"Todas las campañas son buenas, pero si no están acompañadas de la acción policial y judicial, todas van a fracasar". Con esta expresión, el ministro de Gobierno intentó resumir ayer los argumentos de una nueva medida con la que se pretende desarmar a las principales ciudades de la provincia.

"Vamos a incrementar la actividad policial en la persecución del delito autónomo de tenencia o portación ilegítima de armas. Ya no se trata sólo de que el arma se encuentra o se busca como consecuencia de que es el instrumento que sirvió para la comisión de otro delito", anunció anoche Roberto Rosúa antes de presidir una nueva reunión del Consejo de Seguridad Comunitaria.

La intención es aplicar estrictamente lo estipulado en el artículo 189 bis del Código Penal, que sanciona diferentes situaciones vinculadas con la tenencia, portación, venta o acopio ilegítimo de armas o materiales para su fabricación.

"En caso que se compruebe la existencia de armas, el particular tendrá el derecho de justificar en ese acto si posee la documentación que acredita sea tenedor legítimo. Caso contrario, se procederá al secuestro. Así, la policía estará autorizada plenamente, previo permiso del juez, para realizar el secuestro sin incurrir en posibles nulidades que después traen como consecuencia que se desbarranque todo el procedimiento", explicó.

La simple tenencia de armas de uso civil sin la autorización implica una contravención. Por lo tanto, es penada por el Código de Faltas con el pago de multas. Pero si de la investigación policial surge que el arma fue utilizada en otro delito, la tenencia se agrava y es penada según lo establece el Código.

Para fundamentar la decisión de intensificar estos operativos, el ministro partió de la base de que la mayoría de las armas en poder de la población es ilegal, y ello no sólo trae como consecuencia la comisión de delitos tradicionales como robos sino también un aumento de los homicidios que a veces se dan por meros enfrentamientos.

Rosúa reclamó explícitamente la colaboración del Poder Judicial, que deberá autorizar los respectivos allanamientos para hacer los operativos.

Con respecto a lo realizado hasta el momento en materia de campañas para desarmar a la población, reveló las cifras de las armas incautadas en las principales ciudades a lo largo de 2005. Teniendo en cuenta Rosario y Santa Fe, el año pasado se secuestraron 1.339 armas contra 1.107 que se incautaron en 2004. Si el relevamiento se hace por regional, la URI registró 539 armas secuestradas en 2004 y 628 en 2005, es decir, un 16 por ciento más (ver aparte).

En la Unidad Regional II con asiento en Rosario, en 2004 se incautaron 564 y en 2005, 711; es decir, un 25 por ciento más.

Más allá de los anuncios y estadísticas, representantes de entidades vecinales de la ciudad volvieron a advertir que notan pocos cambios.

"En la zona de donde venimos, que es el sector de Guadalupe Oeste, no vemos cambios. Lo que pedimos es mucho más movimiento y presencia policial, porque a los agentes los vemos pasar, pero no se detienen ni preguntan. Incluso en nuestro barrio hemos tenido que poner seguridad privada" dijo Mirta Segovia, de la Asociación Civil Guadalupe Oeste.

Desde la misma entidad, María Alejandra Picco reclamó que la presencia de la patrulla urbana no sólo se dé en las avenidas sino también en los barrios.

"Hay violencia y la inseguridad sigue. Sí pueden darse hechos aislados para frustrar un delito, pero en nuestra zona todo cambió a partir de 2003 y hay muchos más hechos delictivos que antes", dijo la vecina. Finalmente, y a propósito del número de homicidios que, de acuerdo con las estadísticas oficiales disminuyó en 2005 respecto del año anterior, Mirta Segovia dio su opinión: "No se puede evaluar si hay más o menos muertes; ésa no es la cuestión. No tenemos que contar los muertos para ver si hay o no inseguridad. De lo que no nos pueden hablar es de sensación de inseguridad. Las cosas no ocurren así porque sí. No es posible que se hable en esos términos", disparó.

Con respecto a la reunión del Consejo, la Federación de Vecinales reclamó que se conformen nuevamente las juntas barriales, para poder abordar problemáticas puntuales en cada sector de la ciudad. La solicitud fue aceptada por el ministro de Gobierno, quien autorizó su funcionamiento desde marzo.

Entre marzo y abril

próximos, los efectivos de la policía de la provincia cobrarán un adicional de 500 pesos para la compra de uniformes. Ayer, la decisión fue confirmada por el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa.

"El gobernador dispuso que se pague este dinero, que se abona todos los años para la adquisición de ropa. Aclaramos que la provincia ya ha provisto los borceguíes, y está en trámite una licitación para la compra de diez mil camperas. Sin embargo, ello no se descuenta de los 500 pesos", aclaró.

El dato se coló en medio del balance entre operativos de seguridad y hechos policiales registrados durante el fin de semana que despidió a 2005 y recibió a 2006: durante el año pasado la policía secuestró 626 armas de fuego en el departamento La Capital. La cifra fue confirmada por el comisario general y jefe de la Unidad Regional I Alejandro Forzare para quien "un arma que se secuestra es importante".

Es más: "cartucho que se secuestra es importante -calificó-; para nosotros sacar un arma es un riesgo menos de un posible herido o de una posible muerte", calificó el policía.

La mayoría de las armas secuestradas no están registradas y aunque lo estuvieran "hay que tener autorización para portarlas", trámite que no es sencillo. Generalmente son armas que fueron o van a ser utilizadas en la comisión de delitos contra las personas o contra la propiedad y, además, su número de registro ha sido limado. Así que demandan de un proceso (revenido) para establecer su numeración original y determinar su procedencia.

Entre las 626 se cuentan de distintos calibres, especialmente de 9 mm. revólveres, escopetas, escopetas recortadas (las más letales), carabinas y tumberas de fabricación casera.

"Se secuestran en toda circunstancia: en allanamientos, chequeos en la vía pública, hechos contra personas, contra la propiedad, intimidación pública (aquél que sale a la calle y dispara al aire)". "Arma que se entrega, va a destrucción", aseguró Forzare.

Si le piden su opinión, el jefe policial recomienda a los civiles no comprar armas para defenderse. "En primer lugar, uno tiene que estar familiarizado con ellas, saber cómo está y cómo utilizarla. El civil no se tiene que armar, para eso están las fuerzas de seguridad para protegerlo a él y a sus bienes".

Sin embargo, es moneda corriente que los delitos involucren la presencia de armas, aún en manos de menores, cuestión que exacerba la necesidad -si no la adquisición concreta- de armas para la defensa. Aún así, Forzare dijo no ser partidario de que "la persona común las tenga" porque en ese caso "nos regiríamos por la ley del más fuerte y el arma no da poder".

Que se hayan secuestrado 626 armas no significa que no existan más: "desde todos los puntos de vista hay que ver el tema", evaluó. "Desde el comerciante que las tiene para vender, aquél que la posee por una herencia y aquéllos que se las dan a menores para que salgan a delinquir".

Forzare también participó de reuniones en el Ministerio de Gobierno con instituciones que impulsan una ciudad sin armas. "Todo lo que se haga va a ser bienvenido, con el desarme estoy totalmente de acuerdo".