Si no fuera porque la asunción de la jurista Carmen Argibay debió demorarse hasta febrero de 2005, y la Cámara de Diputados dio el primer paso para llevar al juez Antonio Boggiano al juicio político, el año que acaba de culminar podría ser destacado por el gobierno como el de la renovación total de la Corte Suprema de Justicia.

Estos dos hechos, sin embargo, le impiden al presidente Néstor Kirchner cerrar ese capítulo, que inició a pocos días de asumir la gestión, en mayo de 2003, con una jugada audaz, como lo fue la utilización de la cadena nacional de radio y televisión para pedirle al Congreso que pusiera en marcha los cambios en el máximo tribunal. O lo que es más preciso: que acabara con la "mayoría automática menemista" que le dio a la Corte en los años '90 un perfil de pleitesía al Poder Ejecutivo casi obsceno.

El proceso que empezó deparándole sólo satisfacciones le jugó una mala pasada con la acusación de Boggiano, el único miembro de la Corte ligado al menemismo que logró aggiornarse y entablar muy buen vínculo con el kirchnerismo. Este tema, aunque con final abierto, se anuncia como uno de los conflictivos del año próximo, a juzgar por la forma en que el titular del bloque justicialista del Senado, Miguel Angel Pichetto, dejó sentado su rechazo a iniciarle proceso al juez que defendió con los argumentos preferidos del gobierno la pesificación. Además, quedó claro que a la Casa Rosada la idea de destituir a Boggiano le resulta antipática, más allá de las excusas que se enarbolan para justificar el trato especial al magistrado que fue acusado por haber firmado los mismos fallos que terminaron con el despido de Eduardo Moliné OïConnor.

La nueva Corte, aún con su conformación incompleta, se animó a sus primeros fallos. El más polémico fue el que el 26 de octubre avaló la pesificación con argumentos durísimos para los jueces de primera instancia que hicieron lugar a miles de amparos, porque a pesar de haber sido votado por cinco ministros, Eugenio Zaffaroni hizo la salvedad de que los depósitos de los ahorristas inferiores a 70 mil dólares debían ser devueltos en su moneda original, dejando abierto un resquicio para el reclamo de los ahorristas.

En el máximo tribunal, no son pocos los que opinan que será necesario emitir otros fallos para fortalecer esa jurisprudencia. El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, dejó en claro, por las dudas, que con uno o dos fallos no se resuelve un proceso como éste, considerado entre los dos o tres más dramáticos del siglo XX y XXI del mundo occidental.

La Corte rechazó en septiembre la posibilidad de fijar topes a las indemnizaciones por despidos arbitrarios y accidentes laborales, y derogó un artículo de la Ley de Riesgos de Trabajo que impedía a los empleados que sufrieran un accidente en cumplimiento de sus tareas iniciar una demanda civil por daños y perjuicios al empleador. Ambas sentencias fueron bien recibidas por los sectores gremiales, pero generaron la queja de los empresarios que anunciaron en retorno de la "industria del juicio".

Este año se produjo también la primera renuncia de un integrante del Gabinete nacional: la del ministro de Justicia Gustavo Béliz y buena parte de su equipo, como consecuencia de un conflicto que se inició con críticas al manejo del área de Seguridad de la toma de una comisaría del barrio de La Boca tras la muerte de uno de los integrantes de la Federación de Tierra y Vivienda, pero que tuvo su punto de saturación con el enojo presidencial por la forma en que Béliz ordenó reprimir los desbordes frente a la Legislatura porteña en momentos en que se iban a debatir reformas al código contravencional.

En rigor, la salida de Béliz tuvo más que ver con la molestia que ocasionó en la Casa Rosada su enfrentamiento con buena parte del Poder Judicial, la nueva conducción de la Policía Federal y la Side. No casualmente, antes de que Kirchner le pidiera la renuncia, el ex ministro del Interior no ahorró críticas a la central de inteligencia -conducida por un kirchnerista puro- y dejó entrever su disgusto con el nombramiento de Néstor Vallecas en la jefatura de la Policía Federal, en reemplazo de Eduardo Prados, el hombre que había elegido para ese estratégico cargo.

El ingreso en la cartera judicial de un jurista amigo del presidente, como Horacio Rosatti, apuntó a restablecer el vínculo con todos los sectores con los que su antecesor prácticamente no tenía diálogo.

Pero, además, significó la separación del área de seguridad de esa cartera, para retornar al Ministerio del Interior, lo que le permitió a Rosatti un trabajo de perfil más bajo y concentrado en lo técnico.

El más duro revés lo constituyó, sin duda alguna, el fallo absolutorio en la causa que investigó la conexión local del atentado a la AMIA. La resolución del Tribunal Oral Federal 3 no sólo obligó a volver todo a fojas cero, sino que incluyó durísimas condenas al papel del juez de instrucción, Juan José Galeano, los funcionarios del gobierno menemista y el Poder Legislativo, que dieron lugar a nuevos expedientes distribuidos en distintos juzgados, y cuyos alcances son imprevisibles.

En la Corte: nuevos fallos que fortalezcan el aval a la pesificación y un pronunciamiento sobre la constitucionalidad o no de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Resolución de la disputa con el Consejo de la Magistratura por las facultades administrativas y la fijación de la política salarial del Poder Judicial.

En el Ministerio de Justicia: la elaboración de un proyecto de reforma del Código Penal, para lo cual ya se firmó la resolución que creará una comisión integrada por representantes del gobierno, del Congreso y académicos, encargada de armar la propuesta que llevará al Parlamento el Poder Ejecutivo.

Adecuación de las condenas a perpetuidad de menores a lo estipulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Reforma del Consejo de la Magistratura para modificar su representatividad y agilizar su funcionamiento.

En el Parlamento: tratamiento de la acusación por mal desempeño de funciones contra el juez de la Corte Antonio Boggiano.