La puesta en vigencia del Registro Unico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos atraviesa una nueva crisis que pone en riesgo su definitiva instrumentación a nivel nacional. Los representantes de las Cortes Supremas provinciales cuestionaron ante el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, el decreto reglamentario del Poder Ejecutivo por considerar que el carácter único del Registro, y su privilegio por encima de las nóminas de cada jurisdicción, son violatorios del respeto de las autonomías provinciales en esa materia.

El tema fue abordado de manera imprevista en la reunión del ministro de Justicia con representantes de la Junta Federal de Cortes (Jufejus), que había sido convocada con fines protocolares, en el marco de la ronda de encuentros que el funcionario viene manteniendo desde su reciente asunción en la cartera judicial.

Iribarne planteó la necesidad de buscar mecanismos para agilizar el ingreso de datos al registro, lo que implica contar con la disposición de los magistrados a ceder sus respectivas nóminas de aspirantes a adoptar al sistema que centralizará toda la información. Sin embargo, se encontró con fuertes objeciones de los jueces, quienes se apoyaron en las conclusiones de un encuentro provincial realizado hace un mes en Mendoza para analizar el decreto del Poder Ejecutivo que recientemente reglamentó la ley que crea el Registro.

"El gobierno proyectó la ley y luego el Congreso la sancionó sin consultar a las provincias, por eso ahora aparecen dificultades para ponerla en vigencia y nos consultan cuando ya está dictada", explicó Alberto Balladini, titular de la Junta Federal de Cortes.

El Registro Unico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos fue creado por la ley N° 25.584 y reglamentado por el decreto 383/2005. Consiste en un sistema informático que centraliza toda la información de los registros provinciales o de la ciudad de Buenos Aires sobre las nóminas de aspirantes a adoptar admitidos y rechazados, con el objeto de otorgarle transparencia a los trámites de adopción y reducir el riesgo de tráfico de niños.

Los especialistas en temas de adopción comparten en general que lo positivo del sistema es que evita el doble registro y, además, establece un orden de prioridad que le permite a los aspirantes estar informados de la evolución de su trámite.

Pero como la incorporación de las nóminas provinciales depende de la adhesión de cada jurisdicción al sistema, el gobierno nacional observó con preocupación el escaso nivel de apoyo logrado hasta el momento por el Registro. Esta semana, en Mar del Plata, varias provincias, entre ellas Mendoza, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero, La Pampa, Formosa, San Luis y Entre Ríos, manifestaron su negativa a ingresar al sistema nacional, y hasta ahora sólo se sumaron a la ley la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Misiones, San Juan y Salta.

"La mayoría de las provincias tienen sus propios registros que funcionan desde hace tiempo con resultados altamente satisfactorios. Por eso, las objeciones tienen que ver con la exigencia de respeto a las autonomías provinciales. La Nación no les puede imponer un registro único que pase por encima de los ya existentes", explicó Emilse Alvarez, secretaria de la Sala Civil del Tribunal de Justicia de Río Negro y capacitadora de la Junta Federal de Cortes.

Al parecer, las críticas se encontraron con cierta predisposición del Ministerio de Justicia a revisar el decreto reglamentario e incluso se manejó la posibilidad de convertir el registro nacional como un registro de segundo orden, de manera que los provinciales mantuvieran su carácter primario en sus respectivas jurisdicciones.

Las provincias reclamaron también la fijación de límites en el acceso a la información contenida en el Registro, debido a que allí se vuelca información vinculada, no sólo con los aspirantes a adoptar, sino con sus familias. "Creemos que por tratarse de un sistema informático es altamente vulnerable y, en consecuencia, el acceso debería restringirse a muy pocas personas", explicó la especialista.

El Ministerio comenzó a trabajar con las provincias en la elaboración de una agenda que permita librar de trabas a esta ley, cuyo derrotero estuvo lleno de obstáculos.