La nueva distribución saldrá por ley del Congreso. Se trabajó mucho para mantener la resolución consensuada el año pasado. Habrá mayor previsibilidad para el sector.
José E. Bordón
El gobierno santafesino, de cuyo territorio parte el 50% del total de la exportación argentina de carnes, elogió el proyecto de la Secretaría de Agricultura nacional que elimina las trabas judiciales que perjudican la distribución de la cuota Hilton -cortes de carne vacuna de alta calidad destinados a Europa-, y pretende consolidar el criterio de regionalización y democratización vigente.
"Vamos a acompañar (la iniciativa legislativa) porque le dará un marco de previsibilidad, de transparencia y de equidad (al mercado exportador de carnes), lo que permitirá consolidar las inversiones proyectadas en el futuro industrial en la provincia y además acotará la injerencia de jueces no competentes en la distribución de la cuota Hilton", expresó el secretario de Agricultura provincial, Daniel Costamagna.
Como anticipó ayer este diario, el proyecto, rubricado por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y los ministros de Economía, Roberto Lavagna, y de Justicia, Horacio Rosatti, mantiene los lineamientos establecidos por resolución 113, y su modificatoria 913 de la Secretaría de Agricultura.
Características
En tal sentido, se mantiene el criterio de regionalidad, que separa un 7 por ciento de la cuota para distribuir entre las provincias, según un coeficiente que surge de la relación entre el número de plantas habilitadas para exportar a la Unión Europea y cantidad de ganado bovino.
También reserva otro porcentaje similar para los proyectos conjuntos de grupos o asociaciones de productores con frigoríficos con un incremento anual del 1 por ciento que llega al 10 por ciento de la cuota para el período 2007/08.
La medida impulsada por el decreto 393 del Poder Ejecutivo, fue presentada por el titular de la SAGPyA, Miguel Campos. El funcionario destacó que la norma permitirá una "mayor y mejor clasificación de las plantas frigoríficas" y limitará la "judicialización de la cuota" cuestionada por los empresarios del sector, al tiempo que fortalece la función de la Secretaría como responsable de la distribución del beneficio.
Costamagna, por su parte, recordó que la resolución 113 "fue consensuada por todas las provincias en el Consejo Federal Agropecuario de 2004, siendo la resolución que más consenso tuvo, no sólo en el sector privado sino en el público".
Insistió en que el flamante proyecto que deberá tratar el Congreso Nacional constituye "una luz de esperanza" para los productores e industriales, aunque aclaró que "el sector necesita que la iniciativa se sancione antes de julio (el 30 de junio vence la actual distribución), lo que permitiría que la próxima distribución ya tenga este marco regulatorio".
Los amparos
La propuesta respeta el derecho de las empresas a solicitar amparos judiciales para acceder al beneficio, pero limita su intervención al fuero Contencioso Administrativo Federal con lo cual elimina la participación de los juzgados Comercial y Penal Económico que actualmente intervienen en la distribución de más de 10 mil de las 28 mil toneladas de la cuota.
Asimismo, exige que los demandantes presenten una "caución real" que fijará el juez interviniente, pero que deberá ser por un monto acorde con "el beneficio económico" que se está gestionando ante los estrados judiciales.