,15%.

Aumento significativo de transferencias a municipios y comunas.

La deuda pública provincial se reduce al 4,4% del producto bruto geográfico.

El gasto en capital se incrementa en un 49% para mejorar la calidad del gasto público, "ya que las inversiones crecen mucho más que el gasto corriente, lo que representa más obras, entre otros beneficios para los santafesinos".

El justicialismo destacó que, además del incremento presupuestario del Ministerio de la Producción, se contempla la reducción de la alícuota de aportes de la ley N° 5110 del 3 al 2 por ciento en los servicios, estimándose que la cifra significa 21 millones de pesos.

También la bancada oficialista marca como positiva la derogación del decreto N° 3113/02, que posibilita mayor transferencia de partidas de fondos nacionales a municipios y comunas y la mejora en la coparticipación de Ingresos Brutos.

En tanto, el radicalismo, a través de su comité provincial, afirmó continuar bregando por una provincia "integrada, que termine con las divisiones estériles que mucho daños nos han hecho y nos hacen a todos los habitantes de Santa Fe".

El documento firmado por la mesa que encabeza Felipe Michlig dice no entender las "posturas de otras fuerzas políticas minoritarias que no tienen la responsabilidad de gobernar municipios y comunas y pretenden seguir agitando la bandera de la división provincial, cuando reclaman más presupuesto para tal o cual departamento o región, como si en un mismo territorio existiesen ciudadanos de primera y de segunda". El párrafo parece estar dedicado a dirigentes socialistas y del ARI, especialmente del sur, que cuestionaron asignaciones para esa zona geográfica.

Para el radicalismo, "resulta exactamente lo mismo un residente de la ciudad de Rufino, de la comuna de Gato Colorado, de San Javier o de Rafaela, porque todos tienen los mismos derechos y merecen el mismo tratamiento".

Destaca que "sólo una política de integración evitará que continúen las migraciones internas y se acreciente el desarrollo de una determinada zona.

"Si queremos una provincia más justa y más solidaria, debemos poner fin a posiciones extremistas que sólo nos conducen a la desintegración social".

La democracia progresista, a través de sus diputados Gabriel Real y Héctor Jullier, insistió en cuestionar el presupuesto votado, por considerarlo "un simple dibujo que sirve a los intereses del justicialismo y donde la Legislatura ha claudicado en sus facultades constitucionales, otorgando prácticamente la suma del poder público al Ejecutivo".

Pero, además, el PDP cuestiona la distribución de la obra pública, indicando que la mayor inversión no está en los departamentos General López, Castellanos, Rosario, San Lorenzo y General Obligado, que generan el 85% del producto bruto santafesino.