Valores y sanciones
El Ministerio de Justicia de la Nación prorrogó recientemente el plazo para que la Comisión de Reforma del Código Penal, integrada por expertos, concluya su propuesta para establecer una nueva y coherente escala de sanciones.
La idea surgió a partir de las incongruencias que se advierten en el nivel de los castigos para los distintos tipos de delitos, que en muchos casos no guardan una proporción razonable, tomando en cuenta la jerarquía de los bienes jurídicos protegidos en cada caso.
Desde su sanción, en 1921, el Código Penal sufrió 878 modificaciones en su articulado -137 en la parte general, referida a las previsiones aplicables a todas las figuras, y 741 en la especial, referida a cada una de las infracciones en particular-. Desde el regreso de la democracia, en 1983, el Código fue modificado por el Congreso en 53 oportunidades. Más del 20 por ciento de esas reformas fueron hechas a instancias y al influjo de la campaña por mayor seguridad del empresario Juan Carlos Blumberg.
El resultado de esta sucesión de "parches" o soluciones parciales, que no tomaban en cuenta la estructura general y armónica que debe sustentar todo el esquema penal, fue quitarle coherencia en la relación que existe entre bienes jurídicos protegidos y vulnerados y la asignación de la pena correspondiente.
Es así como resultan inusualmente duras algunas condenas contra delitos que, según la escala de valores sustentada, son menos graves que otros. Por ejemplo, en determinados supuestos de afrenta a la propiedad, los jueces están en condiciones de imponer penas más graves que las referidas a la vida o a la integridad física de las personas.
La reforma impulsada redundará en la reducción de algunas penas y el endurecimiento de otras, para organizarlas en función de la importancia de los bienes tutelados; una decisión política que seguramente resultará una afrenta para las campañas que apuntan al endurecimiento de penas para ciertos delitos en particular, pero que persigue devolverle razonabilidad al sistema.
Por eso, se toma como base el rango punitivo previsto para el delito de homicidio -de 8 a 25 años para el simple y prisión o reclusión perpetua para el agravado-, para desde allí establecer el escalonamiento correspondiente.
Desde el Ministerio de Justicia se ha dejado en claro que la vida y la libertad serán los valores prioritarios y que ellos presidirán el ordenamiento.
La tarea fue encomendada a un grupo formado por abogados, jueces nacionales, jueces provinciales, docentes universitarios, un representante político y juristas invitados. Las primeras noticias sobre el trabajo desarrollado, que deberá estar terminado dentro de 120 días, refieren a cuestiones como el avance en la responsabilidad de las personas jurídicas y el incremento de penas alternativas.
El trabajo, aún así, será una instancia preliminar. Será luego el Congreso, como representante de la comunidad, el que dé los pasos definitivos en orden al objetivo propuesto. Que, seguramente, tendrá mucho para decir sobre la sociedad argentina y su escala de valores.