A raíz de la veda total de pesca comercial y deportiva declarada por cuatro provincias argentinas, y Paraguay (ver aparte), El Litoral entrevistó al director del Grupo de Impacto Ambiental en Recursos Pesqueros del Intec, Conicet y UNL, Norberto Oldani, para conocer cuál es la situación del río Paraná, en el tramo que atraviesa la provincia.

"Desde el punto de vista ambiental, una veda de 1, 2 ó 5 meses, no es más que un gesto por conservar el recurso" manifestó el especialista, que entiende que los que deben pagar son los depredadores. Pero "por medidas políticas y desactualización de los funcionarios, las respuestas vienen muy lentas".

"¿Qué es lo que realmente hay que hacer para tener más peces en el río? -se preguntó el biólogo-. Tenemos que tener una política de manejo conservacionista, es decir, que esté dirigida a cuidar los recursos para que el día de mañana tengamos más que hoy".

Se enojó mucho porque asegura que "todo el mundo sabe qué es lo que hay que hacer. Tenemos que evitar sacar peces chicos. Con la veda pagamos todos, y acá los responsables son los frigoríficos", acusó Oldani con razón.

Si bien no se opone a la veda de pesca, considera que "el único objetivo razonable es la conservación", porque "lo demás no tiene sentido si perdemos el recurso pesquero. Si tenemos las especies, las vamos a poder aprovechar, perderlas es una tontería".

Con casi 900 km de río Paraná, Santa Fe ostenta, junto con Entre Ríos, un verdadero potencial para la explotación pesquera y turística. Sin embargo la falta de controles y el abuso de las empresas del ramo ponen en riesgo su continuidad.

"Santa Fe es la provincia que más frigoríficos tiene, es donde más depredación hay aparentemente", comentó el Master en Ecología Acuática. Se remitió a los artículos periodísticos que informan que "secuestraron 47 km de redes", que también están prohibidas, pero nadie inspecciona a los vendedores o a quienes proveen a los pescadores.

Sobre la responsabilidad de los frigoríficos aclaró que "no hace falta que los cierren, sólo tienen que controlar que no saquen peces de menor tamaño que el aceptado. Y si está prohibido sacar un sábalo de una talla menor a los 42 cm, no los tienen que sacar".

A pesar de sus críticas fundadas, Oldani reconoce que "en la provincia se ha hecho mucho en el último año", pero sigue pensando que "los funcionarios tienen que tomar parte activa, preocuparse por la legislación, si es que hay que reformar alguna norma. Las medidas tienen que estar claramente a favor de la conservación, porque está en juego el bienestar de miles de personas. A menos que se pretenda que haya más gente indigente".

La actual "es una de las peores crisis que ha pasado la pesquería del río Paraná, y si esto sigue así, el año que viene vamos a estar peor. Estamos en el límite y es intolerable" dijo el profesor universitario.

Un estudio realizado por la Dirección de Turismo de Entre Ríos calculó el valor del recurso pesquero del río Paraná completo, y en buenas condiciones, en el que se afirma que "es más importante la explotación del recurso ictícola que lo que se recauda por transporte de carga en hidrovía. Hablan de 100 millones de dólares por año", comparó el investigador.

Tomando la cifra como referencia se preguntó "cuál será el precio de un dorado de 20 kg en la punta de la caña de un pescador del primer mundo, dentro de 15 años". Claro que "si no lo empezamos a conservar, para esa fecha no lo vamos a tener".

Contó que en Argentina hay lugares en los que se está aprovechando la veta turística de la pesca con devolución. "En el río Chimehuin -de 53 km de largo y 30 mts de ancho-, sólo hay 2.500 truchas". Según un estudio del Centro de Ecología Aplicada del Neuquén, el río deja ganancias (entre estadía, traslado desde el lugar de origen y otros gastos) por 7 millones de dólares al año, y sólo se practica la pesca con devolución, de noviembre a abril. Lo mismo ocurre con "los pozos de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde una semana de pesca cuesta 3.500 dólares, y lo que pescás, lo devolvés".

Ambos casos coinciden con ejemplos de cotos privados, por eso se refirió a la prohibición de pescar por algunos años impuesta por el Estado brasilero, en el Mato Grosso, "porque quieren hacer un emporio turístico, y esto no significa que los pescadores se van a morir de hambre, ni que se vaya a terminar la pesca comercial".

A partir del 1° de noviembre y hasta el 20 de diciembre -50 días-, corre una veda total de pesca comercial y deportiva, en los ríos Paraná y Paraguay. La resolución abarca a las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes, junto a la República del Paraguay.

La noticia se conoció a mediados de octubre, cuando el diario El Norte de Chaco, publicó que "la medida es fruto de la preocupación regional por la disminución de peces en toda la cuenca. Sin embargo la pesca indiscriminada de bogas y sábalos sigue siendo muy fuerte en Santa Fe, donde ahora una veda parcial sigue permitiendo la extracción de estas especies".

La misión de la veda es la conservación y desarrollo del recurso ictícola, y se llegó a un acuerdo mediante un convenio internacional firmado en la sede de la Cancillería de Paraguay, con miembros de Comité Coordinador y su Consejo Asesor.

Durante los 50 días de veda total se permitirá la pesca de subsistencia desde la costa con caña, reel o línea, de acuerdo con las regulaciones establecidas. Asimismo, se planteó la necesidad de realizar una campaña de concientización en la que se informe a la población sobre la importancia de las medidas tomadas en pro de la preservación.

Sin peces.

"El Paraná esta a punto de quedarse sin peces", dijo la senadora provincial Marta Nardoni, que el jueves presentó un pedido de informe, para saber qué medidas se tomaron ante la emergencia ictícola declarada para Santa Fe, por ley N° 12.035, en septiembre de 2002. El reclamo de la representante del departamento Garay, fue aprobado por la Cámara de Senadores.

El mismo día, la Cámara de Diputados aprobó la ley de pesca 12.212, que define los volúmenes máximos de pesca, aranceles y multas para los infractores.