Telefonía, aguas y documentos fueron los temas centrales de la entrevista al defensor del Pueblo de la Nación, que llegó a Santa Fe para la apertura del IX Congreso Argentino de Derecho del Consumidor que terminó ayer. El licenciado Eduardo Mondino habló de los problemas que afectan a los consumidores y usuarios de todo el país, sus disidencias y cercanías con el gobierno, y sobre la posibilidad de presentar un recurso de amparo en Santa Fe, por las demoras en la entrega de documentos de identidad.

A raíz de que la Justicia Federal santafesina le negara legitimación al defensor del Pueblo de la provincia, Carlos Bermúdez, que "presentó un amparo" por las demoras en la emisión de DNI a más de 50.000 santafesinos, "desde la Defensoría del Pueblo de la Nación estamos estudiando presentarnos en esa causa", informó su titular.

Según Mondino, el juez "no le ha dicho que no tiene razón, sino que no está legitimado" para presentarse en el expediente. Por lo tanto "estamos analizando hacer una presentación la semana próxima, en defensa de los intereses de todas aquellas personas que no reciban sus documentos en tiempo y forma".

Si bien el único reclamo en el país se hizo en esta provincia, "debo presuponer que en el interior todos deben tener este problema", dedujo el funcionario. "Lo que está reclamando Santa Fe es un trato equitativo, como tienen los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires", donde el DNI "se hace prácticamente en el día", mientras que en el interior las demoras son de entre 6 meses y 1 año.

Otro planteo que tramitan desde la dependencia nacional es por la entrega de subsidios a las empresas de colectivos, que hizo la Asociación de Defensa del Consumidor -Adelco.

"Hicimos un pedido de informe para saber cómo es el sistema de subsidio de la Nación para Santa Fe". Dado que se trata de un pedido reciente "todavía no tuvimos respuesta" acusó Mondino.

La información corresponde a un detallado informe de los subsidios, ya que "Adelco plantea que hay una discriminación entre los subsidios que reciben las empresas de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, con las del interior de país".

En los últimos días "participamos de audiencias en Tucumán y Mar del Plata, contra Telecom y Telefónica", anunció Mondino, que manifestó "una posición diferente a la que tiene el gobierno" en materia de telefonía.

"Nos parece que hay que ir rápidamente a un marco regulatorio más adecuado que el actual. Con este modelo vamos camino al duopolio", porque "las dos empresas que están van a permanecer y van a condicionar a cualquiera que ingrese, y a su vez condicionan todo el sistema de celulares".

Además, "hay un montón de localidades del interior que no pueden acceder a servicios básicos o Internet, porque las empresas no están obligadas a invertir". Por eso en las audiencias apoyaron la creación del fondo del servicio universal "con el cual se van a realizar las inversiones necesarias en las localidades más alejadas del país".

En esa tónica, recordó que "hace tres años dijimos que el contrato con Aguas Argentinas estaba agotado y había que buscar una vía de reemplazarlo". Cuando Suez decidió irse, "el gobierno canceló el contrato".

Desde la Defensoría "no pedíamos la rescisión del contrato", sino que el problema del servicio del agua "no se resuelve pasando de Aguas Argentinas a Aguas del Estado".

La alternativa sería dividir la empresa, que "tiene que tener más de un prestador", y no descartó la posibilidad de que se instalen empresas mixtas. En las condiciones actuales "puede mejorar un poco, y el gobierno puede hacer algunas inversiones más que el privado, pero va a tener los mismos problemas". En definitiva, "pedíamos un cambio en el modelo de prestación". No obstante, aclaró que "la situación en las provincias fue otra", si bien la política de la empresa era la misma.

Llamó a los Estados -provinciales o nacional- a "garantizar la prestación del servicio, y después analizar alternativas". Para ello recomendó tener en cuenta que "como todo servicio público, debe tener un buen marco regulatorio, una ley que lo contemple, y un ente de contralor absolutamente eficaz. Eso le da calidad a los servicios públicos".

