Polémica licitación de penales federales
La construcción de tres cárceles, entre ellas la de Coronda, fue suspendida por el gobierno nacional. El motivo fue la difusión periodística de que había sobreprecios en tres expedientes impulsados por Julio de Vido, que Horacio Rosatti, como ministro de Justicia, se negó a firmar. El caso es investigado por la Oficina Anticorrupción y también en los tribunales.
Por Emerio Agretti
La demorada construcción de la cárcel federal de Coronda volvió a foja cero, después de que el gobierno nacional dejara sin efecto la preadjudicación del proyecto, cuyo monto superaba en un 86 % el presupuesto original. La medida afectó también a otros dos penales y cobró notoriedad en las últimas horas, a partir de una publicación periodística. Sin embargo, el tema está en la justicia desde hace quince días y las presuntas irregularidades, sometidas a observación de la Oficina Anticorrupción desde principios de año.
Según la información revelada en su primer número por el diario dominical Perfil, la cárcel de Güemes (Salta), pasó de costar 38,4 millones de pesos a cerca de 65; y la de Mercedes (Buenos Aires), de 124,8 a 189,6 millones. En el caso de Coronda, el presupuesto original se había fijado en poco más de 23 millones de pesos en abril de 2004, fue subido a 28,8 cuatro meses después y, decreto de Néstor Kirchner mediante, trepó a 42,8 en junio de este año.
Rosatti no quiso firmar
Una denuncia anónima llevó la cuestión ante la Oficina Anticorrupción y la existencia de ese trámite, además de las llamativamente cuantiosas diferencias en las previsiones económicas, hicieron que Horacio Rosatti, durante su estancia en el Ministerio de Justicia de la Nación, se negara a avalar con su firma los respectivos expedientes. La publicación forzó la especulación al máximo, consignando este episodio como el detonante de la dimisión del santafesino -atribuida por él a cuestiones familiares y por los observadores políticos, a un efecto de su negativa a ser candidato a diputado nacional. Fuentes allegadas al ex ministro aseguraron a El Litoral que, si bien no fue estrictamente así, puede considerarse que el hecho formó parte de una "suma de factores" que restaron razones a Rosatti para permanecer en el cargo y terminaron de inclinar la balanza por el regreso a su ciudad.
La Oficina Anticorrupción confirmó, en una nota que publica hoy el diario La Nación , que Rosatti solicitó información sobre el tema en junio de este año. Y que el organismo tiene en marcha una investigación al respecto.
En la justicia
Aunque esto se supo en las últimas horas, el tema fue llevado ante la justicia por los diputados del ARI Adrián Pérez y Marcela Rodríguez hace quince días y está radicada ante el juez Julián Ercolini.
El gobierno decidió el viernes anular la preadjudicación de las obras -dos días antes de que saliera a la calle el diario Perfil-, en una resolución que invoca "contradicciones entre las áreas técnicas" del Ministerio de Justicia y la comisión mixta constituida al efecto entre esa cartera y la de Planificación Federal.
Las informaciones involucran especialmente en la elaboración de los presupuestos a uno de los integrantes de la comisión mixta encargada de la evaluación de los proyectos, Martín Montero, secretario de Asuntos Penitenciarios durante la gestión de Gustavo Beliz al frente del Ministerio de Justicia. Montero renunció al cargo cuando Rosatti llegó a Justicia en julio de 2004 y fue designado en la Oficina Anticorrupción por su titular Abel Fleitas Ortiz de Rosas, un hombre de extrema confianza del jefe de Gabinete.
Más allá de que la preadjudicación haya caído, el fiscal Carlos Rívolo -quien hizo el requerimiento de investigación al juez Ercolini a partir de la denuncia de los legisladores del ARI- aseguró que la investigación continuará, aunque admitió la posibilidad de que se modifique su actual carátula de Defraudación al Estado a Tentativa de Defraudación al Estado.
"Acá hay un precio original para una licitación sobre un monto equis, y esos montos, aún conseguida la licitación, empiezan de una manera llamativa a incrementarse sin tener aparentemente una razón medianamente clara. Yo creo que ni aún con los costos de inflación esto podría llegar a las cifras que se están manejando", expresó el fiscal, en declaraciones a la agencia de noticias CMI.
Los legisladores, por su parte, solicitaron la citación a Rosatti, para que brinde declaración testimonial en el marco de la investigación.
Ajuste verbal
Mientras tanto, el gobierno nacional mantuvo estricto silencio, excepción hecha del giro verbal con que el principal involucrado, el ministro de Planificación Federal Julio De Vido, salió a justificar lo actuado. Para el funcionario, no se trató de "sobreprecios" sino de "ajustes de precios".
La suerte de De Vido, según deslizaron a distintos medios periodísticos capitalinos fuentes de la Rosada, dependería del curso que tome la investigación judicial. "Si hay pruebas, el presidente lo vuela de un plumazo", aseguró una de ellas, citada por CMI.
Antecedentes
La hoy fallida construcción de la cárcel de Coronda fue anunciada con bombos y platillos el 5 de diciembre de 2003, por el entonces flamante Néstor Kirchner. Pero la obra ya había sido licitada en el tramo final del gobierno de Carlos Menem... y anulada en 2001 por la secretaria de Asuntos Penitenciarios de la Alianza, Patricia Bullrich, también por sobreprecios.