El presidente de la Cámara de Diputados y de las bancadas del cuerpo se reunieron ayer con el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa. El tema convocante fue el tráfico y la comercialización de drogas en la provincia, pero los legisladores, que eran los que habían reclamado la presencia del funcionario en la Cámara, terminaron siendo los invitados. Porque el ministro quiso que la conversación tuviera lugar en su despacho y sin la presencia de la prensa. Ésa fue la primera objeción que formularon algunos diputados. "La pregunta que nos hacemos es por qué no concurrió a la Cámara y nos recibió con toda una puesta en escena mediante un power point", dijo Antonio Bonfatti (PS).

El disparador de la discusión fueron nuevamente las declaraciones de la jueza federal rosarina Laura Cosidoy, quien identificó públicamente tres bares de la ciudad de Rosario en los que se comercializan estupefacientes. En ese mismo contexto, la magistrada volvió a atribuir parte del problema a la inacción, corrupción y complicidad de las fuerzas policiales provinciales. Ayer, mientras el ministro junto a la jefa de Policía, Leyla Perazzo, y otros funcionarios de su gabinete exponían sus fundamentos a los diputados, casi en simultáneo, Cosidoy disertaba sobre el tema y ratificaba sus dichos en una charla organizada por una ONG de la ciudad (ver aparte).

El primer argumento que había esgrimido el ministro de Gobierno y hasta el propio gobernador cuando Cosidoy renovó sus críticas fue que la provincia tenía limitado su accionar porque la persecución de los delitos con estupefacientes es competencia estrictamente federal. Ayer, al término del encuentro y en diálogo con la prensa, el ministro insistió en subrayar que la provincia "está pagando las costas por un proceso que no controlamos, que está en manos de la Justicia federal". Sin embargo, esta vez dijo que es su intención "dejar de tener este argumento de que no podemos hacer nada" por una cuestión de competencia. "Hay que asumirlo", reconoció. En ese marco, sostuvo que en lo personal está de acuerdo con adherir a la ley nacional N° 26.052, que permite provincializar la persecución de delitos menores como el microtráfico, más allá de las opiniones adversas.

"Venimos estudiando el tema desde hace tiempo -dijo el ministro-. Hay opiniones en contra de los juzgados federales, de diputados de la Región Centro; hay cuestionamientos desde el punto de vista de la legitimidad constitucional de magistrados locales, pero, fundamentalmente, el argumento de los jueces es que, si esa avalancha de causas se tira sobre la Justicia provincial, ésta puede colapsar". Cabe recordar que, como publicara El Litoral oportunamente, ése fue uno de los argumentos por el que las Cortes de las tres provincias de la Región Centro manifestaron en agosto del año pasado la "inconveniencia" de adherir a dicha ley.

Rosúa aclaró que lo expuesto es una opinión suya, no del gobierno. Igualmente, adelantó que, a su criterio, el problema podría resolverse creando en la provincia un fuero especial para estas pequeñas causas con jueces, fiscales y defensores oficiales: 3 juzgados en Rosario, dos en Santa Fe, uno en Reconquista, otro en Rafaela, Venado Tuerto y Villa Constitución.

"Con estos nueve juzgados -sostuvo- estaríamos en condiciones de atender todas las demandas".

No obstante, pese a los compromisos públicos y a las casi tres horas de exposición, los diputados se fueron con pocas certezas. A propósito de las competencias, Bonfatti insistió en que la provincia "no tiene actualmente ninguna limitación para intervenir, en tanto y en cuanto cumpla los requisitos que marca el Código Procesal Nacional, que le permite actuar en lugares públicos, hacer requisas, filmaciones, seguimientos e investigaciones, como además, dicen ellos que lo hacen".

Con respecto a las denuncias sobre complicidad policial, el socialista opinó que las explicaciones de anoche refutaron sus propios argumentos.

"Todas las aseveraciones que habían hecho tanto Peters como Rosúa hoy quedaron totalmente refutadas, porque dijeron que el 85 % de los operativos los hace la policía de la provincia y porque nos enteramos de que hay 10 policías al menos que están en distintos grados de sumarios por hechos de corrupción".

Alicia Gutiérrez, del ARI, también manifestó su incertidumbre.

"Yo sigo teniendo dudas, sobre todo con respecto a la necesidad o no de que a la tarea de prevención la realice una fuerza como la policía. Me quedan muchísimas dudas porque creo que no es la que tiene la capacitación necesaria para hacer el trabajo interdisciplinario que se necesita. Me refiero al aspecto preventivo y a las vinculaciones con los ministerios de Salud y Educación, para actuar en forma sistemática, no esporádica. La policía -recordó- tiene una formación casi militar, que tal vez no sea conveniente".

El ministro reconoció que es real la percepción popular en cuanto a que los resultados de los operativos oficiales no se condicen con la magnitud de ese tráfico. "Si alguien supusiera lo contrario, estaría viviendo en una falacia. Nuestra provincia sufre tanto el ataque del narcotráfico como la violencia del tráfico de estupefacientes, sin ninguna duda". Y admitió que la batalla contra la droga se encuentra en "una etapa crítica". Minutos más tarde, Cosidoy sentenciaba: "La batalla ya está perdida".

Con respecto a las denuncias sobre eventual complicidad y corrupción policial en hechos vinculados con la represión del narcotráfico, el ministro aseguró que es una política indeclinable del gobierno el combate a cualquier forma de esta clase de ilícito.

Durante la reunión, Rosúa admitió que hay "cinco casos" que están siendo investigados y puntualizó que todas esas denuncias se originaron en el Tribunal Oral N° 1 de Rosario.

"Reservamos los nombres porque es gente que está sometida a investigación, pero no condenada ni sancionada. En todos los casos, hubo uno o dos agentes involucrados en diversos delitos, tales como violación de los deberes de funcionario, extorsión o falso testimonio", dijo.

"Nosotros -prosiguió- estamos tramitando todos los casos de irregularidad policial y llevándolos adelante en función de oficios librados por el Tribunal Oral Colegiado N° 1, cuyos integrantes ustedes conocen, algunos de los cuales ha señalado estas denuncias de complicidad. De manera que una cosa es denunciar la existencia de complicidad así, a nivel general, casi diría yo en términos de campaña electoral, y otra cosa es hacer seriamente denuncias como las que ha hecho el Tribunal, que en todos los casos han sido tramitados, investigadas, judicializadas, y el personal policial, sumariado. Son cinco casos desde el 2004 hasta ahora. Hay algunos más no originados en el Tribunal Oral, sino en investigaciones propias de la Dirección de Asuntos Internos".