La Corte Suprema de Estados Unidos examinará la legalidad de los tribunales militares que juzgan a detenidos en el marco de la "guerra contra el terrorismo", tras la apelación del ex chofer de Osama Ben Laden, Salim Ahmed Hamdan, prisionero en la base de Guantánamo (Cuba) desde 2002.

La Corte Suprema, que hizo su anuncio sin suministrar ninguna justificación, prevé analizar el asunto a principios de 2006.

Hamdan, un yemenita que ignora su fecha de nacimiento y cree tener unos 35 años, está detenido en Guantánamo, la base militar estadounidense de la isla de Cuba, desde principios de 2002.

Fue el primer prisionero designado por las autoridades militares para ser juzgado por una "comisión militar", un tribunal de excepción creado específicamente para juzgar a 15 detenidos en esa base.

El Pentágono anunció la inculpación de otros cinco prisioneros con cargos por terrorismo, con lo que llevó a nueve a los procesados hasta el momento.

Cargos por conspiración fueron presentados contra Bhassan Abdalá al Sharbi y Jabrain Said bin al Qahtani de Arabia Saudita; Sufyian Barhoumi de Argelia; Binyman Ahmed Mohamed de Etiopía; y Omar Ahmed Jadr de Canadá, informó el Pentágono.

La Corte Federal de Apelaciones de Washington había otorgado el 15 de julio un triunfo a la administración de George W. Bush al fallar en favor de los tribunales militares de excepción en Guantánamo, muy criticados por numerosos juristas.

Un panel de tres jueces federales, entre ellos John Roberts, convertido desde entonces en presidente de la Corte Suprema, se basó sobre todo en una resolución del Congreso, promulgada tras los atentados del 11 de setiembre de 2001 y que otorga a la administración amplios poderes en materia de lucha antiterrorista, para validar la legalidad de los tribunales de excepción.

A causa de su participación en el fallo de la Corte de Apelaciones, Roberts deberá excusarse en el caso Hamdan, que deberá ser resuelto por ocho de los nueve magistrados de la máxima instancia judicial.

Eugene Fidell, un jurista del Instituto Nacional de Justicia Militar, subrayó que el abordaje del caso implicará probablemente una suspensión de otros tres procesos a detenidos de Guantánamo. Actualmente, el proceso del "talibán australiano" David Hicks está fijado para el 18 de noviembre.

Muy crítico con los procedimientos de la administración Bush, Fidell se felicitó de que la Corte Suprema haya decidido tratar el tema.

"Cualquiera que sea la salida del caso, es importante dirigirle al mundo el mensaje de que este asunto afecta a cuestiones importantes, que merecen la atención de (...) nuestro sistema, incluyendo la justicia", dijo a la AFP.

Estados Unidos tiene detenidos actualmente en Guantánamo a cerca de 500 sospechosos desde 2002. Contra la mayor parte de los prisioneros no se han formulado cargos, lo que provocado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, que se sumaron a acusaciones del uso de torturas en los centros de detención.

Las torturas en las prisiones en las que se hallan presuntos terroristas saltaron a las portadas de actualidad en los medios norteamericanos, que afirman que, además de los centros de detención de Guantánamo, Irak y Afganistán, la CIA tiene cárceles secretas en Europa del Este y Tailandia, entre otros lugares.

Por su parte, el presidente de EE.UU., George W. Bush, defendió en Panamá la política de su gobierno contra el terrorismo y aseguró que "no torturamos", mientras crece la polémica en su país en torno de los malos tratos a supuestos terroristas.

"Cualquier actividad que emprendamos (contra los terroristas) está dentro de la ley. Nosotros no torturamos", afirmó el presidente de EE.UU., en un intento de tranquilizar a sus ciudadanos ante las denuncias más recientes de malos tratos a los presos en la guerra contra el terrorismo.

Bush tiene pendiente además en el Capitolio la legislación contra la tortura que ha aprobado el Senado y que la Casa Blanca trata de conseguir que exima, precisamente, a la CIA.

"Buscamos a los terroristas y los llevamos ante la justicia. Recolectamos información sobre dónde puedan esconderse. Intentamos abortar sus planes y sus conspiraciones. Cualquier cosa que hagamos con ese fin, cualquier actividad que llevemos a cabo está dentro de la ley", insistió el presidente.

El Senado ha aprobado una enmienda, propuesta por el senador republicano John McCain, que prohíbe el uso de la tortura.

La Casa Blanca, con el vicepresidente Dick Cheney a la cabeza, trata de conseguir que la CIA -y, por ende, sus campos secretos- quede exenta de esa prohibición.