Hace poco más de una semana hubo una reunión significativa y cargada de simbolismo. El gobernador Jorge Obeid recorrió los pocos metros que separan la Casa Gris del edificio de Tribunales, donde lo esperaban las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y los representantes de las Cámaras de Diputados y Senadores.

El encuentro tuvo un objetivo claro: dejar establecido públicamente que el 10 de mayo quedará rubricado el compromiso de materializar una reforma profunda de la Justicia santafesina, a través de un trabajo que cuenta con la participación de las facultades de Derecho y los colegios de Abogados. Desde el gobierno se informó que dicho plan procurará modernizar la normativa de los procesos judiciales, revisar las competencias, fueros y jurisdicciones.

Quienes vienen trabajando en esta reforma asumieron el compromiso de no dar a conocer detalles antes de tiempo, pues el tema es delicado y debe ser manejado con suma cautela para evitar cualquier roce que pueda hacer fracasar las negociaciones.

Pero, mientras en el plano de las decisiones políticas se trabaja en este sentido y se analizan cambios en la superestructura judicial, la realidad cotidiana continúa dejando al descubierto gravísimas falencias en una Justicia que pocas veces llega a satisfacer las expectativas de la ciudadanía.

La decisión oficial de avanzar con reformas generales, actualizar el Código Procesal Penal -que algunos consideran el más atrasado del país-, rever competencias, fueros y jurisdicciones, resulta alentadora. Sin embargo, en el día a día se plantean problemas tan concretos como, por ejemplo, la falta de jueces o fiscales.

Nada mejor que un ejemplo real para comprender la gravedad de la situación: entre el 29 de abril y el 1° de mayo, se produjeron en la ciudad de Santa Fe tres homicidios. De acuerdo con el sistema de turnos que rige en Tribunales, la investigación de estos casos recayó en el Juzgado de Instrucción N° 1. Sin embargo, hace meses que dicho juzgado está acéfalo, pues quien ocupaba el cargo fue ascendido a juez de Sentencia. Entonces, los casos terminaron en el Juzgado de Instrucción N° 8.

Pero el 1° de mayo, el magistrado de ese juzgado comenzó una licencia que se extenderá durante 16 días hábiles. Entonces, los empleados del Juzgado N° 1 deben recorrer los despachos de Tribunales, solicitando al resto de los jueces que rubriquen con su firma la decisión que resuelve cada caso. Los magistrados brindan su colaboración, pero sin conocer en profundidad los hechos investigados. Lo que puede parecer un hecho aislado es, en realidad, una situación común en la Justicia provincial.

La creación del Consejo de la Magistratura brindó transparencia al sistema de selección de jueces, pero resulta imprescindible que se trabaje con mayor celeridad si se pretende terminar con esta sensación generalizada de que la Justicia no llega o, si lo hace, casi siempre es demasiado tarde.

Mientras no aparezcan soluciones para estos problemas acuciantes, será realmente difícil que la ciudadanía en general perciba las mejoras que se buscan a través de este proceso de reforma que el gobierno impulsa.