La sala acusadora de la Legislatura porteña reanudará el lunes a las 15.30, la sesión en la que se determinará si el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, será sometido a juicio político por la tragedia del boliche República Cromagnon. El debate se llevará a cabo con la presencia de sólo diez padres de las víctimas, para evitar que se repitan los disturbios que el jueves por la noche obligaron a disponer un cuarto intermedio.

La decisión fue adoptada por la comisión de Labor Parlamentaria mientras kirchneristas y macristas se responsabilizaron mutuamente por el fracaso de la sesión en la que debía votarse el dictamen emitido contra Ibarra por la comisión de Acusación. José Iglesias, padre de una de las víctimas, rechazó la propuesta de la Legislatura: "o entran todos o no entra nadie", advirtió, poco después de que el vicepresidente primero, Santiago de Estrada, afirmara que si los padres no aceptan esa condición no estarán presentes en el debate.

El clima en torno del proceso que debe definir si Ibarra será sometido a juicio político o no por su responsabilidad en el incendio de Cromagnon estuvo lejos de apaciguarse durante la jornada. Además de los cruces entre los legisladores, la diputada ibarrista Mirta Onega denunció haber sufrido "presiones y amenazas de muerte" que la llevaron a decidir el jueves faltar a la sesión "porque no tenía garantías personales para expresar" su voto, y el radicalismo anunció que pediría la expulsión del partido de su diputado, Roberto Vázquez, por haber faltado al debate.

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Los familiares de las víctimas, que montaron una vigilia y ayuno frente a la Legislatura que se prolongará hasta el lunes, volcaron su indignación contra el gobierno nacional, al punto que -tras verse impedidos de concretar un abrazo a la Legislatura por los vallados colocados por la Policía Federal- algunos de ellos se concentraron en la Plaza de Mayo al grito de "Kirchner, traidor, vendiste a Cromagnon".

El día después del debate en el que la Legislatura no pudo definir la situación de Ibarra por la reacción de los familiares de las víctimas contra los legisladores que se negaban a votar el enjuiciamiento del jefe de Gobierno estuvo caracterizado por las lecturas políticas. Mientras el kirchnerismo responsabilizó a De Estrada por haber permitido de algún modo que se desencadenaran los incidentes, los diputados de Mauricio Macri señalaron que el retiro de la bancada oficialista exaltó a los padres y provocó los desmanes posteriores.

De Estrada justificó su decisión de disponer un cuarto intermedio en la sesión al explicar que "desalojar el recinto hubiese significado utilizar la fuerza contra los padres de Cromagnon y eso no lo íbamos a hacer".

Ana María Supa acusó a De Estrada de haber permitido que los familiares insultaran y escupieran a los diputados que se expresaban en contra del juicio a Ibarra.

Curiosamente, el jefe de Gobierno, y la legisladora macrista Gabriela Michetti coincidieron en pronosticar que el lunes la oposición no logrará juntar los 30 votos necesarios para disponer el enjuiciamiento de Ibarra.

"Creo que esta es una situación terminada el día de ayer y los legisladores que han pasado por juicios políticos deben apelar a la racionalidad y a la gobernabilidad. Así que yo creo que no se va a llegar al juicio", dijo el jefe de Gobierno, mientras que Michetti expresó, escéptica: "no creo que el lunes tengamos los 30 votos para enjuiciar a Ibarra".

Anoche el oficialismo seguía esperanzado en mantener la situación tal como había quedado antes de los disturbios, es decir, con 29 legisladores a favor del juicio político a Ibarra, lo que implica lisa y llanamente la continuidad del funcionario al frente del Ejecutivo de la ciudad. Sólo había dudas con respecto a la actitud que podía llegar a asumir el Chango Farías Gómez, uno de los diputados que se ausentó en la sesión del jueves, y cuya opinión podría cambiar ese pronóstico.