A lo largo de sus más de seis años al frente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Mondino ha visto de qué manera los reclamos medioambientales se fueron incrementando de un tiempo a esta parte.

Uno de los desafíos que abordaron en esa materia es la limpieza del Riachuelo, considerado "el área de contaminación ambiental demográficamente más importante del país, porque conviven con ella 4 millones de personas, y observamos que se lo ignoraba".

A diferencia de su postura respecto del Riachuelo, Mondino prefirió no opinar acerca del conflicto desatado por la instalación de dos papeleras en la cuenca del río Uruguay, ya que "en materia de relaciones internacionales nuestra Constitución es muy clara, la única facultad en este caso la tiene el Poder Ejecutivo, y por lo tanto creo que hay que respetarlo".

Este año alcanzaron un objetivo importante para los jubilados y pensionados, que peleaban por los códigos de descuentos en mutuales y cooperativas. "Tanto en Santa Fe como en otras provincias", la Defensoría planteó que hubo una estafa. Claro que "no en todos los casos, porque hay miles de mutuales y cooperativas que trabajan por la gente".

Mondino contó que "se había armado una organización que se dedicaba a hacer descuentos indebidos o a engañar a los jubilados con préstamos, cobrándoles tasas del 130% o 140%, una usura".

Esto llevó a que "muchos de nuestros abuelos perdieran la vivienda porque lo que ocultaban estas mutuales era su condición de financieras disfrazadas".

Luego de un intensa lucha con la Anses, que duró alrededor de 2 años, "logramos que los jubilados puedan acceder a créditos, pero en el Banco Nación, con una tasa razonable, y sin poner en riesgo su patrimonio".

Eduardo Mondino nació en Córdoba, el 3 de mayo de 1958. Es periodista profesional, profesor Titular de la Cátedra de "Política Contemporánea", y desde 1993 desarrolla actividad académica y de investigación en el Colegio Universitario de Periodismo de Córdoba.

A partir de 1983 trabajó para distintos medios de comunicación social de su provincia, que debió abandonar cuando ingresó a la función pública.

Allí fue administrador de la Empresa Gas del Estado entre 1989-1991; secretario de Estado de Acción Social de la Nación en el período 1992-1993; y diputado nacional por la provincia de Córdoba entre 1995 y 1999.

Como diputado, impulsó la ley de creación del ente de contralor de los servicios públicos; y el 28 de diciembre de 1999 desembarcó en la Defensoría del Pueblo de la Nación, designado por unanimidad en ambas Cámaras Legislativas del Congreso.

Fue presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman -FIO- entre 2001 y 2003, y el 22 de diciembre de 2004 lo eligieron nuevamente Defensor del Pueblo.

Luego de dos arduas jornadas de conferencias y debates, a las que asistieron alrededor de 600 personas, terminó ayer el IX Congreso Argentino de Derecho del Consumidor, organizado por la Defensoría del Pueblo de la provincia y por el Instituto Argentino de Derecho del Consumidor, IADC.

El acto fue en el Paraninfo, con el cierre a cargo de Albor Cantard, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL; el Dr. Carlos Constenla, titular de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina -Adpra-, y el defensor anfitrión, Carlos Bermúdez. También acompañó a los oradores Gabriel Stiglitz, presidente del IADC, quien dio una conferencia previa acerca del Derecho del Consumidor y la Justicia.

En declaraciones a El Litoral, Bermúdez calificó como "muy positivo" al congreso, por "la cantidad de inscriptos que hubo, y la calidad de las exposiciones". Se refirió a "los deberes pendientes" y señaló que "para avanzar hay que facilitarles a los consumidores el acceso a la solución de los problemas que les ocasionan aquellos que no llevan una política de calidad en los productos que ofrecen".

Apuntó también a la educación como una "herramienta a utilizar para que todos los ciudadanos conozcan sus derechos", la cual debe ir acompañada por una rápida resolución de problemas y un fácil acceso a la Justicia para usuarios y consumidores.