Fue creado por un decreto del Poder Ejecutivo

Habrá un registro para deudores hipotecarios en riesgo de remate


La inscripción será gratuita y voluntaria. Podrán anotarse los deudores cuyo monto original no exceda los 60 mil pesos hasta el 22 de noviembre de 2004. La medida fue celebrada por la Asociación Santafesina de Deudores Hipotecarios.

El gobernador decidió crear un Registro de Deudores en proceso de ejecución, que tengan en riesgo de subasta la vivienda única, familiar y de ocupación permanente del deudor y su familia. Para ello firmó el decreto Nro. 2756, que dispone la constitución de dicho registro para que funcione en el ámbito de la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria.

La decisión del Poder Ejecutivo pretende dar respuesta al proyecto de Comunicación aprobado oportunamente por la Cámara de Diputados, en el que se reclamaban soluciones al problema de los remates, que se vienen frenando pero sólo por leyes transitorias que suspenden las ejecuciones.

El decreto firmado por Jorge Obeid establece que las inscripciones en este nuevo registro serán gratuitas; podrán anotarse todos aquellos deudores cuyo monto original de deuda no exceda los sesenta mil pesos hasta el 22 de noviembre de 2004, en mora judicial o extrajudicial.

Dicha inscripción será con carácter de declaración jurada y de manera voluntaria por parte de los deudores que reúnan las condiciones estipuladas en el decreto. La intención del gobierno es tener a partir de este registro, un panorama claro y detallado de la situación de los deudores hipotecarios con riesgos de ejecución, que en la provincia serían más de 120 mil.

Condiciones

Los requisitos que deben hacer constar los deudores para inscribirse en el flamante registro son: juzgado en que se tramita el juicio y su carátula, monto originario de la acreencia y nombre del acreedor, naturaleza del crédito, garantías si las hubiere, estado de la causa y cantidad de cuotas abonadas antes del inicio del juicio.

El deudor también deberá precisar si ha efectuado ofertas de pago, dentro del marco de las leyes especiales de prórroga según las normas provinciales; los pagos efectuados con posterioridad al inicio del juicio, detallando si se encuentra efectuando pagos con aceptación del acreedor o consignación judicial; la ubicación de la vivienda y avalúo fiscal que conste en el Impuesto Inmobiliario, y el detalle de los ocupantes del inmueble e ingresos del grupo familiar.

En cuanto a la Secretaría de Promoción Comunitaria, en cuyo ámbito funcionará el registro, podrá dictar los actos administrativos que resulten necesarios para organizar su funcionamiento. El decreto firmado el pasado 8 de noviembre prevé su comunicación al Poder Ejecutivo nacional por intermedio del Ministerio de Economía y Producción.

Satisfacción

Desde la Asociación Santafesina de Deudores Hipotecarios, su titular, Héctor Zamaro, celebró la firma del decreto. En diálogo con El Litoral, destacó que esta medida, si bien no resuelve el problema de fondo, permitirá conocer a ciencia cierta y de manera puntual la cantidad de deudores que están hoy en mora o en proceso de ejecución en la provincia de Santa Fe.

"Hoy es imposible saber exactamente cuántos son los deudores; la cifra en esta ciudad, por ejemplo, se nos ha ido totalmente de las manos", dijo el dirigente. Zamaro adelantó que le pedirán al Poder Ejecutivo que para la confección y puesta en funcionamiento del Registro sea convocada la asociación que representa para el caso de Santa Fe, y Adevu (Asociación para la Defensa de la Vivienda énica), en el caso de Rosario.

"Vamos a pedir que se nos convoque para que seamos nosotros quienes podamos monitorear el tema, y así lograr optimizar el funcionamiento del registro. Para eso vamos a tener una serie de reuniones con la gente de Promoción Comunitaria, con quienes vamos a ver cómo se instrumenta esto", explicó.

El último

18 de noviembre, la Legislatura convirtió en ley una nueva prórroga por un año de los remates de las viviendas únicas por deudas a partir de créditos hipotecarios. La norma santafesina establece un procedimiento de mediación judicial entre deudores y acreedores que puede ir encarrilando la cuestión y evitar la ejecución. De todas maneras no es una solución de fondo al problema. Sí da tiempo para que la Nación -ámbito en el que se debe buscar la salida definitiva- encuentre solución al problema.

De la redacción de El Litoral