Miles de campesinos nicaragüenses afectados por un pesticida utilizado por las compañías bananeras estadounidenses han emprendido un camino de lucha "sin retorno" en demanda de justicia y atención médica.

Ante la indiferencia del gobierno y de los partidos políticos, 6.000 campesinos nicaragüenses permanecen a la intemperie desde hace dos meses, en un parque frente a la Asamblea Nacional, en Managua.

Los campesinos llegaron el pasado 2 de marzo a pie a Managua, tras recorrer unos 140 kilómetros en doce días desde Chinandega, y, según aseguró a EFE uno de sus dirigentes, Victorino Espinales, no van a levantar el campamento hasta que el gobierno atienda sus demandas.

Con unos plásticos negros como único techo y unas hamacas o cartones en el suelo por cama, los campesinos, entre los que hay unos 70 niños y 300 mujeres, están dispuestos a "morir peleando", según Espinales.

Tras doce años de lucha y cuatro caminatas a Managua, Espinales aseguró que ésta es la última y definitiva, a la que han denominado "marcha sin retorno".

Los afectados por el pesticida Nemagón, Di-bromo cloruro propano (DBCP), que pese a que fue prohibido en el mundo en los años 60 las multinacionales bananeras lo siguieron usando en Nicaragua hasta hace pocos años, exigen al gobierno apoyo en su lucha legal.

La Asamblea Nacional aprobó en 2001 una ley especial para que los campesinos puedan demandar en Nicaragua y en EE.UU. a las empresas que fabricaron y que utilizaron el pesticida, entre las que figuran la Dole Fruit Company, Shell Chemical, Chiquita Brand Internacional, Standard Fruit Co. y Del Monte.

Pero la batalla legal se ha estancado y los campesinos además temen que el gobierno derogue, por presiones de las transnacionales, la ley que les permite entablar las demandas, según Espinales.

Los pesticidas fueron utilizados en las bananeras de Chinandega, una región eminentemente agrícola del noroeste de Nicaragua, en los años 70 y 80, y afectaron a unos 26.000 campesinos de los que 17.500 se han organizado "para pelear", aseguró Espinales.

Pese a que muchos campesinos trabajaron en las bananeras durante diez o veinte años, las empresas sólo cotizaron por ellos unas siete semanas al seguro social, por lo que no tienen ninguna prestación económica, explicó su dirigente.

Por ello, exigen al gobierno una pensión vitalicia de 200 dólares mensuales para cada uno de ellos y atención médica.

A causa del pesticida, los campesinos aseguran que contrajeron enfermedades como cáncer de piel, esterilidad, deficiencias en el desarrollo óseo y problemas en la vista, entre otras.

Desde hace ocho años y hasta la fecha, 938 campesinos han fallecido por enfermedades atribuidas al Nemagón, y ahora "hay 80 compañeros esperando solamente la muerte", afirmó Espinales.

A causa de las enfermedades que padecen los campesinos, que tienen un promedio de edad de entre 47 y 55 años, a duras penas logran encontrar trabajo.

Cuando las empresas se enteran de que han trabajado en la bananera se niegan a darles trabajo argumentando que están contaminados, relató Espinales.

"Nos dicen que somos chatarras humanas y que no servimos para nada, y eso es muy triste", se lamentó el dirigente campesino.

Desde que llegaron a Managua, el único apoyo que han recibido es el de iglesias católicas y evangélicas, "que nos mandan comida" y de organizaciones de la sociedad civil, aseguró.

De los partidos políticos que, según Espinales, "están hundiendo a Nicaragua", no han tenido ninguna ayuda.

Con la tristeza del drama que viven, dibujada en sus rostros, estos campesinos son uno de los símbolos de la resistencia y de la dignidad del pueblo nicaragüense.

Por lo menos siete diputados del Parlamento nicaragüense forman parte de una "mafia maderera" que desforesta la reserva biosfera de Bosawás (Caribe Norte), señaló el procurador del Ambiente, Lizando D'León.

El funcionario de ese país informó a EFE que las investigaciones que han realizado sobre el tráfico ilegal de madera evidencian que hay al menos siete legisladores involucrados en el ilícito.

"Desde hace algún tiempo, nos venían mencionando los nombres de seis o siete diputados que están metidos en la mafia maderera, y hemos investigado y confirmado con documentación en algunos casos que es así", dijo D'León sin especificar los nombres de los legisladores.

"Hay otros (legisladores supuestamente involucrados) contra los que no tenemos pruebas documentales, pero sí testigos", agregó.

Las investigaciones las han realizado miembros de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua.

"Para no entorpecer las investigaciones, sólo puedo decir que son diputados de los dos partidos más fuertes del país", agregó el funcionario en referencia al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que dominan el Parlamento.

D'León explicó que los legisladores instruyen a campesinos que no tienen tierras a tomarse decenas de hectáreas de la reserva biosfera de Bosawás, que luego son desforestadas y cuya madera se traslada de manera ilegal a puertos del Caribe para sacarla del país.

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró en 1997 a Bosawás como reserva de la biosfera.

Es además considerada un eslabón importante en el Corredor Biológico Mesoamericano y uno de los "pulmones del mundo".

El procurador ambiental indicó que la mafia opera también en el sureño municipio de San Carlos, cerca de la frontera con Costa Rica, en donde se ha iniciado una tala indiscriminada de los bosques para trasladarlos por "puntos ciegos" al vecino país.