¿Qué es lo que no se puede saber? ¿A qué se le teme? ¿Es que acaso se intenta ocultar un escenario de corrupción que subyace en las esferas del poder político?

Este tipo de preguntas no son antojadizas, ni malintencionadas. De hecho, son los mismos protagonistas del escenario político santafesino -o algún sector- quienes se encargan de alimentar estas suspicacias con su actitud de entorpecer cualquier intento por transparentar la información relacionada con los asuntos públicos.

A poco de asumir su segundo mandato, Jorge Obeid anunció que estaba dispuesto a enviar a la Legislatura un proyecto de ley que abriría las puertas a los ciudadanos para que pudieran hacer efectivo lo que, en realidad, es un derecho inalienable y elemental: saber qué es lo que hacen sus representantes.

Los legisladores ya tenían en sus manos otras propuestas con similares características, pero ésta fue la primera vez que una iniciativa semejante surgía desde el Poder Ejecutivo provincial.

Pasaron ocho meses hasta que el Senado se encargó de trabar este intento de generar un marco de transparencia. Por iniciativa del justicialista Raúl Gramajo, representante del departamento 9 de Julio en la Cámara alta, se introdujo al texto de ley un artículo por el cual se obliga a demostrar "interés legítimo" a todo aquel que pretenda conocer qué hacen sus representantes.

¿A qué se considera "interés legítimo"? ¿Quién puede tener en sus manos la potestad de decidir si el interés de una persona merece o no la información requerida? ¿Acaso no tiene suficiente legitimidad el derecho de cualquier ciudadano a conocer cómo actúan sus representantes? ¿No alcanza el principio republicano que establece la publicidad de los actos de gobierno como base fundamental del sistema?

El proyecto original apuntaba simplemente -sí, simplemente- a que cualquier ciudadano tuviera el derecho de solicitar, acceder y recibir información de cualquier órgano perteneciente a la Administración Pública centralizada o descentralizada, organismos de la seguridad social, empresas públicas y sociedades del Estado provincial; al Poder Legislativo y al Tribunal de Cuentas de la provincia; a la Defensoría del Pueblo y al Poder Judicial, en todo aquello relacionado con las actividades que realicen en ejercicio de funciones administrativas.

Pero vale la pena hacer una distinción. La Cámara de Diputados votó en su momento un proyecto de acceso a la información que había presentado el demoprogresista Carlos Favario y, posteriormente, aprobó también el texto enviado por el Ejecutivo.

Una y otra vez, las trabas surgieron del Senado y de manos de los legisladores justicialistas -en este último caso, se trató de Raúl Gramajo, Juan Carlos Mercier, Jorge Malugani, Alberto Crossetti, Hugo Pucheta, Juan Carlos Bacalini, José Baucero, Norberto Betique, Alcides Calvo, Danilo Capinati, Daniel Depetris, Héctor Ocampo, Ricardo Spinozzi, Ricardo Olivera y Armando Traferri.

Desde hace siete semanas, el tema tiene preferencia para ser debatido nuevamente en el recinto de la Cámara de Diputados, pero sus integrantes siguen sin discutirlo. En estos momentos, la cuestión está en manos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde no habría acuerdo sobre el texto definitivo.

En una entrevista publicada a fines del año pasado por el diario La Nación, Kevin Goldberg, periodista y abogado norteamericano especialista en la Primera Enmienda de la Constitución de su país, afirmó que "la ley de acceso a la información es un antídoto contra la corrupción".

Nada más cierto. Tanto es así que, incluso en Estados Unidos, el gobierno suele retacear u ocultar información relacionada con los manejos del poder, y se sabe que el poder actúa como un fuerte y casi irresistible estímulo hacia la corrupción. Si el poder corrompe por naturaleza, el poder casi absoluto -en el que se retacea información y no se rinden cuentas- lo hace aún más.

A mayor ignorancia de los ciudadanos, mayor margen de impunidad de los gobernantes, quienes, al impedir el libre acceso a la información pública, se encargan de bastardear el mismo sistema que los llevó al lugar que hoy ocupan y que tanto dicen defender. Ese sistema que, entre otros pilares, establece la publicidad de los actos de gobierno.

Según Goldberg, "la ignorancia no da derechos". Y a esta sentencia habría que agregarle que ningún político ni funcionario público, por impune que se sienta, tiene derecho a perpetuar la ignorancia, aunque ésta resulte muchas veces funcional a sus mezquinos intereses.