La calma reinaba en Quito esta madrugada a la espera de acontecimientos tras la declaración anoche del estado de emergencia en el distrito metropolitano de la capital ecuatoriana por el presidente del país, Lucio Gutiérrez.

Los miles de manifestantes que se echaron a las calles en diversos sectores de Quito gritaron consignas contra Gutiérrez durante más de cuatro horas, pero luego se dispersaron con la intención de retomar las manifestaciones.

Ello pese al estado de excepción que, entre otras cosas, limita los derechos de reunión, opinión y circulación.

Se desconoce el tipo de manifestaciones populares que se desarrollarán durante el día de hoy , una vez que la policía y los militares tienen carta blanca para reprimir cualquier tipo de reunión.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Rosero, recalcó que el estado de excepción sólo rige en Quito y que "su único fin es recuperar la paz y el orden perdidos en los últimos días", al tiempo que decía que "no atenta contra ningún ciudadano".

La declaración del estado de excepción se hizo pública mientras miles de personas protestaban contra Gutiérrez en la capital ecuatoriana y, lejos de amilanarlas, despertó su ira y, en lugar de retirarse a sus hogares, usaron la frecuencia de una emisora de radio para convocar a mayores protestas.

La presidencia aseguró que su decisión "es un mecanismo legal y constitucional, adoptado por los diferentes gobiernos, para afrontar circunstancias especiales que pongan en riesgo la seguridad nacional y los intereses nacionales".

Pero varios diputados consideraron exagerada la medida, pues no existen en el país razones constitucionales que justifiquen su adopción: agresión exterior inminente, una guerra, un estado de conmoción grave o catástrofes naturales.

Los actuales acontecimientos de Ecuador se convierten en un episodio más de la inestabilidad política que vive el país desde diciembre pasado, cuando en un irregular proceso se reestructuró la Corte Suprema de Justicia, lo que desató una cadena de protestas que desembocaron esta semana en originales manifestaciones nocturnas.

Las manifestaciones, denominadas el "cacerolazo", el "reventón" y el "tablazo", que se han sucedido día a día desde el miércoles, se anunciaron como el inicio de una serie de protestas que sólo terminarían cuando Gutiérrez abandonara el poder, según advirtieron los convocantes.

El barullo que provocó la declaración de emergencia dejó en segundo plano la inesperada decisión de Gutiérrez de cesar a los magistrados de la Corte de Justicia.

La decisión la adoptó pese a que su ministro de Interior, Oscar Ayerve, aseguró hace siete días que han logrado importantes acercamientos con la oposición para reestructurar a la Corte.

Ayerve sostuvo que el único asunto que estaba pendiente, el más espinoso, era el proceso de designación de los responsables de nombrar posteriormente a los eventuales nuevos magistrados.

Ni el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Castro, ni otros magistrados han reaccionado ante el anuncio de Gutiérrez, realizado en una cadena de televisión en la que apareció con el alto mando militar y de la policía.

Se desconoce aún si los legisladores se reunirán este fin de semana para analizar la situación política y en especial la revocación del estado de emergencia decretado en medio de las crecientes protestas en las que participaban espontáneamente los habitantes de Quito.

Los manifestantes se aseguraron de que en las marchas callejeras no aparezcan políticos y rechazaron incluso que los medios de comunicación los entreviste en medio de la polémica situación.

La población ha adoptado una actitud de rechazo hacia los políticos, a quienes acusan de haber dilatado la crisis política y judicial que mantuvo durante cuatro meses a la Corte designada en diciembre.

En ese período, el presidente de la Corte, Guillermo Castro, anuló los juicios contra su amigo el ex presidente Abdalá Bucaram, del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), con lo que permitió su retorno al país tras ocho años de exilio en Panamá.

El Ayuntamiento de Quito ha decidido iniciar una campaña internacional para denunciar lo que consideran una "dictadura" patrocinada por el presidente, Lucio Gutiérrez, en Ecuador.

Una reunión urgente del Consejo Municipal de Quito determinó hoy que se denunciará "ante la comunidad internacional", en especial ante las Naciones Unidas, "la situación dictatorial que vive Ecuador, para revertirla".

El Consejo decidió también exigir "la inmediata renuncia" al cargo del jefe del Estado y la aplicación de los mecanismos de sucesión previstos en la Constitución.

Asimismo, pidió al Parlamento la "inmediata revocación" del decreto por el cual Gutiérrez declaró, anoche, el estado de emergencia en la capital ecuatoriana.

El Consejo, liderado por el alcalde Paco Moncayo, acordó también exigir la designación de una nueva Corte de Justicia a través de un mecanismo legal que permita la elección de los magistrados de manera "pública y transparente, sin la intervención del Legislativo ni el Ejecutivo, pero con la presencia de veedores internacionales".

Las autoridades de la capital acordaron, además, formular un llamamiento a la Asociación de Municipalidades de Ecuador para que se solidarice con Quito y "apoye su lucha".

Asimismo, decidieron exhortar a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a mantenerse vigilantes del desarrollo de los acontecimientos de Ecuador. También dispusieron que "todos los servicios y dependencias municipales se mantengan en estado de alerta constante para dar atención a la ciudadanía".

"Cacerolazo"

Un inédito "cacerolazo" en Quito se convirtió en el más reciente episodio de una serie de protestas para exigir la renuncia del presidente Lucio Gutiérrez y un cambio en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que llevó al mandatario a decir que solamente lo sacarán muerto del palacio presidencial.

Unas 10.000 personas en varias zonas de Quito sorprendieron con el ruido de sus cacerolas para protestar contra el régimen de Gutiérrez y pedir su alejamiento de la presidencia.