Ya pasaron casi tres meses. Las sanciones se levantaron. Los revoltosos fueron traslados. Los regímenes se visitas volvieron casi a la normalidad. ¿Normalidad? ¿Hay normalidad en la cárcel de Coronda?

Extramuros, el ministro de Gobierno y el presidente de la Corte mantienen una polémica mediática para ver quién tiene más culpa por el hacinamiento que padecen los que están en el encierro (ver El Dato). Y expertos inician un debate para discutir cuáles -ícuáles!- deberían ser las condiciones de alojamiento de los privados de libertad. Intramuros, los internos que el 11 de abril pasado asistieron a escenas imborrables de horror mientras algunos de ellos asesinaban con métodos atroces a otros 14, no tienen calma. Denuncian que encapuchados rozan sus facas en las rejas con la amenaza de que entrarán. Que hay "invitaciones" sutiles para tomar venganza. Que existirían armas de fuego caseras para ejecutar la represalia.

"Permanentemente hay información de conflicto", reconoció el director del Servicio Penitenciario provincial, Fernando Rosúa. "Se han secuestrado varias veces balas o cartuchos; todo el tiempo se saca esto. Son cosas que la requisa debe detectar pero a veces no las detecta", admitió.

Este fin de semana, encontraron decenas de trozos de hierro y dos proyectiles calibre 22, pero las supuestas "tumberas" advertidas mediante un anónimo, no aparecieron. "Si no se encontró nada es porque la denuncia tal vez no fue real o porque todavía no se llegó al lugar donde están escondidas. Es una cárcel compleja; no es fácil encontrar algo en Coronda", dijo Rosúa.

Para el titular del Servicio, la situación "está mejor", aunque no superada. "Fue un hecho realmente muy traumático para toda la población penitenciaria, tanto para el personal como para los internos, pero el interventor (Jorge Bortolozzi) está trabajando muy bien y la situación se está encaminando".

A casi tres meses, siguen siendo más las preguntas abiertas que las respuestas convincentes ensayadas para explicar la masacre. Consultado al respecto, Rosúa dijo que algo han avanzado en la investigación administrativa, que podría permitir, por ejemplo, determinar si hubo responsabilidades políticas en el caso. "Estamos esperando los últimos resultados. Por suerte, hubo algunos internos que se animaron a declarar; esto es un hecho novedoso y habla de que hay confianza en nuestra administración. Pero todavía faltan algunas líneas de investigación que prefiero no adelantar".

El funcionario aseguró que toda información recibida en el penal acerca de probables riesgos -como el de las tumberas- es trabajada seriamente. "Todo nos preocupa; cualquier información la trabajamos con seriedad. Analizamos todos los caminos y derivaciones posibles. Esto es para nosotros un trabajo diario".

Paralelamente, rescató las conversaciones que se están manteniendo con el Ministerio de Salud para poder instrumentar nuevos programas de prevención de enfermedades en la población penitenciaria en general. Y particularmente sobre el conflicto en Coronda, insistió en que, más allá de los aparentes signos de superación de la situación, lo sucedido será prácticamente imborrable. "Sin dudas, es una marca que va a ser difícil revertir en poco tiempo", sentenció.

Fernando Rosúa opinó sobre la polémica suscitada entre su padre, el ministro de Gobierno, y el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, a propósito de las responsabilidades por la sobrepoblación carcelaria.

"Es bueno para la democracia que el Poder Ejecutivo piense una cosa y el Judicial otra. Los debates son buenos, mientras se desarrollen en el marco del respeto. Yo aprovecho esta oportunidad -subrayó- para decir que la provincia está llevando adelante el plan de construcciones carcelarias más importante y ambicioso de toda su historia. Y creo que esto es algo que lo tiene que reconocer toda la sociedad".