La posición de la Argentina en estos últimos años ha sido la de abstenerse. La estrategia no es nueva y muchos países latinoamericanos, en diferentes momentos, la han practicado. Un ejemplo paradigmático de esta conducta fue México. Se recuerda al respecto que, cuando, a principios de los años sesenta, la OEA expulsó a Cuba de su seno y aconsejó a sus países miembro no mantener relaciones diplomáticas con la dictadura, el gobierno del PRI optó por hacer lo contrario. Como contrapartida, en México no hubo guerrillas armadas como las que infestaron a la mayoría de las naciones latinoamericanas.

Hace cuarenta años, esa política internacional se podía justificar, ya que se vivían los tiempos juveniles de la revolución, cuando el proceso cubano despertaba las expectativas de todos los hombres libres. Pero, en la actualidad, no hay razones que justifiquen al régimen totalitario.

La pregunta que debemos hacernos, en estos casos, es si efectivamente en Cuba se violan los derechos humanos. Los informes de organizaciones internacionales defensoras de las libertades -como Amnesty Internacional- han respondido afirmativamente a este interrogante. Las manifestaciones de familiares de detenidos son también muy elocuentes y las declaraciones de los exiliados apuntan en la misma dirección.

Queda claro que el sistema político vigente en Cuba es contradictorio con la filosofía de los derechos humanos. Un régimen que mantiene en el poder a un dictador durante más de cuarenta años, que no reconoce la existencia de partidos políticos opositores, que no garantiza el pluralismo y las libertades que de ese pluralismo se derivan, es un régimen que necesariamente viola los derechos humanos.

Más de dos millones de cubanos en el exilio, cientos de miles de cubanos que por un camino u otro manifiestan su deseo de irse de la isla dan cuenta de una realidad que no se compadece con los principios humanistas y civilizadores del siglo XXI. Las recientes noticias acerca de condenas a disidentes en juicios fraguados corroboran que el régimen desconoce las más elementales garantías de un estado de derecho.

La dictadura justifica sus actos invocando el supuesto bloqueo yanqui. No es un juego de palabras decir que en Cuba no hay bloqueo, sino embargo. La propaganda de la dictadura tiende a sensibilizar a los países democráticos exagerando y sobreactuando una situación. Tal como los hechos lo demuestran, el embargo estadounidense es contraproducente desde todo punto de vista y, lo más grave de todo, le permite al régimen presentarse como una víctima.

Por su parte, sería deseable que el gobierno argentino decida hacerse cargo de que en materia de derechos humanos no puede haber posiciones neutrales: o se está a favor o en contra de ellos. Llama la atención que el gobierno de Néstor Kirchner, que se demuestra tan celoso en condenar las violaciones a los derechos humanos cometidos por la última dictadura militar, no exprese el mismo celo para criticar las barbaridades y los atropellos que comete el régimen totalitario en Cuba.