La situación del ex presidente peruano Alberto Fujimori, preso en Chile, ha crispado las relaciones entre Perú y Japón, después de que el país andino calificara de "inaceptable injerencia" cualquier intervención japonesa en el tema.

La tensión entre los dos países se acrecentó de manera sorpresiva el jueves con el anuncio de la retirada del embajador peruano en Tokio, Luis Macchiavello, decisión que fue definida por el canciller de Perú, Oscar Maúrtua, como una "señal política y diplomática de malestar" hacia Japón.

En los últimos días, los representantes diplomáticos de Japón en Chile han pedido a las autoridades chilenas "un trato justo" para Fujimori, que también tiene la nacionalidad japonesa.

El canciller peruano trató, no obstante, de restar importancia al asunto al señalar que Macchiavello también había cumplido cinco años en Tokio, por lo que aseguró que las relaciones con Japón "no están en riesgo".

Sin embargo, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú explicó a EFE que la orden de traslado implica una "protesta mayor" que la de llamar al embajador a consultas y supone que se rebaja el nivel de la representación diplomática en el país asiático.

Maúrtua admitió que "hay una conexión" entre la retirada de Macchiavello y la intervención que ha tenido el gobierno japonés en el caso Fujimori.

"Que hay una conexión, la hay, y expresa un malestar político y diplomático del gobierno peruano, pero no se está poniendo en riesgo en ninguna forma las relaciones bilaterales, en ningún momento se `fujimorizó' la relación bilateral", precisó.

El canciller se presentó ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, donde comentó que el gobierno de Perú quiere que el caso Fujimori se resuelva dentro del "debido proceso y la legítima defensa".

Explicó que su país ha optado por seguir el proceso de extradición para respetar "el principio de la legalidad judicial" y que el ex gobernante responda ante la justicia de su país, donde tiene 22 procesos abiertos.

Maúrtua aclaró que si Fujimori era expulsado de Chile "no implicaba su entrega a Perú", ya que la ley de extranjería de ese país indica que el implicado "puede escoger dónde lo expulsan".

El canciller reveló que la presencia del ex presidente en Santiago fue conocida "de forma accidental por una persona amiga" del embajador de Perú en Chile, José Antonio Maier.

Añadió que esta persona "alertó" al diplomático sobre la presencia de Fujimori en Chile y éste, a su vez, se comunicó con la Cancillería para que se informara a los miembros del gobierno y las autoridades judiciales.

"Fue una jornada muy intensa, porque apremiaba la orden de detención preventiva y si no se hacía rápido, (Fujimori) podía ser alertado, esto nos tenía muy preocupados y por eso se tomó la decisión ponderada de la extradición", indicó.

Perú presentó a Japón desde 2003 dos solicitudes de extradición de Fujimori, por crímenes de lesa humanidad y peculado (hurto de fondos públicos), que nunca fueron resueltas por las autoridades de Tokio.

El gobierno de Tokio reconoce la nacionalidad japonesa de Fujimori por ser hijo de ciudadanos de ese país que emigraron a Perú en las primeras décadas del siglo pasado.

El ex presidente (1990-2000) llegó el pasado domingo a Santiago, de Chile, con la intención de preparar en ese país su postulación a las elecciones peruanas de 2006.

Horas después, sin embargo, fue detenido en virtud de una petición de detención con fines de extradición hecha por Perú, que tiene un plazo de sesenta días para solicitar formalmente su entrega.

México le pidió a Japón una explicación por no avisar que el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, requerido por la Justicia peruana, haría una escala en Tijuana (noroeste) después de partir de Tokio y antes de llegar a Chile el pasado domingo, informó a la AFP una fuente de la cancillería mexicana.

"Básicamente, les pedimos una explicación por no avisarnos que venía Fujimori", comentó la fuente.

México investiga además la escala que hizo Fujimori en Tijuana, luego de que versiones periodísticas señalaron que duró más del tiempo reconocido por el gobierno federal.

El secretario de Gobernación, Carlos Abascal argumentó en días pasados que en los 50 minutos que estuvo Fujimori en México el sábado pasado era "físicamente imposible" ejecutar una orden de detención porque no había ningún proceso de extradición sobre este caso entre México y Perú.

Lo único que tenía el gobierno mexicano era una alerta migratoria que lo obligaba a avisar sobre la presencia de Fujimori en el país, lo que, según Abascal, sí se hizo.