Hammerly procuró mostrar coherencia con la forma en que el gobierno manejó la relación con la empresa: dijo que el objetivo fue hacer cumplir el contrato. La oposición buscó mostrar contradicciones, incluso sin necesidad de recurrir a las cambiantes declaraciones del gobernador.
Luis Rodrigo
"Tuvimos la mejor buena voluntad", dijo Alberto Hammerly al describir las distintas instancias por las que pasó la relación del Estado santafesino con Aguas Provinciales de Santa Fe a lo largo de 2005, que tendrán -seguramente- una definición el 15 de diciembre cuando se reúna la asamblea de socios de la empresa.
En ese marco, Hammerly defendió ante unos 25 diputados santafesinos del oficialismo y la oposición, la oferta que (en cuestión de días) rechazó la empresa y que es ahora la base para cualquier posible trasferencia de acciones.
Para Raúl Lamberto (PS) desde el punto de vista jurídico lo hecho tira por la borda la posición santafesina: dijo que se ha "comprometido" a la provincia; para Mario Lacava (PJ) es un elemento que en cambio le quita a la empresa un argumento en su reclamo ante el Ciadi (advirtió que en diciembre de 2004 Aguas reclamaba un aumento del 60 % y el gobierno ahora ofreció subir los ingresos de la concesión en un 35 % a lo largo de tres años, con un 25 % inicial).
Mientras parece marchar al fracaso la propuesta del grupo Taselli y se especula con la posibilidad de que el banco de Galicia use su prioridad y compre las acciones, ayer hubo duros cuestionamientos desde la oposición.
Decisiones políticas
¿Es lícito que el Estado acepte que se transfiera la empresa con cambios de fondo en el contrato a un eventual comprador de las acciones de Suez? ¿No se cambia la naturaleza del contrato con la oferta realizada? Y en ese caso, ¿no debería hacerse una nueva licitación?
Estas son preguntas que ayer no fueron respondidas a fondo por el ministro Hammerly, y la razón es obvia: requieren de una definición política del gobernador Jorge Obeid, quien no parece haberla adoptado (por lo menos hasta ahora).
Hubo otras dos preguntas aun más fuertes, de Santiago Mascheroni (UCR) y Gabriel Real (PDP) que tuvieron idénticas (y poco convincentes) respuestas, por las mismas razones. ¿Por qué no se hizo esta misma propuesta dos años atrás si la intención era llegar, como ahora, a un acuerdo con la empresa...? y otra: ¿cuál es el plan B? si no se venden las acciones de Suez y finalmente sólo le queda a la asamblea la liquidación.
¿Rescindir?
El ministro -y el titular del Enress José Kerz- respondieron que el contrato sigue vigente y que, salvo por las declaraciones públicas hechas por la empresa, no hay documentos que indiquen que Suez pueda dejar la concesión. Señalaron que la propuesta -jurídicamente es una "exposición de conclusiones"- no se aparta del contrato. Advirtieron que este es el resultado de un trabajo extenso en el que no se contó con la colaboración de la compañía.
Hammerly advirtió que los números propuestos cierran o mejor dicho "cerraban" porque no se incluyó en estos cálculos el aumento del 36 % obtenido por los empleados (que aún no han logrado cobrar y por eso mañana van al paro).
Para Mascheroni (ex director del Enress) cabe la rescisión del contrato desde que se liquidaron las garantías. Algo similar juzgó Marcelo Brignoni (Encuentro) cuando preguntó puntualmente si "la no renovación de garantías en que incurrió la concesionaria ¿es o no es un incumplimiento?", para luego repreguntar si no cabía entonces "la rescisión automática del contrato".
En ambos casos, el ministro respondió aludiendo a la decisión que tomó la Fiscalía de Estado, cuyo objetivo es preservar las garantías (aún en manos del Estado) para asegurar la continuidad del contrato.
¿Permitir la venta?
Lamberto y Hugo Marcucci (UCR), sostuvieron que la readecuación propuesta por el gobierno altera la naturaleza contractual de la relación y que si la decisión de éste es que la empresa esté en manos de privados se requiere de una nueva licitación, o se estará ante la figura de una dudosa adjudicación directa para llevar adelante un contrato muy distinto del que se licitó en 1995.
Para Brignoni en cambio, no es legalmente aceptable la venta de acciones y acusó: "hay una voluntad que persiste de resolverle a Aguas los problemas".
El ministro y el titular del Enress dejaron en claro que esa no es la opinión de la fiscal; y Kerz confirmó que ahora que se cumplieron 10 años de contrato pueden venderse las acciones.
