El abogado de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, admitió que los trabajadores tienen derecho a recurrir a la Justicia en caso de no estar de acuerdo con la indemnización por accidente, pero aclaró que de ser así no debería cobrar el seguro de la ART.

"Tal como la Corte Suprema ha dicho, no se le puede privar al trabajador del derecho de ir a la acción civil. Pero si lo hace, no cobra el seguro. Tiene que ir a la Justicia Civil y con tope de honorarios", afirmó Funes de Rioja en declaraciones a radio El Mundo.

Así Funes de Rioja insistió en la tradicional postura del sector empresario en defender la Ley de Riesgos del Trabajo tal cual fue sancionada por el Congreso en la década pasada, que le cerraba el camino judicial a los trabajadores frente a los reclamos por accidentes laborales.

Esta semana se prevé que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, termine de definir el proyecto de reforma a la ley, medida que tuvo que adoptar debido a un fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la privación del derecho de litigar.

Funes de Rioja también consideró que el trabajador no tiene que tener derecho a percibir una indemnización igual a la normal en caso de tener un accidente camino a su trabajo.

"Por qué si un trabajador tiene un accidente camino al trabajo la empresa va a pagar indemnizaciones de los mismos montos que si hubiera ocurrido dentro de la fábrica? ¿Qué pudo hacer el empresario para evitarlo?", señaló.

El abogado de la UIA, no obstante, admitió el derecho de los trabajadores a integrar comités de seguridad mixtos para prevenir accidentes o enfermedades laborales, aunque consideró que tales instancias no deben ser impuestas por ley, sino que se tienen que negociar en paritarias.

"Somos partidarios de la participación de los trabajadores en la prevención en los comités mixtos, pero que sea materia de negociación colectiva y no impuesto por ley", dijo Funes de Rioja.

En tal sentido, rechazó la posibilidad de que tales comités tengan potestad para vetar medidas de política productiva que adopten las empresas. "No creemos en la co-gestión, sino en la participación responsable cuando las partes, a través del diálogo social y de negociación colectiva así lo establezcan", sostuvo Funes de Rioja.

Por otro lado, fustigó los proyectos de reforma a las leyes laborales que introdujo al debate el diputado y abogado de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Recalde.

"Estoy absolutamente de acuerdo en que las denominadas `leyes Recalde' atentan contra el empleo en blanco", sintetizó. Uno de los proyectos establece que no se puede despedir sin justa causa con lo cual el tema no se resuelve con el pago de una indemnización "sino que (el trabajador) se tiene que quedar hasta la jubilación y si no, le tienen que pagar los sueldos hasta la jubilación".

"Una pequeña empresa, cuya vida promedio es entre dos y cinco años, si contrata gente tiene el riesgo de tener juicios laborales hasta la jubilación. En vez de contratar se va a ver más inclinada a comprar máquinas de alta tecnología".

"Nosotros decimos que hay que resolver la mochila fiscal, promover la simplificación empresaria, y combatir el empleo en negro. Las tres cosas juntas. Solamente decir que vamos a atacar el trabajo en negro sin resolver los otros problemas es inviable".

El presidente

de la asociación de fábricas de automóviles de Brasil, Rogelio Golfarb, vaticinó que en dos años se equilibrará el comercio de vehículos con Argentina gracias a las "fuertes inversiones" de la industria argentina. El plan de inversiones de 500 millones de dólares -con el que se pretende elevar la producción local a 500.000 unidades en 2009- se puso en marcha a comienzos de mes, después de que el 1° de julio pasado entrara en vigor un nuevo acuerdo para el comercio compensado de automóviles entre ambos países.

La Afip detectó presuntos fraudes mediante aumento de quebrantos injustificados para evitar el pago del Impuesto a las Ganancias, que en el primer semestre sumaron 420 millones de pesos.

Según destacan hoy medios nacionales, las maniobras más comunes fueron irregularidades por diferencias cambiarias y amortizaciones.

Fuentes de la Afip dijeron que, del total de casos que generaron ajustes impositivos a grandes empresas, sólo seis sumaron 230 millones de pesos.

La fiscalización que más llamó la atención fue la efectuada en la filial local de una multinacional fabricante de bebidas sin alcohol que, sobre la base del convenio que evita la doble imposición tributaria en Austria, había imputado incorrectamente casi 70 millones de pesos en quebrantos.

El tratado para evitar la doble imposición fue firmado por la Argentina con 19 países, entre ellos, Austria, pero el acuerdo generó polémica luego de la crisis, ya que algunas empresas compraban títulos de ese país para eludir el pago de Ganancias sobre sus intereses.

La Afip sostuvo que se había abusado de esa medida por la diferencia cambiaria entre el momento en que los bonos se compraron y cuando se vendieron.

Por ello, dijo una fuente del organismo fiscal, después de consultar a la Dirección Nacional de Impuestos del Ministerio de Economía, se determinó que esta utilidad no estaba alcanzada por el beneficio y se debían pagar 68 millones de pesos.

También se exigió a una petrolera el pago de 46 millones de pesos por haber amortizado incorrectamente el pago de sus inmuebles.

Por otro lado, una financiera había estimado que no debía pagar ganancias por tenencias de euros y dólares, pero la Afip consideró que había una base imponible y exigió el pago de 47 millones de pesos.