Las declaraciones del gobernador Jorge Obeid en el sentido de que Aguas Provinciales podría, finalmente, seguir con la concesión en Santa Fe, quedaron en el vacío en cuestión de horas. La empresa presentó -ahora formalmente- un modelo de borrador de acta acuerdo para lo que llama una "transición ordenada".

"Tal como ha sido informado a la concedente (...) es voluntad de esta concesionaria alcanzar una transición inmediata y ordenada del servicio", dice uno de los párrafos de la documentación presentada el viernes por la tarde.

Un avezado lector de los papeles de la concesión hizo notar a El Litoral que sigue sin aparecer la palabra rescisión respecto del contrato.

En síntesis, Aguas mantiene lo dicho: piensa dejar Santa Fe, pero plantea que haya un acta de acuerdo para su salida. En otros términos, puede suponerse que busca involucrar al Estado en su decisión de no continuar con la concesión.

La salida ordenada del prestador no sólo debe vincularse con la necesidad de que no haya graves perjuicios en los servicios: desde que comenzó 2005 ha comenzado a debilitarse el arsenal jurídico que pacientemente preparó la empresa -gracias a resoluciones y decretos de la gestión gubernamental anterior-. Los incumplimientos que pueden ser invocados como causales de rescisión por parte del Estado, y con culpa de la empresa, están a la vuelta de la esquina, más precisamente en el rubro Garantías: más de 50 millones de pesos por el contrato y unos 12 millones por la operación, que vencen el 31 del corriente.

En la negociación por llegar a una salida ordenada, el gobierno puso como condición que sea retirada la demanda internacional ante el Ciadi, pero el borrador propuesto describe una suerte de paraguas en que ambas partes se reserven derechos para eventuales reclamos.

La iniciativa formal que presentó la empresa habla de crear "un modelo de contrato de fideicomiso", en el que se depositaría el 90 % de las acciones de Aguas Provinciales (el 10 % restante es de los empleados por el programa de propiedad participada) a un fondo de administración que se constituiría (según lo conversado con el gobierno) en el Banco de la Nación. Esas acciones tienen un resultado negativo de más de 131,7 millones de pesos.

Suez tiene previsto su retiro antes del 31 de mayo. El texto de propuesta dice que hasta el 31 de diciembre puede permanecer -si el gobierno lo acepta- la actual estructura de conducción, ya no bajo la denominación de Aguas Provinciales, sino de Ondeo, una de las ramas de la multinacional francesa. Cabe preguntarse si, en este caso, la empresa no solicitaría una remuneración por dicha tarea.

Para aceptar una salida acordada, ambas partes deben dejar de lado el contrato, que sólo permite que termine la concesión bajo la figura de las rescisiones, y estableciendo las eventuales responsabilidades por incumplimientos (de la concesionaria o del concedente).

El gobierno respondió al borrador de Aguas reclamando más precisiones a la compañía y fijando para ello un plazo de 48 horas, algo menos de las pocas jornadas hábiles que quedan para el 31.

El gobierno pretende, según explicó el ministro de Obras y Servicios, Alberto Hammerly, que se "diga expresamente cuál es su voluntad en relación con el contrato y el procedimiento en ejecución, porque tal como se ha redactado la nota que nos presentaron parecería que somos nosotros quienes tenemos que interpretar su espíritu: no hay una manifestación expresa desde el punto de vista legal", subrayó el funcionario.

Hammerly destacó para que haya cualquier instancia de diálogo para una transición ordenada es necesaria "una extensión de plazo o la renovación de las garantías; es un verdadero límite el 31 de mayo", alertó.