El gobierno provincial ya anunció que en forma preventiva ejecutará las garantías de la empresa, que formalmente ha iniciado la rescisión unilateral del contrato. Aguas pudo evitarlo si hubiera extendido el plazo de sus depósitos, o renovado los documentos bancarios, cuya pesificación fue aceptada por el Estado en noviembre de 2002.
Luis Rodrigo
Mediante un decreto, el gobierno de Jorge Obeid incautará -seguramente mañana- los fondos depositados por Aguas Provinciales de Santa Fe, como garantías del contrato y la operación de la concesión. Suman más de 60 millones de pesos, pero suponer que esos montos podrán ser inmediatamente utilizados por el Estado para mejorar el servicio o realizar obras sería toda una ingenuidad.
Razones legales, de estrategia judicial, e incluso políticas, aconsejan no tocar un solo peso.
Lo primero porque aún Santa Fe no ha respondido a la presentación con la que Aguas se retira de la concesión: rescisión unilateral aduciendo culpa del concedente, es decir, el Estado.
Está claro que será rechazado ese razonamiento, pero aún no se sabe qué actitud tomará el gobierno frente a la intimación de la empresa para que el sector público reciba en forma provisoria los bienes y el servicio en 90 días.
Un eventual rechazo sobre la recepción provisoria puede dar lugar -¿ahora sí en Tribunales santafesinos?- a una demanda judicial de la empresa, un juicio de consignación. Y también según el contrato, aún rechazando la causal de rescisión, el Estado puede recibir provisoriamente los bienes y el servicio, antes o después del plazo de 90 días.
En cualquier caso, por recepción voluntaria o forzada por la vía judicial, el gobierno y el Enress deberán inventariar los bienes cuando vuelvan a estar en manos del sector público, luego reclamar por los vicios "aparentes" del servicio, y finalmente liquidar los créditos y deudas de la empresa.
El Ciadi y las palabras
Por otra parte, en el frente judicial, ocurre algo similar. Aguas ha acusado a Santa Fe de haber realizado un acto de "expropiación" ante el Ciadi.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias es una suerte de tribunal arbitral del que dispone el Banco Mundial para proteger los derechos de los inversores, a los que -justamente- los organismos de crédito internacional les prestan su financiación.
La Argentina adhirió a sus fallos en un tratado bilateral firmado durante los años '90, y hoy el gobierno nacional busca estrategias legales para no tener que acatar sus decisiones.
De cualquier forma, en ese tribunal no es un buen antecedente dar a los fondos de las garantías un uso distinto del original: respaldar la operación del servicio y el contrato (porque seguramente la provincia mantendrá la estrategia judicial de exigir su cumplimiento).
En términos políticos, aunque pueda imaginarse que al gobernador Jorge Obeid quizá le suene casi como un elogio -en un fuero muy íntimo- ser acusado de expropiación (por algo utilizó el término soberanía), ésas no son palabras que hoy agraden a las autoridades nacionales.
Por estos días los hombres de Néstor Kirchner buscan cómo recomponer relaciones con las empresas privatizadas; y muestra de esa visión fue aquel momentáneo cambio de discurso del titular del Poder Ejecutivo santafesino, que luego fuera desmentido por la realidad. Obeid dijo hace sólo diez días que Aguas podía llegar a quedarse, luego de entrevistarse con el ministro de Economía, Roberto Lavagna.
Cifras en rojo
Además de las garantías que operaron como una suerte de plazo para que Suez decida su retiro de la provincia, otros números precipitaron la rescisión unilateral del jueves por la tarde.
Hasta entonces Aguas buscó transformar esa figura en un acuerdo consensuado que no tiene previsto el contrato (para involucrar en ello al gobierno), pero no cedió su carta principal: el reclamo ante el Ciadi, que según el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alberto Hammerly, era condición indispensable para una salida de este tipo.
Son importantes las cifras en rojo de la concesión: según sus registros contables, presentados ante el Ente Regulador de Servicios Sanitarios, la compañía tiene un patrimonio neto negativo de -131,7 millones de pesos.
En esas condiciones, el Enress le otorgó a mediados de mayo, 30 días para revertir esos resultados.
El plazo fue un inusual acto condescendiente del Enress para con Aguas, ya que también podía haber denunciado que cabía la disolución de la sociedad, no ya por incumplimientos contractuales de la concesión, sino por transgredir la ley de Sociedades Comerciales. (Quizá esa posición respondió a la estrategia de no asumir desde el gobierno la rescisión; o, en este caso, no obligarlo mediante una resolución fulminante).
Los artículos N°94 (pérdida del capital social) y N° 206 (reducción obligatoria de capital) ya le cabían Aguas, según la resolución del Enress.
¿Bonificaciones a jefes y gerentes?
El Sindicato Santa Fe de Trabajadores de Obras Sanitarias cumplirá mañana su segunda jornada "en estado de alerta y quita de colaboración", en Aguas Provinciales de Santa Fe. La medida garantiza el normal abastecimiento de los servicios sanitarios.
El gremio, conducido por Mario Alberto Fleitas, denunció públicamente que "la empresa dice a los medios periodísticos que pretende una `salida ordenada', y vemos, azorados, que pagan bonificaciones elevadas en carácter de supuesto buen desempeño a los jefes y gerentes".
También, que la empresa vende a jefes y gerentes, "a precios irrisorios, los vehículos, las computadoras, los celulares, etcétera".
Por otra parte, manifiesta que existen "transgresiones permanentes sobre el Convenio Colectivo de Trabajo" y que no se han otorgado "aumentos genuinos" a los empleados.
La representación laboral local afirma que "prevalecerán en cualquier circunstancia la profesionalidad y dedicación del trabajador sanitarista en resguardo permanente de la salubridad de la población". También que "los trabajadores seremos fieles custodios de todos los elementos necesarios para brindar el servicio".