La tragedia de Cromagnon debe dar lugar a la debida investigación judicial y a la delimitación de responsabilidades funcionales. Lo que no se puede consentir, es que en nombre de esa tragedia se pretendan obtener réditos políticos.

Lo sucedido en las vísperas del año nuevo de 2005 puso en evidencia las fallas y vicios de funcionarios, servidores públicos y empresarios, sobradamente conocidos pero no mortales hasta ese momento. También desnudó hábitos salvajes de ciertas franjas de nuestra juventud, las actitudes irresponsables de algunas bandas de rock y la permisividad de comunicadores sociales que nunca advirtieron sobre los peligros de los recitales en locales cerrados y sobre el riesgo que representaban los denominados festivales de bengalas.

La muerte de casi doscientas personas no puede ser disimulada en las entretelas de la indiferencia y, mucho menos, de la demagogia. Por su parte, la actitud de grupos políticos de derecha y de izquierda interesados en saldar cuentas ideológicas con sus rivales es una evidencia más que justifica el creciente desprestigio de los políticos y de cierta destructiva manera de concebir la política.

Valgan estas consideraciones para analizar las declaraciones del presidente de la Nación cuestionando un fallo de la Justicia que otorga la libertad al empresario Omar Chabán. En las últimas semanas las propias instituciones de derechos humanos advirtieron sobre los riesgos de la prisión preventiva. La libertad del empresario, como la de María Julia Alsogaray, se inscriben en ese contexto que privilegia la presunción de inocencia, garantiza el ejercicio de las libertades y trata de evitar perjuicios irreversibles en las personas imputadas de delitos.

El fallo que autoriza la libertad de Chabán no lo libera del proceso ni del correspondiente juicio. Lo mismo sucede con la ex polifuncionaria menemista. Puede que la sociedad crea mayoritariamente que los imputados son culpables, pero en una sociedad civilizada son los jueces y no las multitudes en las calles los que determinan la culpabilidad, la falta de mérito o la inocencia en el contexto de un proceso que asegura las garantías previstas por la ley.

Es verdad que la disconformidad de familiares o ciudadanos obedece en el fondo al creciente desprestigio de la Justicia; pero estos vicios no se corrigen vulnerando las instituciones y suprimiendo las garantías, sino mejorándolas. Tampoco se resuelven anulado la independencia de los poderes.

En este punto, las declaraciones altisonantes de Kirchner resultan reprochables. Pareciera que el presidente no termina de hacerse cargo de su derecho a opinar debe balancearse con sus responsabilidades institucionales en un sistema republicano. En este sentido, su fuerte crítica al fallo de los jueces garantistas no sólo vulnera los límites razonables de un desacuerdo, sino que revela un preocupante oportunismo, elemento que está en el camino que desemboca en la demagogia.