Los fondos de Santa Cruz parecen salir a flote
Por Hugo E. Grimaldi (DyN)

"¿Se imaginan a Richard Nixon haciendo campaña en los Estados Unidos después que dejó de ser presidente?", preguntó retóricamente Cristina Fernández de Kirchner el jueves, ante un auditorio de Pymes y comerciantes de Ituzaingó. La alusión tuvo que ver con el ánimo de desacreditar a Carlos Menem, aunque el sayo pudo caberle también a Eduardo Duhalde, a Fernando de la Rúa o aun al siempre vigente Raúl Alfonsín.

Como enseña la historia que a cada Nixon le llega su Watergate, el símil resultó de rebote casi como agitar la soga en la casa del ahorcado, apenas 72 horas después de que la provincia de Santa Cruz anunciara la decisión de traer a la Argentina los fondos radicados en el exterior.

Probablemente la estrategia del gobernador Sergio Acevedo de hacer tan esperado anuncio pueda emparentarse con la necesidad de sacar de la campaña electoral un tema que es un evidente talón de Aquiles para el gobierno, pero como todo el proceso aún genera un mar de dudas, la oposición se tiró al unísono a la yugular de Néstor Kirchner.

Entonces comenzó la encendida defensa del presidente, en cuanta tribuna tuvo a mano, no sólo de su decisión de sacar los fondos del país -que a la luz de los acontecimientos suena a impecable para los santacruceños- sino del destino de los fondos. Más allá de la lógica defensa política, lo más transparente para correr la cuestión del centro de la escena hubiera sido presentar una simple planilla con dos columnas, que mostrara la sumas giradas al exterior, los intereses que fueron ganando con el tiempo y las posteriores repatriaciones, con explicación de sus usos, hasta llegar al saldo actual. Esa sencilla presentación habría desarticulado toda especulación política.

Sin embargo, se optó por caminos más intrincados y, por definición, menos transparentes. Desde lo comunicacional, se deslizó el caso ante la prensa para ganar un titular en el comienzo de la semana, sin contar toda la verdad, algo que luego trascendió con menor despliegue periodístico: los fondos llegarán a cuentagotas y en el transcurso de un año. Se privilegió el impacto antes que explicar la lógica de las colocaciones con vencimientos a plazo fijo y se le dio más pasto a la oposición.

Luego, se ejerció una endeble defensa, siempre desde la lateralidad, y soslayando que lo crítico del asunto es que se trata de fondos públicos. La misma Cristina apuntó en esa dirección en el acto del conurbano bonaerense: "No les piden cuentas a otros por robar y se las piden a mi marido por ahorrar", justificó entonces la primera dama. El propio presidente le preguntó a los neuquinos de Zapala, quienes fueron a ovacionarlo el viernes, si sabían qué había pasado con las regalías petroleras mal liquidadas durante la década del '80 que cobró su provincia. Neuquén fue el más triste ejemplo de lo que no había que hacer con los fondos que pagó la Nación, dilapidados esencialmente en gasto corriente, y Kirchner no dejó pasar tampoco la oportunidad de cambiar el eje de la discusión. Lamentablemente, lo hizo frente a un auditorio demasiado enfervorizado que, empujado por la pasión que el presidente transmite habitualmente desde la tribuna entonó "y pegue, y pegue, y pegue Kirchner, pegue", de triste recuerdo en la relación del primer peronismo con sus opositores de entonces.

Minutos antes, el rayo presidencial había caído sobre el diario La Nación y sobre su subdirector, el periodista Claudio Escribano. El comentario que circula en el gobierno es que esta estrategia de gritar sus verdades desde la tribuna le está dando al presidente mucho predicamento en los lugares que visita, aunque pueda saturar a quienes lo siguen por televisión, especialmente en los grandes centros urbanos. Sin embargo, hay un hecho que es claro y notorio a la hora de analizar las acciones y el discurso gubernamental: cuando se trata de confrontar con lo que se considera que son resabios del llamado neoliberalismo (el FMI, economistas, cierta prensa, las empresas, etc.) todo el gobierno se agranda y toma impulso; en cambio, cuando lo corren por izquierda y se le marcan estadísticas de pobreza o regresión en la distribución del ingreso, se paraliza. Entonces, siempre aparece a mano algún tema que tiene que ver con los derechos humanos, para calmar a cierto público que una consultora define como "residual para las preocupaciones de los argentinos" y solamente afín a "ciertos sectores de la clase media de alto nivel educativo", pero al que el gobierno le presta muchísima atención.

En la semana también visitó la Argentina la vicepresidenta de España, María Teresa Fernández de la Vega y alrededor de ella se generaron un par de situaciones que muestran el apego del gobierno a comunicar medias verdades, tal como se consignó en el caso Santa Cruz. En primer lugar, está el caso del juicio de Telefónica ante el Ciadi por U$S 2.834 millones, que fue presentado por las autoridades argentinas el 19 de julio pasado ante los medios como un triunfo del gobierno, quien habría logrado en amigables conversaciones -se dijo y así se tituló- su "retiro", sin especificar las compensaciones que de seguro pide la empresa. Pero como ésta nunca se definió (y sigue sin hacerlo ni en España ni en la Argentina), ante las consultas de la prensa se dijo que "en 15 días" se haría el anuncio formal, período que se cumplió durante la semana. Ni siquiera la presencia de la número dos de José Luis Rodríguez Zapatero pudo destrabar la cuestión, ya que la visitante se refugió en generalidades protocolares, sin clarificar para nada el tema. Otro episodio de comunicación que mucho hizo recordar a la frase "qué lindo que es dar buenas noticias", que acuñó Fernando de la Rúa, tuvo que ver con dos empresarios del consorcio español Abertis, quienes literalmente fueron llevados a participar en una conferencia de prensa junto al ministro Julio de Vido, para reiterar lo que ya se había anunciado hace dos semanas en España: la idea de ensanchar algunos tramos de la porteña avenida General Paz.

Dicen los que saben que, por ahora, sólo es un proyecto que no tiene siquiera un estudio de factibilidad hecho (en ciertos lugares no existe ni siquiera espacio físico para sumar carriles), ni ecuación financiera armada, ni costeo preparado, ni siquiera la seguridad de que habrá aumentos en los peajes del norte y el oeste, ambos accesos manejados por la misma empresa, con lo cual todo está muy verde todavía.