Para el oficialismo fue sólo un trámite de ratificación

El Congreso autorizó a Kirchner a usar divisas del Banco Central


Sin embargo los recursos no alcanzarán para saldar la deuda al FMI. La oposición denunció que el préstamo que se tomó en Venezuela para completar el pago es más caro que el crédito del organismo multilateral.

De la redacción de El Litoral

El Congreso sancionó esta madrugada la ley que permite usar reservas de libre disponibilidad del Banco central para cancelar deuda. Néstor Kirchner obtuvo así la ratificación a su decreto 1599, mediante el cual busca obtener parte de los recursos para saldar en enero los 9.810 millones de dólares con el FMI.

Los diputados dieron sanción definitiva a la convalidación del decreto, después de la aprobación que ayer había conseguido en el Senado. Sin mayor texto que la ratificación, la ley dispone la modificación de la carta orgánica del Banco Central.

El tramo final del recorrido del proyecto incluyó un fuerte debate en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo calificó la medida como "histórica" y argumentó que liberaba al país de los condicionamientos del Fondo.

"El FMI no es un acreedor cualquiera: condicionó a los peores y los mejores gobiernos que tuvo la Argentina", aseveró el jefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi.

Las críticas llegaron desde diferentes flancos. Desde un punto de vista técnico, el duhaldista Jorge Sarghini advirtió que las reservas de libre disponibilidad del Banco Central eran insuficientes para cubrir el pago y descartó que la cancelación se traduzca en ahorro.

"Si lo paga el Tesoro, el gobierno deberá emitir más deuda a valor de mercado y eso, hay que decir la verdad, es más ajuste; si lo paga el Banco Central el riesgo es más inflación y, por lo tanto, menor poder adquisitivo", diagnosticó Sarghini.

"No se prevé impacto monetario, es neutro", contrastó el justicialista Carlos Snopek y su colega de bancada, la economista Mercedes Marcó Del Pont, pidió dejar de pensar las reservas con la "lógica de la Convertibilidad", según explicó, "como una caja de conversión monetaria". De esa forma, ambos buscaron aventar las críticas de quienes advirtieron sobre la nueva vulnerabilidad del peso.

"Abandono definitivo"

Desde otro flanco, Claudio Lozano (CTA) consideró que la cancelación sin quita de la deuda es el "abandono definitivo de la idea de corresponsabilidad, que supone compartir costos" con el Fondo Monetario.

La oposición criticó también la ausencia de explicaciones por parte de los funcionarios nacionales o del titular del Banco Central, Martín Redrado. Sin embargo, el oficialismo contó con la colaboración del duhaldismo, la mayoría de la UCR, los partidos provinciales y el macrismo al momento de reunir los dos tercios de los votos que necesitaba para incluir la ratificación en el temario de la sesión. Sin la mayoría especial, la discusión se hubiera postergado hasta la semana próxima.

En contra de la inclusión votaron el ARI, un puñado de radicales del Chaco y Santa Fe, la izquierda y, sorpresivamente, la transversal Norma Morandini (Partido Nuevo de Córdoba).

"Ya habíamos entregado la renta petrolera, no nos quedaba nada más para entregar, sólo las reservas", cuestionó Elisa Carrió, del ARI, quien denostó el respaldo popular de la medida al compararla con el apoyo a la Guerra de las Malvinas.

"Cambiamos deuda del cuatro por ciento del Fondo con otra del nueve por ciento de Venezuela", se sumó a las críticas Federico Pinedo, de PRO. Igualmente, el oficialismo impuso la ratificación con 128 votos a favor sobre 67 en contra y 20 abstenciones.

El decreto 1601

por el que Kirchner ordena pagar la deuda con el FMI no fue remitido ni analizado por el Congreso. La norma sancionada sólo ratifica otro decreto, el 1599, que crea las reservas de "libre disponibilidad" que no estén afectadas a respaldar la base monetaria argentina. La Constitución establece en su artículo 75 que es facultad del Congreso "arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación"; el oficialismo interpreta que las facultades delegadas en el Presupuesto son las que habilitan al presidente a sortear este precepto constitucional.

Emergencia y presupuesto

La Cámara de Diputados retomaba hoy el debate de la prórroga de la Emergencia Económica, una de las leyes clave enviadas por el Poder Ejecutivo para ser tratada en el período de sesiones extraordinarias.

La prórroga de las facultades para renegociar los acuerdos con las empresas de servicios públicos contempladas en la Ley de Emergencia Económica que vence a fin de año permitirá extender el plazo de renegociación de contratos con las privatizadas, entre otros puntos considerados clave por el Poder Ejecutivo.

Al impulsar anoche el tratamiento de la prórroga, el oficialismo no logró los votos necesarios para debatirla en el recinto y convertirla en ley. El rechazo del duhaldismo y de un amplio arco opositor encabezado postergó una definición.

Antes de finalizar el debate, el presidente de la Cámara baja, el bonaerense Alberto Balestrini, confirmó la convocatoria a sesión especial del cuerpo para debatir la prórroga de la Emergencia Económica y la creación del satélite Arsat.

En tanto, el Senado postergó para hoy el debate del Presupuesto 2006 que contempla un crecimiento del 4 por ciento, una pauta inflacionaria del orden del 10 por ciento, gastos por 93 mil millones de pesos y un dólar estadounidense estable en 3 pesos.

El oficialismo de la Cámara de Diputados tuvo que desistir de convertir en ley el proyecto de emergencia económica que fue votada a la tarde por el Senado. De este modo, los bloques del Frente para la Victoria-PJ de ambas cámaras del Congreso están cumpliendo con el compromiso asumido con el presidente Néstor Kirchner de aprobar, antes de fin de año, un paquete de iniciativas clave para el gobierno nacional.

El Parlamento sancionó la mayoría de los proyectos que contenían el paquete de leyes económicas en maratónicas sesiones en las cámaras de Diputados y del Senado, tras más de quince horas de debate.

El Senado convirtió en ley el proyecto de prórroga de impuestos que vencen a fin de año, que es vital para garantizar una recaudación mínima de 133 mil millones de pesos, para mantener la solvencia fiscal que se contempla en el proyecto de presupuesto del próximo año.