El fallo de la Corte Suprema de Justicia, que solicita la sanción de una ley que contemple la movilidad de haberes jubilatorios, tal como lo establece la Constitución Nacional, no será retroactivo sino que empezará a correr a partir de la fecha del fallo de la Corte Suprema de Justicia.
De esta manera se compatibiliza el aumento de todas las jubilaciones con el criterio expuesto por la Corte de atender las cuestas públicas a la hora de fijar los aumentos.
Según consignó en su última edición la consultora Ecolatina, "genera presión sobre las cuentas públicas" ya que calcula que "si el gobierno intentara recompensar a los jubilados y pensionados por la pérdida en el poder de compra de sus ingresos entre 2002 y finales de 2006, debería incurrir un costo fiscal de 22.500 millones de pesos".
"Esta cifra es equivalente al superávit primario proyectado para este año", expresó Ecolatina.
Asimismo, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) manifestó que "el impacto fiscal de comenzar a respetar la Constitución, después de no haberlo hecho durante mucho tiempo, es de magnitudes muy importantes".
Para Idesa, "desde el punto de vista institucional, es la modalidad correcta y marca un contraste con fallos anteriores donde la Corte se autoasignó facultades del Congreso definiendo metodologías de cálculo, como en los fallos sobre indemnización por despido o en las reparaciones del sistema de riesgos del trabajo".
Días atrás, Osvaldo Giordano, director del Instituto, estimó -en diálogo con DyN- que la suma que se le debe a los jubilados por movilidades no pagadas en 10 mil millones de pesos, y calculó además en otros 5 mil millones anuales el importe que podría costar la actualización, tras la resolución de la Corte.
Deuda acumulada
El informe difundido por Ecolatina explicó que "para evitar que la deuda continúe acumulándose, el gobierno debería contemplar una partida adicional en el Presupuesto Nacional 2007 del orden de los 4.000 millones de pesos, que equivalen a medio punto del Producto Bruto Interno".
El estudio aclaró que "plantear la posibilidad de un ajuste retroactivo de los haberes con respecto a la inflación, supone una hipótesis de máxima".
Se indicó además que desde la crisis, solamente los ingresos del sector privado formal de la economía aumentaron a un ritmo superior al nivel general de precios, y son muchos los sectores que aún cuentan con un poder de compra inferior al de 2002 (por caso los trabajadores informales y los empleados del sector público).
"Si, en cambio -indicó el informe-, la recomposición de ingresos se realizara de acuerdo con el índice general de salarios (CVS), la exigencia fiscal para saldar la deuda acumulada desde 2002 sería cercana a 9.500 millones de pesos".
