Hasta 6 años de prisión podrían afrontar quienes no cumplan con los aportes. La nueva norma de seguridad social es parte del paquete antievasión que impulsa el gobierno.
Télam/ De nuestra redacción
La Cámara de Diputados se encamina a debatir esta semana un proyecto de ley que otorga mayores atribuciones a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) para combatir la evasión previsional y habilita a la Justicia a imponer hasta 6 años de prisión a quienes no cumplan con estos aportes.
La iniciativa también contempla la posibilidad de deducir del Impuesto a las Ganancias las remuneraciones del personal doméstico, con el objeto de terminar con el trabajo en negro de la mayoría de las empleadas que cumplen sus tareas en casas de familia.
El justicialismo procurará que esta iniciativa figure como primer tema de la agenda que se debatirá en la sesión del jueves, prevista en principio para el miércoles, pero que fue corrida porque para ese día el personal legislativo convocó a una huelga.
La diputada del justicialismo Graciela Camaño señaló que la intención del oficialismo es poder tratar las iniciativas de seguridad social y de creación del registro de sociedades de acciones, sancionado con modificaciones por el Senado, pero que se insistirá con el texto original de Diputados.
La sanción del proyecto sobre seguridad social, parte del paquete antievasión, es reclamada por el Ministerio de Economía. El justicialismo decidió ahora impulsar su debate tras conciliar las diferencias que existen sobre la propuesta oficial.
El proyecto del Ejecutivo otorga nuevas facultades a la Afip que, sumadas a las que ya tiene el organismo recaudador, permiten establecer controles más severos a los pagos de la seguridad social, a fin de disminuir la alta morosidad que existe en la actualidad.
Ayer, el titular de la Afip, Alberto Abad, informó que durante el período enero-mayo de este año fueron observadas por morosidad en los aportes laborales 265 mil empresas por un total de 267 millones de pesos, sobre 469 mil compañías investigadas.
En cuanto al contenido del proyecto, los diputados del PJ decidieron atenuar algunas de la nuevas atribuciones sugeridas por el Ejecutivo, referidas a la presunción que puede tener la Afip para avanzar en una causa penal contra un contribuyente, ya que se le permitirá demostrar que no está infringiendo la ley.
De acuerdo con la iniciativa, la Afip podrá calcular de oficio los aportes que debe realizar ese empleador, pero únicamente podrá estar esa presunción en caso de inexistencia de prueba directa y siempre dejando abierta la posibilidad que se pueda presentar una prueba en contrario.
Propuestas de la minoría
Estos cambios figuran en el dictamen de minoría de la Comisión de Legislación Penal, aunque serán aceptados por la totalidad de los legisladores del oficialismo, según informaron fuentes parlamentarias del PJ.
De hecho, el despacho que se pondrá en consideración será el dictamen de las comisiones de Presupuesto, Legislación Laboral y de Previsión Social, y en el recinto de sesiones se agregarán algunos cambios de los diputados especializados en Derecho Penal.
Además, el proyecto establece penas de dos a seis años de prisión para los empleadores que descuenten los aportes y no realicen el depósito en un plazo de diez días hábiles desde su vencimiento, siempre que esta suma sea superior a 10.000 pesos.
Idéntica sanción tendrá el agente de retención o percepción de los Recursos de la Seguridad Social que no deposite total o parcialmente, dentro de los 10 días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado supere los 15.000 pesos.
En el proyecto se fija que las empresas que contraten a cooperativas de trabajo formal serán responsables solidarios por el pago de los aportes de las contribuciones de la seguridad social.
Por otro lado, la iniciativa posibilita a los ciudadanos -se encuentren o no en relación de dependencia- que contraten empleadas para tareas domésticas deducir del Impuesto a las Ganancias los aportes patronales que realicen por hasta 4.020 pesos anuales.
El dato
Hace 15 años que al personal legislativo no le actualizan sus salarios, pero son los más altos de la administración pública y por eso Economía no quiere abrir la caja de Pandora. La Asociación del Personal Legislativo dispuso un paro para el miércoles, y por eso la Cámara Baja -que hace 4 semanas que no sesiona- intentaría hacerlo el jueves. El panorama se complica además por la interna Kirchner-Duhalde, que compromete al presidente del bloque del PJ, José María Díaz Bancalari.