La Argentina advirtió a la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, que el daño al Río Uruguay, en su ecosistema y población cercana, será "irreparable" si el tribunal no dicta una medida provisional en el conflicto que mantiene con Uruguay por la instalación de las pasteras de Botnia y Ence.

"El daño sobre el medio ambiente y sus habitantes será irreversible y es por eso que recurrimos a la Corte, para pedir una medida provisional que evite este riesgo", dijo Susana Ruiz Cerutti, la directora de Asuntos Legales de la Cancillería, quien encabeza el equipo argentino de abogados que hoy alegó, ante los 15 jueces que integran el tribunal internacional.

Argentina reiteró que considera que Uruguay viola el Estatuto del Río Uruguay firmado en 1975, que establece un mecanismo de información y consulta entre las partes.

Ruiz Cerutti confió en la celeridad de la Corte para tratar este pedido argentino, aunque aclaró que "no existen plazos".

"Habiendo escuchado a la presidenta de la Corte (Rosalyn Higgins) creo que el tribunal va a tratar de pronunciarse lo antes posible", dijo la ex canciller durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en declaraciones a la prensa al salir del recinto.

Por su parte, Romina Picolotti, integrante del equipo argentino que argumentó ante la Corte, destacó las características del ecosistema del Río Uruguay para ilustrar la magnitud del daño que ambas plantas ocasionarían en su funcionamiento.

"Los residuos que ambas plantas volcarán al río son considerados altamente tóxicos y afectarán a quienes consuman los peces de ese río", afirmó pudiendo provocar, según estudios de la Organización Mundial de la Salud, enfermedades neurológicas, reproductivas, endocrinológicas y metabólicas.

Picolotti mostró durante su presentación, en el recinto del Palacio de la Paz, imágenes de la playa Ñandubaysal, la más afectada de la ribera de Gualeguaychú, por estar frente a los emprendimientos de la ciudad uruguaya de Fray Bentos.

La ambientalista mostró además fotos de las dos marchas en el puente binacional San Martin, en 2005 y 2006.

Uruguay sostuvo que "no hay evidencia objetiva de daño irreparable" de las plantas de celulosa que se construyen en la localidad de Fray Bentos.

"El impacto fue enteramente contemplado. No hay evidencia de que habrá impacto sobre las aguas del río y del ecosistema, tampoco sobre la salud", dijo Alan Boyle, profesor de Derecho Internacional del equipo uruguayo, el segundo en exponer ante los jueces de La Haya.

"Uruguay tomó todas las medidas necesarias antes de autorizar las plantas para evitar el daño en el medio ambiente", insistió Boyle en su exposición, y afirmó que "nunca un tribunal suspendió la construcción de una planta, menos aún en este caso en que el daño es mínimo o poco significativo".

El gobierno del país hermano afirmó que una suspensión cautelar de las obras tendría efectos "catastróficos" para su economía.

El embajador uruguayo en Francia, Héctor Gros Espiell, que encabeza la delegación charrúa afirmó que "sería un acto de extrema gravedad", dejar en el aire inversiones de 1.800 millones de dólares.

"Afectaría de forma grave e injustificada, de manera catastrófica, al derecho de Uruguay de instalar industrias modernas y necesarias para su desarrollo", subrayó.

El embajador explicó que Uruguay "posee una larga tradición de respeto al derecho internacional", al tiempo que es "un ejemplo en materia de protección del medioambiente" y citó estudios que lo situaban en cabeza del ranking mundial junto con Finlandia y Noruega.

Suicidio

La Asamblea Gualeguaychú suspendió hoy la realización de una marcha en apoyo a la delegación argentina en La Haya ante la trágica noticia de que se suicidó una militante ecologista de esa ciudad: Alicia Simermann, esposa de Juan Ferrari, un destacado dirigente de la Federación Agraria, ambos de fuerte protagonismo en esa organización.

El gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, respaldó el trabajo de la delegación argentina ante la Corte de La Haya en torno de la disputa por las papeleras, pero advirtió que se trata de un tribunal "difícil", que podría tomar "una postura intermedia", sin volcarse en favor de una parte ni de otra.

El titular del Ejecutivo entrerriano señaló que los representantes por su provincia, que forman parte de delegación argentina, "creen que estamos haciendo jurisprudencia en este tema" en el tribunal internacional, porque "nunca Argentina concurrió a la Corte de La Haya".

El mandatario manifestó su confianza en el trabajo que realizará esa delegación porque "están muy preparados jurídica y técnicamente" y, entre otras cosas, exhibirán a los jueces un video para "mostrar el río (Uruguay), lo que era antes y lo que es ahora, con la construcción y los daños irreparables que traerían" las dos fábricas.

"Un tribunal de estas características, con gente de todo el mundo, puede tomar una decisión intermedia, no solamente la paralización de las obras", como pide Argentina.

"Habrá que tener paciencia y esperar, hay distintas versiones con respecto a cuándo puede ser el fallo" en torno del pedido de suspensión de las obras, señaló, pero advirtió que, tras esto, "la discusión de la cuestión de fondo sigue adelante" y una sentencia definitiva podría demorar varios años.