Faltaban apenas 12 minutos para las 11 de esta mañana, cuando una ambulancia del Ejército Argentino se detuvo frente a la puerta de la sede de la Justicia Federal, ubicada en 9 de Julio y Monseñor Zazpe. Pocos segundos después, la puerta del vehículo se abrió y apareció la figura de Juan Orlando Rolón, el coronel retirado que durante la pasada dictadura militar fue el "hombre fuerte" del sector conocido como Area 212, que abarcaba a Santa Fe y su zona de influencia.

Acompañado por su esposa, su hijo y una enfermera, Rolón fue recibido con gritos e insultos por parte de un pequeño grupo de militantes de derechos humanos y personas vinculadas directamente en esta causa judicial que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar en la región. Entre los presentes se destacaban Alba Sánchez y Daniel García, dos de los querellantes cuyos relatos ante el juez habrían contribuido a complicar la situación del militar.

Rolón se mantuvo impávido mientras era ayudado a sentarse en una silla de ruedas. Los gritos de "asesino, asesino" retumbaban en la puerta de ingreso del edificio, hasta que desde adentro se escuchó una voz masculina -aparentemente de un familiar del militar retirado- que contestó: "Asesinos son ustedes".

Al cierre de esta edición, se supo que el militar retirado se negó a declarar y el juez Reinaldo Rodríguez dictó la orden de prisión domiciliaria.

Rolón fue llevado ante el magistrado en el marco de la Causa 311, también conocida como "Causa Brusa". De todos modos, existen otras causas conexas como, por ejemplo, la que investiga lo ocurrido con María Carolina Guallane, la chica que siendo bebé fue arrancada de sus padres hasta que hace pocos años logró conocer su verdadera identidad. Sus padres biológicos, Enrique Cortaza y Blanca Zapata, murieron en manos del Ejército durante aquellos años de plomo.

Hasta ahora, la indagatoria de Rolón no había podido realizarse porque el militar se encontraba internado en la ciudad de Buenos Aires. Sus problemas de salud hicieron que debiera ser trasladado a Santa Fe en un avión sanitario, que llegó con demora a Sauce Viejo por inconvenientes meteorológicos producidos durante la mañana en gran parte del centro del país.

Otro de los querellantes que se acercó al Juzgado Federal fue el abogado Jorge Pedraza: "Este es un día histórico, porque hasta ahora Rolón se las ingenió para eludir a la Justicia. Es una historia de gran impunidad. No recuerdo ningún dirigente político importante que hubiera pedido la citación de Rolón. Acá hay una red de impunidad que ha sido tejida en los últimos 30 años".

La causa tiene hasta ahora ocho procesados: Víctor Brusa, Domingo Marcellini, Nicolás Correa, María Eva Aebi, Mario Facino, Juan Perizotti, Eduardo Ramos y Héctor Colombini. En pocos días, se sabrá si Rolón se incorpora a la lista.

El futuro del juez federal Reinaldo Rodríguez en esta causa es, al menos, incierto.

Rodríguez comenzó a investigar lo ocurrido durante la dictadura en 2002 y, durante estos años, llegó a procesar a ocho personas por distintos delitos de lesa humanidad.

Pero en mayo de este año, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario resolvió que este magistrado debía apartarse de la causa, atendiendo a una recusación planteada por el abogado de uno de los procesados. Según este profesional, Rodríguez adelantó opinión al procesar a su cliente por el delito de asociación ilícita. La Cámara estuvo de acuerdo con este planteo.

Fue entonces cuando debió sortearse a un conjuez -para reemplazar al juez en las investigaciones- entre una lista de aproximadamente diez abogados locales. El primero en resultar sorteado fue el Dr. Ricardo Prono, quien no aceptó hacerse cargo del caso. El segundo sorteado fue el abogado Carlos Lassaga Iturraspe, quien también terminó apartándose, luego de ser recusado, porque en 1987 firmó una solicitada a favor de Jorge Rafael Videla.

Mientras todo esto sucedía en Santa Fe, el fiscal general de Rosario, Claudio Palacín, apeló el apartamiento de Rodríguez, que había sido dispuesto por la Cámara Federal de aquella ciudad.

Esta Cámara resolvió aceptar la apelación de Palacín, por lo que Rodríguez volvió a hacerse cargo de la causa, mientras la situación de fondo sea resuelta por la Cámara Federal de Casación de Capital Federal.

Pero además, el futuro de Rodríguez también resulta incierto por la imputación por "presunto mal desempeño en sus funciones" que realizara en su contra la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación. Si los consejeros consideraran que existen motivos suficientes para juzgar a Rodríguez, pues entonces podría ser suspendido en sus funciones. Y si esto ocurriera, la causa vinculada con la dictadura militar debería pasar a otras manos.

Por escrito

El juez federal N° 1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, presentó ayer un escrito ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, por el cual efectuó su descargo ante la imputación por eventual mal desempeño en sus funciones al haber dictado medidas cautelares por las cuales una serie de tenedores de títulos públicos -adquiridos por debajo de su valor de mercado- consiguieron cobrarlos según su monto nominal y al margen del marco regulatorio dictado por el gobierno. La semana que viene, se conocerá la respuesta de la Comisión.