El Gobierno cree que, en algún momento de un futuro cada vez más cercano habrá de dirimirse en el escenario político cuál es el fundamento del respeto que los actores sociales le dispensan todavía, en alto grado, al presidente de la Nación. Por eso, comenzó a apretar las clavijas.

Esta puja por la imagen, que lamentablemente podría enredar el tratamiento y la solución de otros temas centrales y aun postergar el lanzamiento de estrategias de mayor alcance, le permitiría a Néstor Kirchner identificar con claridad a los leales por convicción, a los acomodaticios, a los conspiradores y a aquellos que lo están esperando en la "bajadita" de su popularidad para cobrarle humillaciones anteriores.

Los sondeos no definen aún si ese respeto que se supo ganar el presidente entre los dirigentes es producto de su investidura y un premio al liderazgo, derivado de su reconocida habilidad para construir laboriosamente escenarios de sustento de poder, o si el encolumnamiento es parte de un temor reverencial a sus reacciones.

¿Por qué un presidente que hace apenas dos meses consiguió una estruendosa ratificación electoral, aunque deslucida luego por otros episodios y revitalizada por el golpe de efecto del pago al FMI, debería ahora estar atento a un conflicto que se dirimirá en el seno de la opinión pública? Simplemente, porque la reelección está en marcha.

Y además porque la necesidad de construir enemigos es parte de la naturaleza del Gobierno, en un proceso de tira y afloje que se aguarda en la cúpula del poder, probablemente para el primer trimestre del año que se inicia, cuando se vea cómo reacciona la inflación, uno de los karmas de la administración.

Este punto será crítico ya que, al ponerse al frente de la economía, Néstor Kirchner podría ser vapuleado si sus remedios de políticas activas en precios e inversiones destinados a serenar el respingo inflacionario no funcionan. Él mismo decidió, casi en soledad, el pago al Fondo Monetario, fijó por las suyas el nivel del dólar hace tres días y ahora avanza rumbo a hacer algo similar con los precios. En este aspecto, parece que el presidente confía por ahora, más que en hacer controles, en generar un segundo round con empresas que le permitan administrar listas más allá del verano.

Sin el FMI presente, otros habrán de ser los blancos de las culpas de ahora en más. Podrían ser los dueños de las empresas que forman precios, si se niegan a convalidar esa suerte de congelamiento que podría institucionalizarse pronto, para zafar del llamado "día 61", cuando venzan los acuerdos actuales.

Ya le ocurrió también durante los últimos días a una figura pública de pasado menemista, a quien las usinas oficiales responsabilizaron de los interesados rumores sobre eventuales cambios en Economía, el Banco Central y la suba del dólar que, en el entrevero, le generaron pingües ganancias de mercado a los aprovechados de siempre.

Cierta prensa tampoco debería creer que quedará afuera de algún eventual cachetazo. Por más que el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, haya declarado que se encuentra "en retirada" y que "ya no tiene peso", el notorio seguimiento de los medios que hace el Gobierno y la preocupación permanente por las "operaciones de prensa" (la última en denunciarlas fue Cristina de Kirchner el jueves, al dirigirse de modo vehemente al vicepresidente Scioli) sitúan al periodismo en la categoría de enemigo a vilipendiar.

Durante la última semana, los cañones del oficialismo apuntaron contra la debilidad del Congreso. De allí que la ofensiva legislativa de la última semana haya sonado a bochornosa, no sólo porque muchos oficialistas se ufanaron de ella sino por la gravedad de los temas a tratar, por el mínimo tiempo dedicado a discutirlos, por el remolino kirchnerista para imponerlos y por la enjundia levantamanos de diputados y senadores del oficialismo.

Este objetivo casi resultadista, que llevó a decir a Alberto Fernández que la política "no es el arte de lo posible sino el de lograr la adhesión", está en línea con el propósito blanqueado por el nuevo subsecretario general de la Presidencia de sumar consensos.

En esta materia, quedó claro que el Gobierno quiso ganar a toda costa en todos los temas tratados en las febriles 48 horas legislativas de la semana, poniendo la carga de la prueba en los errores de una oposición timorata y desmembrada, que apenas atinó primitivamente a negar el quórum en la prórroga de la Emergencia Económica de un país que crece a un ritmo de 9 por ciento anual -"como China", se ufanan en Economía- que tiene un superávit fiscal por arriba de todas las previsiones y que acaba de entregar un tercio de sus reservas al odiado Fondo Monetario.

Una oposición que, por no estar donde debía, tuvo que padecer que le cerraran la lista de oradores y que se mofaran de ella por haber acompañado la decisión de trabar el ingreso de Luis Patti a la Cámara de Diputados, mientras que la voltereta de Borocotó -avalada por muchos de ellos, dejándolo asumir de acuerdo con las necesidades del Gobierno- sirvió irónicamente para conseguir el número de bancas que habilitaron el tema.

El caso del Consejo de la Magistratura es otro punto central ante tanto avance del Ejecutivo sobre el Congreso, en una reducción de miembros que es desaconsejada casi de modo unánime por el grueso de las organizaciones que tienen que ver con la Justicia (inopinadamente el CELS y Fores, dos organizaciones ideológicamente contrapuestas, se oponen también), ya que se presta a malos entendidos, como creer que el Ejecutivo quiere meter mano en el nombramiento y en la remoción de los jueces.

Por último, entre tanto fárrago, el miércoles quedó aprobada en Diputados la Ley de Financiamiento Educativo, una iniciativa del Ejecutivo de aumento progresivo del Presupuesto, hasta llegar a 2010 -Año del Bicentenario- a 6 por ciento del PBI y de universalización de la escuela comenzando por los más chicos y los más necesitados, junto con un proceso de recomposición salarial para los docentes, atado a estricta capacitación.

La elaboración de esta Ley, que llevó casi un par de años de discusión, tuvo un condimento que hoy el Gobierno parece ignorar: los consensos alcanzados. De ellos se enorgullecen con razón el ministro Daniel Filmus y sus colaboradores y la prueba está en la abrumadora mayoría que recogió su aprobación en ambas Cámaras, con mínima cantidad de legisladores ausentes.

Si se la hubiera difundido tal como lo merece, esta Ley debería haber estado en la consideración pública por encima de barquinazos legislativos tan poco edificantes. Con menos marketing que otras pomposas resoluciones y sólo por cumplirla, la misma le debería asegurar a Néstor Kirchner menos preocupación por lo que piensa la opinión pública y más bronce que, inclusive, la decisión de pagarle al Fondo.