La ministra de Economía, Felisa Miceli, se reunió con la delegación del FMI que realiza una auditoría de rutina para analizar el papel del organismo durante los últimos años, según precisaron fuentes del Palacio de Hacienda.
"Fue una reunión de carácter técnico que se realizó dentro de un diálogo constructivo que apunta a que se puedan crear los parámetros adecuados que permitan un proceso de aprendizaje y reflexión", señaló la fuente oficial.
Junto a Miceli estuvieron el secretario de Finanzas, Alfredo Mac Laughlin, el titular del Banco Central, Martín Redrado y el representante de la Argentina ante el FMI, Héctor Torres.
A partir de este diálogo, el FMI deberá realizar un informe sobre el rol que cumplió en el país durante la década del '90 cuando permitió que se aprobaran créditos por cifras más de tres veces superiores a las que el país estaba habilitado a tomar en el organismo.
La delegación del FMI llegó a la Argentina el lunes 29 de mayo y permanecerá hasta el próximo viernes cuando se prevé que finalice la recolección de datos para la elaboración del informe correspondiente al artículo IV de su estatuto.
Este punto obliga al staff técnico del país a realizar una evaluación anual sobre la marcha macroeconómica de todos sus países miembros.
Si bien la Argentina canceló su deuda con el organismo se mantuvo como miembro pleno y en consecuencia también debe someterse a este tipo de revisión.
Aunque el diálogo de hoy fue calificado como "constructivo", funcionarios del equipo económico señalaron que el gobierno aprovechará esta nueva visita del FMI para reclamarle "mayor honestidad intelectual" para analizar el caso argentino y un "reconocimiento a la recuperación" que se produjo en los últimos 5 años.
El resultado podría darse a conocer a fines de julio o principios de agosto, antes del receso estival en el Hemisferio norte, y no influiría en el destino de los créditos que la Argentina está gestionando ante el Banco Mundial y el BID.
De hecho, el Banco Mundial aprobó ayer el programa denominado CAS, que prevé una asistencia financiera para el país por 3.300 millones de dólares hasta 2009.
