La Guerra Civil española (1936-39) volvió una vez más a la actualidad luego de que archivos incautados al gobierno de Cataluña por las fuerzas franquistas, emprendieran hoy su regreso a Barcelona, en medio de una nueva polémica, también judicial, entre derecha e izquierda.

Pasadas las 6.15 locales, 500 cajas con legajos de la Guerra Civil (1936-39) comenzaron a ser colocadas en varios furgones instalados en las inmediaciones del Colegio San Ambrosio de Salamanca (oeste), sede del Archivo General de la Guerra Civil.

Custodiados por una veintena de policías y en presencia de unos 60 periodistas y fotógrafos, 79 paquetes fueron trasladados sin incidentes hasta los vehículos que los trajeron a Madrid, pese a lo que presagiaban las protestas que desde hace varios meses lidera el opositor Partido Popular (PP, derecha).

"Hoy es un día muy triste para Salamanca, pero también para España", afirmó el alcalde salmantino, el conservador Julián Lanzarote, que acusó al "gobierno de la nación (de) desmantelar mediante la expoliación" un centro cultural y ceder al "chantaje político" del gobierno de Cataluña.

El PP, que controla la alcaldía local, fue la única formación política que se opuso en el Parlamento a la restitución del archivo al gobierno de la Generalitat de Cataluña.

Estos días, las críticas son especialmente duras desde el PP pues partidos catalanes y socialistas ultiman las negociaciones sobre el nuevo estatuto de autonomía de Cataluña.

La ministra española de Cultura, Carmen Calvo, se declaró "muy satisfecha" con el regreso de los archivos catalanes porque "hemos cumplido con la ley y hemos cerrado una situación injusta sostenida durante demasiados años, que ojalá no se hubiera producido".

La devolución de estos documentos -escritos, fotos y objetos relativos al gobierno regional catalán y sus entidades dependientes- fue aprobada en setiembre pasado por el Congreso de los Diputados.

La devolución de estos archivos robados a la Generalitat pone fin, en principio, a la polémica que el 26 de abril de 1938 desataba un decreto firmado por el general Franco para obtener documentos que "suministren al Estado información referente a la actuación de sus enemigos".