El gobierno ha venido señalando -y lo ha plasmado en el presupuesto sancionado- la intención de que el 2005 sea el año de la obra pública. Fondos provinciales y nacionales convergen para el incentivo de un sector fuertemente multiplicador.

Desde un punto de vista de la gestión pública, es una correcta decisión: la infraestructura se necesita en el interior y alrededor de nuestros puertos para sacar la producción y elevar el nivel de calidad de vida de sus habitantes. Asimismo, es un sector con efecto de cascada en muchas actividades y, como si estos dos propósitos no fueran suficientes, es una formidable forma de generar empleo genuino. Es bueno que gente joven se vaya capacitando en los oficios, siempre necesarios, y que hacen a la cultura del trabajo.

Pero hay un punto con el que está chocando el gobierno y no es menor: llama a licitación con un presupuesto considerado adecuado y las empresas contratistas que se presentan realizan propuestas con valores entre un 40 y 50 por ciento superiores.

Si bien no lo exponen públicamente, las constructoras están endulzadas con las oportunidades provenientes del sector privado. Su situación es distinta a la de tres o cuatro años atrás, cuando prácticamente la actividad había quedado reducida a las contrataciones del Estado. Los niveles de obras públicas que se registraron en aquellos años en la provincia fueron escasos y ante el riesgo de perder la empresa, las compañías aceptaban opciones que le permitían sólo mantenerse, perdurar hasta que llegaran tiempos mejores. Hoy, desde la otra punta del eje, buscan recuperarse velozmente y resarcirse de aquellos años.

Algunos considerarán que es un punto de vista lógico; otros, que frente al cuadro social -al que la construcción es uno de los sectores que puede colaborar en revertir- lo considerarán perverso.

La cuestión se agrava porque pareciera existir un entendimiento entre las empresas en lo que atañe al porcentaje en más para cotizar ante el Estado respecto del presupuesto oficial.

La situación se torna como inaceptable para el gobierno y fue expuesto en esos términos por los propios funcionarios a propósito de la licitación de las 1.500 unidades habitacionales para Santa Fe. La Dirección de Vivienda y Urbanismo había hecho un cálculo por unidad estimado en aproximadamente 39.000 pesos y las cotizaciones -por 2.500- están en el orden de los 72.000. Pero no es el único caso; lo mismo ocurre con otros proyectos de la órbita estatal.

Como en todas las cosas de la vida, es importante alcanzar un punto medio. El Estado no puede contratar a cualquier precio; sus responsabilidades respecto del bien común y el control del gasto se lo impiden y también las empresas tienen su derecho a una rentabilidad, pero no a un exceso. Será cuestión que las partes conversen: el gobierno ha señalado que hará tantas licitaciones para cada caso como sean necesarias hasta llegar a un punto dictado por la lógica.

A la sociedad la hacemos todos. Todos debemos pensar más en grande por esta Argentina donde los niveles de exclusión y de pobreza se mantienen altísimos. Lo mismo ocurre en la provincia a pesar de la apariencia de boom que presentan algunas ciudades como Rosario, donde a pesar de su enorme volumen de negocios e importancia singular, se mantienen inaceptables niveles de marginalidad.

Los peligros de no ver a tiempo cómo encarar entre todos la resolución de dificultades y la superación de cuadros sociales marginales puede conducirnos a situaciones sin retorno, en cuanto a la sociedad refiere.

Las responsabilidades de conducir un proceso como el presente corresponde primordialmente a la gestión política, pero no están ajenos a él otros sectores dirigenciales de la sociedad, que deben colaborar respecto del conjunto. En este marco de responsabilidades, la solidaridad implica, también, no pasar determinados límites.

Ya lo consignamos cuando Jorge Obeid cumplió el primer año de gobierno. La postal de este diciembre es diferente a las tristes jornadas de 2003. En aquellos días los niveles de irritabilidad social tuvieron puntos antes nunca vistos en nuestra ciudad. Acciones concurrentes, especialmente la atención a los damnificados por la catástrofe hídrica y el aumento de haberes para el sector público incluida la docencia, fueron descomprimiendo los núcleos de conflicto y de protesta.

La economía del país aportó en los últimos días cifras alentadoras de un mejor año para el 2005. El superávit fiscal, los niveles de actividad económica, la toma de mayor empleo por parte de la industria, la incorporación de desempleados a puestos genuinos de trabajo (superando los planes Jefes y Jefas), entre otras causas, nos permitieron llegar a una Navidad con mayor esperanza que un año atrás.

El gobierno de Jorge Obeid todavía puede dar mucho más que lo procurado hasta el presente, pero se encuentra en ese camino. Como lo indicamos al comienzo del comentario, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos prepara una fuerte movida de proyectos. Entre los días 29 y 30 de este mes se licitarán seis trabajos públicos que sumados superan los 111 millones de pesos. Algunos corresponden a nuestra zona y otras al interior, que debe ampliar su infraestructura.

Es decir, se ha buscado recuperar un ritmo que no se visualizó en algunos meses del año. Esto se ha concretado luego de un inicio de gobierno difícil, de mucha animosidad y de compleja trama política.

No podría terminar "Apuntes..." sin dejar anotado que las dos cámaras legislativas han acompañado la gestión del gobierno. Con puntos de vistas diferentes, con enfrentamientos en otros casos, pero con trabajo, la Legislatura le aprobó los proyectos que el gobierno buscaba. En los últimos días el Senado dio la nota a favor; Diputado hará lo suyo posiblemente a partir de febrero con la ley de Administración y Control de Gestión y el proyecto de creación del Fondo de Estabilización Fiscal e Inversión, ambos pendientes en la Cámara Baja.