De la Redacción de El Litoral
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación imputó al juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, el eventual mal desempeño en sus funciones, en virtud del dictado de medidas cautelares por las cuales una serie de tenedores de títulos públicos -adquiridos por debajo de su valor de mercado- consiguieron cobrarlos según su monto nominal y al margen del marco regulatorio dictado por el gobierno.
Por ese motivo se citó a Rodríguez para que brinde sus explicaciones el 27 de este mes, a las 11 de la mañana.
El planteo surge a raíz de una presentación que realizaran funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación. Luego de analizar los hechos enunciados, los consejeros sostuvieron que la actitud de Rodríguez podría configurar cargos tales como "desconocimiento del derecho, negligencia grave o adopción de criterios arbitrarios".
Cuando el Ministerio de Economía llevó el caso ante el Consejo de la Magistratura, planteó ocho casos de tenedores de títulos que accionaron contra el Estado Nacional. Los funcionarios de Economía se quejaron por el sistemático rechazo por parte del juez a las argumentaciones de los abogados estatales, tendientes a "demostrar el enriquecimiento sin causa de los accionantes, que deriva de adquirir bonos con posterioridad al 31/1/01, debajo del valor de mercado, para luego obtener el dictado de medidas precautorias que posibilitan su recupero a valor del dólar en el mercado libre de cambios".
Lectura oficial
El subsecretario legal del Ministerio de Economía, Osvaldo Sieles, sostuvo que "existió fraude procesal en contra del Estado Nacional, por cuanto personas ancianas o discapacitadas compraban bonos en default, muy por debajo de su valor nominal, e intentaban cobrarlos a este valor con fundamento en las excepciones previstas".
Por eso criticó "el otorgamiento de las medidas cautelares y las sentencias dictadas -por Rodríguez-".
Ante la Comisión de Acusación, el magistrado federal insistió en que nunca se apartó "de la normativa ritual y sustancial vigente en los amparos tramitados" ante su juzgado. En este sentido, señaló que "las medidas cautelares fueron despachadas por considerar que estaban reunidos los requisitos para su procedencia, es decir, la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora".
