El estudio que realizaron las universidades Nacional del Litoral y Tecnológica Nacional tenía preferencia para la sesión del pasado jueves 24. Pero parece que no se debatirá hasta que quede constituida la nueva conformación del deliberativo local, con el gremialista de UTA Jorge Kiener incluido.
Así lo confirmaron los concejales Rubén Mehauod (PJ), Fabián Ferreira (Santa Fe es el Centro), Darío Giménez (PJ) y Leonardo Simoniello (UCR Encuentro). Mientras este último concordó en analizar los pliegos con el cuerpo renovado, Giménez remarcó que "no encontramos consenso, cada uno tiene su tema político partidario, empresario", en tanto su bloque pretende "corregir los recorridos en algunos casos con vecinales y con la Municipalidad".
Ahora también, además del proyecto alternativo que presentaron la semana pasada los representantes de Santa Fe es el Centro, Julio Schneider (UCR) y el entrante Carlos Pereira acercaron una alternativa para anexar al tratamiento: la creación de un ente regulador de los servicios de transporte urbano.
Schneider definió la propuesta como "complementaria" porque la "Tecnológica sugiere la creación de un Ente" que ellos hicieron extensiva para los cuatro subsistemas del transporte (colectivos, taxis, remises y transporte escolar). Es, ante todo, para fijar reglas claras que eviten "lo que ocurre en este momento. Evitamos que sea el Ejecutivo el intermediario entre la empresa y el usuario, tiene que ser un Ente que tenga un nivel de autonomía alto".
Según lo que establece el proyecto de ordenanza, el Ente ejercería el "control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos de transporte urbano para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las ordenanzas que se dicten al respecto y la legislación nacional y provincial que rige la materia".
Proponen que esté conformado por un directorio con un mandato de cuatro años, con cinco miembros designados por el Concejo Municipal, uno por el Ejecutivo Municipal y dos por los bloques del cuerpo deliberativo. También lo integrarían un representante de la Federación de Vecinales y uno por las organizaciones de usuarios y consumidores.
También prevé la figura de audiencia pública para el dictado de resoluciones en los casos de modificación del reglamento o tarifas. Y cuando esta última sea "inadecuada, indebidamente discriminatoria o preferencial, según la naturaleza del servicio o cuando se considere alterado el principio de razonabilidad y justicia tarifaria".
