En principio, el gobernador Jorge Colazo fue destituido a partir de una decisión de la Legislatura, decisión que fue cuestionada por el propio gobernador, quien no vaciló en calificarla de verdadero golpe de Estado. A continuación la Corte Suprema de Justicia lo restituyó en el cargo, pero desde el punto de vista político, la crisis no se ha superado porque la suma de irregularidades que le han dado nacimiento siguen vigentes y no se observan señales de recuperación.

Jorge Colazo es un dirigente controvertido que en los últimos tiempos ha demostrado que sus niveles de adhesión política son por lo menos discutibles. De filiación radical, en alguna coyuntura apoyó a Carlos Menem, luego manifestó simpatías por Duhalde y no hace mucho se expresó a favor de la reelección del presidente Kirchner.

Una sinuosidad tan manifiesta no puede menos que generar sucesivas rupturas que, en el caso de un gobernador y atendiendo a las modalidades de la política criolla, de modo más o menos directa impactan en las instituciones. Tierra del Fuego es una provincia singular, con una población mínima, por lo que las relaciones políticas se personalizan y las consecuencias se tornan contradictorias. En efecto, por un lado, los liderazgos son más auténticos; por el otro, se incentivan las luchas facciosas y las subjetividades se manifiestan con más fuerza.

A esta particular situación hay que sumarle ciertos vicios crónicos de la política nacional expresados en la dependencia de los gobernadores respecto del poder central, ya que demasiado a menudo la disponibilidad de recursos depende de la buena relación con el gobierno nacional. Es que el actual sistema impositivo nacido de la emergencia ha modificado el régimen de coparticipación y determina en las provincias conductas de subordinación al poder central.

Colazo es una de las manifestaciones más primarias y vulgares de ese sometimiento. Su "permanente oficialismo" se explica, aunque no se justifica, por esta cruda realidad.

De todos modos, no es ésta la única irregularidad que existe en Tierra del Fuego. Desde hace años, en la austral provincia los poderes constitucionales han sido sometidos a la voluntad del poder de turno, y en ese contexto, la lucha facciosa se ha intensificado aún más. Hoy la Legislatura está en abierta rebeldía contra el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia es impugnado por la oposición porque los jueces habrían sido designados atendiendo a las necesidades del oficialismo.

La ciudadanía asiste entonces a una escalada de conflictos entre los poderes instituidos y a la lucha frontal de todos contra todos. Al mismo tiempo, lo que se observa en Tierra del Fuego no es muy diferente de lo que se registra en otras provincias, por lo que esta crisis es la manifestación visible de una situación de pérdida de legitimidad institucional extendida a lo largo y a lo ancho de la Argentina.