Desde hace varios meses, grupos universitarios, organizaciones sociales y de derechos humanos, ponen a la discusión un conjunto de ideas tendientes a abrir un amplio debate en la sociedad con el objetivo de consensuar un proyecto común que sirva para fijar políticas de Estado en materia de seguridad. El documento fue expuesto en nuestra ciudad por Enrique Font y Máximo Sozzo, criminólogos de las universidades nacionales de Rosario y del Litoral, respectivamente, invitados por el ARI santafesino. Gustavo Palmieri, del Centro de Estudios Legales y Sociales, el tercer panelista anunciado no llegó por problemas personales.

"Más derechos, más seguridad" es el título del documento tendiente a definir políticas públicas y de seguridad para una sociedad democrática, como lo define Font en diálogo con El Litoral.

Los firmantes del documento empezaron a reunirse en el 2003 preocupados "por la falta de complejidad en los análisis políticos de la cuestión de la seguridad. Esa simplicidad en el análisis lleva a políticas públicas deficientes o contraproducentes", comenta Font. También preocupó que se entienda que "los derechos aparecen como opuestos a la seguridad o que los derechos son un obstáculo a la seguridad. Hay una falsa dicotomía entre garantistas y no garantistas que sólo puede ser resultado de un pensar mal la seguridad desde ambos lados del planteo".

El documento sostiene que es necesario pensar políticas y vincularlos a la profundización de los derechos como única forma de lograr niveles razonables de seguridad.

Los firmantes cuestionan tres planteos sobre la materia que terminan agravando el problema y proponen cuatro ejes de análisis como punto de partida.

La demagogia punitiva, el Estado de derecho sin derechos y la seguridad por añadidura son los planteos cuestionados. El primero ejemplificado con la política de Ruckauf en provincia de Buenos Aires de mano dura que terminó duplicando el delito; el segundo pensando el delito sin tener en cuenta las causas sociales, culturales y económicas y con cierto control de la policía y el tercero que termina ubicando, sin querer, a la delincuencia al lado de la pobreza sin tener en cuanta los graves delitos económicos, y esperando que la mejora de las condiciones sociales traiga mecánicamente un alivio en la seguridad. Los tres planteos son cuestionados en el documento que luego avanza en cuatro líneas básicas para un enfoque inclusivo de la seguridad.

Esos ejes pasan por reconstruir los lazos de ciudadanía articulando políticas de seguridad con políticas públicas; controlar la violencia, especialmente la originada por el propio Estado; modificar las prioridades del Poder Judicial y del ministerio público haciendo inteligencia sobre el delito y no ubicando únicamente al ladrón de gallinas y, por último, coordinando el diseño de políticas públicas.

Font se detiene a explicar los ejes y recomienda trabajar en la reconstrucción de los lazos de ciudadanía tan dañados por las transformaciones de los años 90, pero también hace hincapié en la necesidad de controlar la violencia especialmente cuando es promovida e intensificada desde el propio Estado por la policía y ejemplifica en lo que ocurre en los estadios de fútbol y en el alto grado de participación que tiene la fuerza en los homicidios violentos. "Cualquier política de seguridad que no reconozca la violencia del Estado va a fracasar", asegura.

Además remarca que no se puede entender el aumento del delito sin superponer planos de análisis. Afirma que la pobreza y la inequidad de por sí solas no generan violencia y ejemplifica con sociedades con marcados contrastes y bajo nivel de violencia como la India. "En la Argentina se explica la crisis por una transformación muy rápida junto una degradación institucional donde buena parte de nuestras instituciones estatales -policía, principales partidos políticos y el Poder Judicial- son gerentes de actividades delictivas de cualquier economía informal que produzca dinero. No hay una sola economía delictiva donde no haya participación, gestión o aprovechamiento de la policía" sostiene. En este punto se detiene para indicar que es difícil pensar que el patrullaje policial va a resolver los hurtos de cable de alumbrado público o de autos. "Lo que puede hacer el sistema penal eficiente es pensar en la participación viable de la economía que sostiene a la actividad delictiva. Es muy fácil hacer inteligencia en una ciudad para saber quién compra cables robados, quién los reduce y a quién se los vende; los desarmaderos tienen un recorrido fácil. La policía cuando hace un trabajo serio depende de la información y esta fluye del público a la policía cuando se ve que hay legitimidad en lo que se hace. El problema nuestro es que muchas veces la fuerza de seguridad usa esa información para juntar dinero". Por eso la insistencia en la decisión de que el Poder Judicial cambie el foco y trabaje sobre las causas serias y complejas de las economías delictivas.

Font reconoce que tanto la UNR como la UNL tienen que bajar los puntos del documento a la realidad santafesina, si bien admite que no varía respecto de la situación nacional y es muy crítico de los sistemas de seguridad y judicial provincial.

"El justicialismo lleva 23 años gobernando la provincia y han hecho muy poco para mejorar en materia de seguridad", señala, y se detiene para rescatar algunos intentos de ambas gestiones de Roberto Rosúa.

Cuestiona que la provincia no tenga producción de información con respecto a la realidad del delito. "En Santa Fe no sabemos si el delito aumenta o sube, cuántas denuncias hay. En 23 años han sido incapaces de producir la información básica para gestionar la seguridad y la policía. Es imposible una reforma policial, si no se sabe qué pasa con el campo formal de la policía".

Resalta que recién ahora se hacen tareas para georreferenciar el delito y cuestiona que no haya encuestas de victimización que permitan transparentar datos y que sí realiza el Ministerio de Justicia de la Nación.

Entre los aspectos que resalta de la gestión Rosúa está la autonomía de Asuntos Internos y la reforma policial, aunque destaca que salió de la Legislatura con el voto de la oposición, ya que al oficialismo no le interesó el tema.

No obstante, cuestiona la falta de políticas penitenciarias que lleva a que las comisarías estén desbordadas de presos hacinados, menores en conflicto con la ley detenidos con mayores. Asimismo, subraya que "tenemos el sistema procesal penal más antiguo del país" y cuestiona, además, el sistema de designación de jueces, de control y de remoción de magistrados.