La privatización del Banco Provincial de Santa Fe SA realizada durante la primera gestión del gobernador Jorge Obeid dispuso -en la ley que autorizó la venta de sus acciones- que los empleados pudieran optar por quedarse en la órbita estatal, antes de que se operara el traspaso al sector privado.

Dentro del plantel del personal hubo unas 1.500 personas que a fines de la década del '90 creyeron que lo mejor para su futuro laboral sería seguir en el Estado. Para ello la norma sancionada preservó sus derechos en cuanto a la remuneración y el convenio de trabajo, con el fin de asegurar que los transferidos no resultaran perjudicados.

Desde entonces el Estado no ha tenido una actitud coherente frente al conjunto de los empleados que dejaron el Banco para sumarse a la administración pública. Hubo resoluciones en términos individuales, y según las áreas, reparticiones y ministerios, a las que en suerte -o gracias a algún otro mecanismo de menos equitativo- les tocó como su nuevo destino.

En algunos casos fue determinada su situación de revista y hecha su inclusión en el organigrama de su nuevo lugar de trabajo, pero en otros no.

Según se reconoce tanto en el ámbito gremial como entre los funcionarios y legisladores del oficialismo y la oposición que se han ocupado del tema, generalmente los ex bancarios quedaron al margen tanto de los incrementos salariales acordados con los trabajadores bajo el Convenio del Empleador Público (que tienen por ejemplo los afiliados a UPCN o ATE), como de los aumentos que fue obteniendo la Asociación Bancaria. Otro perjuicio extra fue el quedar al margen de los ascensos, al no tener un escalafón claramente establecido.

Como ocurre con el Estado en tantos temas, el paso de los años suele convertir sus indecisiones en graves problemas, aun cuando inicialmente tuvieran la apariencia de cuestiones menores y transitorias.

Desde que se privatizó el Banco a la fecha hubo tiempo más que suficiente para remediar lo que otra vez se vuelve noticia. Y ahora, de la peor manera, porque ex bancarios que hoy son agentes de la administración pública, han tomado la decisión de acudir a los Tribunales.

La situación no es sólo un dato de la realidad de los trabajadores activos: parte de los empleados transferidos antes de la privatización ya se han jubilado con cómputos y beneficios que los propios afectados consideran fuera de la ley, y también hacen sus reclamos a través de conocidos estudios jurídicos y abogados particulares.

Recientemente el tema ha sido expuesto en el Senado por uno de los miembros de la propia bancada de la mayoría oficialista. También en Diputados, durante el año pasado al llegarse a un acuerdo salarial con los trabajadores del sector público.

Las advertencias en la Cámara Alta respecto de la posibilidad de que se produzcan juicios -con desenlaces relativamente predecibles contra el erario público-, han sido formuladas con claridad y debería actuarse con rapidez para evitar, al menos, el pago inútil de costas. Para ello basta con hacer lo que manda la ley.