Por Teresa Pandolfo
El gobierno ha dispuesto otros 191 millones más para política salarial del sector público, que se suman a los 260 millones previstos para este año.
Como se ha dicho, se otorga a partir del 1° de marzo un incremento de bolsillo de 100 pesos, que no será bonificable ni remunerativo, sin perjuicio de lo cual comprenderá a jubilados y pensionados con 60 y 42 mensuales, respectivamente.
La dirigencia gremial, en una primera lectura, lo ha rechazado por insuficiente y no remunerativo, pero deberá esperar el veredicto de las bases que se expedirán la semana próxima.
La práctica gremial lleva y obliga -quizás- a esta opinión y debe reconocerse que la condición no remunerativa del aumento tiene efectos negativos en materia de aportes.
Pero, una consideración más serena del tema debe incluir otros elementos. El primero de ellos es que un incremento mayor al anunciado aleja la posibilidad de concretar las obras de infraestructura requeridas en la provincia para alentar la producción, abaratar costos, ganar competitividad, crecer y mejorar la calidad de vida de todos.
Los recursos del Estado son finitos, tienen su origen en el pago de impuestos -en gran medida provenientes del sector privado- y una sana administración exige su utilización de manera racional y equilibrada.
En segundo lugar, no se puede desconocer que el esfuerzo del gobierno ha sido grande en materia de recomposición salarial. Con el haber mínimo de diciembre de 2003, un agente público cubría sólo el 68% de la canasta básica. Catorce meses después, el sueldo -con este aumento- supera la línea de pobreza porque solventa en más de un 100% esa canasta testigo.
La recomposición establecida significa un incremento del 15,4% en los sueldos menores -el doble de la inflación estimada para este año- y llevará a que ningún agente público perciba de bolsillo menos de $750.